La Defensoría del Pueblo, ATAJO y el CEJIP denuncian que los vecinos de la Manzana 32 de Ciudad Oculta consumen diariamente agua contaminada. AySA se lava las manos y el Gobierno de la Ciudad hace agua por todos lados. La única respuesta oficial: agua embolsada en sachets.

La urbanización de las distintas villas de la Ciudad de Buenos Aires no ha estado exenta de conflicto. Si bien representa un importante avance en términos de infraestructura y conectividad para la mayoría de los barrios, las construcciones inconsultas y la falta de participación de los vecinos han generado profundas controversias que tienen su máxima expresión en el proyecto de urbanización de la Villa 31. Pero al mismo tiempo, en las barriadas populares de la Capital, los problemas cotidianos abundan. Esta vez, un grupo de vecinos de la Manzana 32 de la Ciudad Oculta de Mataderos denunció que desde hace largo tiempo consumen agua contaminada con desechos cloacales.

“No hay un abordaje integral para una integración sociourbana y se toman decisiones poco consensuadas”, explica Leonel Bazán, abogado del Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP). Bazán describe que las relocalizaciones parecen más desalojos forzados y violentos que reubicaciones familiares. CEJIP es una de las instituciones que impulsa la denuncia contra el Gobierno de la Ciudad y AySA por la contaminación del agua en la Ciudad Oculta. Comenta que la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires relevó la zona, hizo encuestas y pudo constatar que el agua al que acceden los vecinos no es apta para consumo humano. “Sucede que, frente a la omisión histórica del Gobierno de la Ciudad, las familias desarrollan conexiones comunitarias que no alcanzan los estándares mínimos. El principal factor de riesgo es que existe una confluencia entre líquidos cloacales y agua para consumo”, explica Bazán.

Una vez efectuada la denuncia, la primer respuesta de AYSA fue desentenderse del problema. Alegaron que, a pesar de la normativa que los obliga a brindar el servicio, el GCBA tiene que avanzar en la construcción de la infraestructura mínima para realizar el tendido. “Más allá del convenio de factibilidad que hace el Gobierno para que AySA preste el servicio, hay atribuciones concretas que tiene la empresa, sobre todo en situaciones de emergencia, y que la obligan a proveer un servicio temporario. Hasta hoy, sólo entrega sachets de agua”, añade Bazán.

La situación de la Oculta no es sencilla. El Gobierno de la Ciudad decidió mudar las oficinas de una de las sedes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y emplazarlo en el predio donde se levantaba el Elefante Blanco. Ello implicó la demolición del histórico edificio y la relocalización de muchas de las familias que vivían al interior y en las paredes linderas del fallido “hospital”. Las familias de la manzana 27 fueron desalojadas de manera irregular, sin respeto por el debido proceso ni los derechos sociales de muchas de éstas. A cambio, les ofrecieron un subsidio insuficiente y la propuesta de alternativas habitacionales.

Denuncian irregularidades en la demolición del Elefante Blanco

Mientras tanto, el Gobierno también se desentiende de la cuestión. La Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), institución responsable de asistir en situaciones de emergencia social y la responsable de proveer a agua a través de camiones cisterna, no responde a las demandas de los vecinos y, mientras tanto, la amenaza sanitaria continúa para las familias de uno de los barrios más postergados de la Ciudad de Buenos Aires.