Un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó un amparo colectivo y dejó vigente el protocolo sobre abortos no punibles de la Ciudad redactado en 2012 y considerado aún más regresivo que la ley vigente.

Con tres votos a favor y uno en contra, los jueces del Tribunal Superior de Justicia Luis Francisco Lozano, José Osvaldo Casas y Ana María Conde decidieron el jueves pasado que el protocolo para los abortos no punibles en la Ciudad, considerado aún más restrictivo que el actual código penal, vuelva a entrar en vigencia. En un fallo “técnico y formalista”, según lo caracterizaron el CELS y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, el pedido de amparo  impulsado por un grupo de mujeres no presentaba ningún caso real como ejemplo, por lo cual los recursos de inconstitucionalidad habían estado mal concedidos ya en primera instancia. Quienes defienden los derechos de los cuerpos gestantes deberán tomar otras medidas o recurrir a la instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Nelly “Pila” Minyersky es abogada especialista en derechos humanos, miembro de la “Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” y directora de la “Maestría Interdisciplinaria de Especialización de Posgrado en Problemáticas Infanto-Juveniles” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nelly dice que el fallo es una vergüenza. “La excusa es que no se presentó una mujer que estuviera necesitando abortar, como si no supiéramos que no se puede llevar a una mujer en estos casos. Para eso están los ‘derechos de incidencia colectiva’ que aparecen en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así como el fallo F.A.L se pronunció aunque en ese momento no hubiera objeto -porque ya el aborto se había hecho-, se puede legislar tomando en cuenta las características de una situación que afecta a todo un colectivo”, aclara.

La abogada advierte la presión que se ejerce sobre los jueces: “Hay una bajada de la dignidad con un discurso del miedo. Los jueces se excusan en las formalidades diciendo que esto no significa estar en contra del aborto. Mientras tanto, a los que opinan algo distinto se los persiguen y se les hace juicio político porque tienen la mayoría total en el Consejo de la Magistratura”.

El protocolo en cuestión fue escrito en 2012 cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno porteño y Jorge Lemus, su Ministro de Salud. Es uno de los más restrictivos del país y plantea la necesidad del aval de la dirección del hospital donde se realizaría la intervención y de la autorización de los representantes legales si se tratase de una menor de edad, lo cual entorpecía el procedimiento en caso de violaciones intrafamiliares. El protocolo también marcaba 12 semanas como el límite gestacional en caso de aborto por violación e incluso que se demuestre ante un equipo interdisciplinario que el peligro para la salud de la persona gestante que deseaba realizar la intervención era“grave”. En ese mismo momento, Mauricio Macri vetó la ley 4318 sancionada por la Legislatura para regular abortos no punibles.

Legisladores y organizaciones sociales presentaron un recurso de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad, pidiendo que se declarara la inconstitucionalidad tanto del protocolo escrito por Lemus como del veto de Mauricio Macri. En el 2013 el Poder Judicial declaró la inconstitucionalidad como medida cautelar y el protocolo no fue aplicado. Sin embargo, en segunda instancia la Cámara de Apelaciones revocó la decisión de amparo alegando que no era la vía procesal adecuada y el caso pasó a la Corte porteña.

“Los protocolos surgieron como marco de contención para facilitar a los profesionales de la salud que apliquen el Artículo 86 de aborto no punible. Se nos ocurrió que si se dictaba un protocolo los médicos se iban a sentir más confiados, cosa que fue en cierto modo un error. Algunas provincias como Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprovecharon para emitir protocolos restrictivos. También lo hizo Salta, pero este año por la presión social debió dar marcha atrás el gobernador Urtubey. No sucedió lo mismo a nivel nacional, ya que en la época que Ginés González García era Ministro de Salud de la Nación sacó lo que conocemos como ILE (Interrupción Legal del Embarazo)”, explica Minyerky.

Durante el tiempo que estuvo en revisión el protocolo escrito por Jorge Lemus -entre 2012 y 2018-  rigió en la Capital Federal el antecedente del fallo F.A.L, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerir autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito.

Nelly no cree que esta oleada antiderechos -que busca replegar a la sociedad civil que se levantó por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito- sea un fenómeno novedoso: “Esto siempre estuvo. Hoy me decían que en el partido de Benavidez hay 33 iglesias evangélicas, tienen mucho dinero y un doble discurso muy penoso. Cuando yo hablé en el Senado mencioné que el Ministro de Salud de Misiones había dicho que hubo 200 embarazos de niñas en un año y miles de embarazos de adolescentes y no lo tuvieron en cuenta.”

La abogada explica que hay una construcción falsa en el discurso antiderechos. “Se dicen espirituales pero nos quieren reducir a un conjunto genético. Su argumento es que los mismos genes que tiene el embrión los tiene después la persona, cosa que es cierto, pero los seres humanos no somos solamente un conjunto de genes, es una concepción biologicista.  A mi lo que me preocupa es que al lado de los celestes en la plaza estaba Biondini. Yo creo que esconden mucho y que el régimen patriarcal está mucho más inscripto en la sociedad de lo que nosotros creemos”.

Por su lado, la periodista feminista Mariana Carbajal agrega: “No se puede negar que tienen buenas estrategias de marketing, el eslogan de ‘Salvemos las dos vidas’ y ‘Con nuestros hijos no se metan’ permearon la sociedad. Están haciendo un terrorismo microsocial en los grupos de Whatsapp de madres, o con mensajes muy dirigidos en las escuelas. Con respecto a la ESI dicen que los chicos se bajan los pantalones y se tocan, que les muestran películas porno, generan terror en las familias que tienen poca información”.

“El tema que queda después del debate es cómo las mujeres accedemos a los lugares de poder efectivos más allá de la calle -dice Carbajal- En el Encuentro Plurinacional de Mujeres hubo una marcha de 30 cuadras; sin embargo, la sensación es que hay una gran distancia entre la efervescencia de los feminismos y quienes deciden sobre la política”.