El presidente de la Comuna 1, Roberto Salcedo, fue denunciado penalmente por malversación de fondos públicos y falta de controles en la ejecución de obras de mantenimiento del arbolado. Se estima que entre 2015 y 2016 manejó discrecionalmente unos 13 millones de pesos. La denuncia también alcanza "por omisión" a Larreta y Santilli. La empresa beneficiada, Zona Verde, es una histórica contratista Pro.

El Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Urbano en la Ciudad de Buenos Aires está nuevamente en la mira. El presidente de la Comuna 1, Roberto Salcedo, fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en el mantenimiento del arbolado público. Según la denuncia -presentada por su ex jefa de Gabinete, María del Carmen Marone-, Salcedo incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, que alcanzarían casi los 13 millones de pesos sólo entre los años 2015 y 2016, derivados de la extracción de árboles en los barrios que abarca la comuna a su cargo. La empresa beneficiaria es Zona Verde, que en los últimos seis años ganó licitaciones por 1200 millones de pesos en distintas obras para la Ciudad.

En su denuncia, Marone presenta los balances internos a los que accedió durante su período como funcionaria y diversos pedidos de acceso a la información pública que, según detalla, dan cuenta de la falta de control interno en el seguimiento de las obras y del control del gasto que implicaron. “Las irregularidades impiden controlar el gasto y conocer si los fondos afectados a la ejecución de la licitación (27/SIGAF/2015) tuvieron el verdadero destino”, explica. Marone apunta además al jefe y al vicejefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, respectivamente. El escrito presentado a finales de julio pasado sostiene que ambos sabían de los manejos de Salcedo.

Marone se desempeñó como jefa de Gabinete de la Comuna 1 entre diciembre de 2015 y junio de 2016 y denunció ser víctima de abuso sexual y maltrato laboral por parte de su otrora jefe político. Al mismo tiempo, durante este período conoció de cerca los oscuros entramados en el manejo de la obra pública por parte de la administración Pro.

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La red de irregularidades en la Comuna 1 que denuncia la ex funcionaria Pro incluye extracciones de árboles que no respetan el procedimiento debido, inexistencia de informes avalados por un idóneo en la materia, falta de relevamientos que permitieran conocer el número real de intervenciones y la no utilización de los libros de comunicación entre la Comuna 1 y la empresa adjudicataria del servicio. La denuncia involucra en su faz “activa” a los responsables directos del área de mantenimiento del arbolado, entre los que se destacan Salcedo, Gabriel Jorge Mouriño -actual gerente de Gestión Comunal de la 1-, Mirta Susana Marcos -comunera Pro-, Carlos Cohen -actual verificador de las intervenciones sobre el arbolado público-, Nicolás Chauqui -subgerente operativo de Control del Espacio Público y Obras- y Natalia Silvero, coordinadora y planificadora de dichos trabajos. Asimismo, Larreta y Santilli fueron denunciados en su faz “omisiva” por haber “tomado conocimiento de las irregularidades que se denuncian”, según se desprende de dos expedientes electrónicos de pedidos de acceso a la información pública que se acompañaron como prueba del indebido hecho.

Salcedo -a la izquierda, arrodillado-, plantó hace unos días un jacarandá junto a la ex modelo Daniela Cardone.

Zona de negocios

La metrópolis porteña cuenta con 421.718 árboles, de los cuales 367.157 están en las calles y 54.561 en espacios verdes. Si bien no existen datos certeros, se estima que en la actualidad la Comuna 1 posee entre 12 y 13 mil árboles a lo largo de su superficie de 17,4 kilómetros cuadrados, lo cual la convierte en la zona de la Ciudad con menor cantidad de árboles en promedio. Las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento del arbolado público recaen desde el año 2013 en cada una de las comunas, que deben atenerse a las misiones y funciones establecidas en la ley Nº 3263 de arbolado público urbano.

Zona Verde es la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que aparece mencionada en la denuncia de María del Carmen Marone como la beneficiaria de las licitaciones en la Comuna 1 para el mantenimiento de árboles. Esta UTE está conformada mayoritariamente por Urbaser Argentina S.A., de capitales de origen español y probados vínculos con el clan Pro: fue donante de cuantiosas sumas de dinero para la Fundación SUMA, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y su controlante, el Grupo ACS (cuyo accionista principal es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez), posee el 5,72 por ciento de las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que contó con la participación mayoritaria de la familia Macri hasta mayo de 2017. Urbaser es, a la vez, controlante de Urbasur, que se dedica al negocio de la recolección de basura y tiene contratos para tal fin en las comunas 3 y 4 (Balvanera, San Cristóbal, Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca). En todas las empresas aparecen dos constantes: los negocios están ligados a la obra pública y en todas aparece el nombre de Carlos Adán Chocano, un ciudadano argentino procedente de España que oficia de presidente y accionista mayoritario de Urbaser Argentina y Transportes Olivos. También coinciden los contratos millonarios, de los más variados: Urbaser ganó una licitación por 23 millones de pesos para limpiar los arroyos Rodrigo Bueno y Cildañez, en el marco del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. También realizó el año pasado la limpieza del “Camino de Sirga III” por casi 95 millones.

Advertencias y pruebas de irregularidades 

La Sindicatura General y la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron en dos dilapidarios informes dirigidos al Ejecutivo porteño sobre diferentes irregularidades en las intervenciones sobre el arbolado público.

En el marco del análisis de los certificados de avance de obra referidos a la Licitación Pública Nº 27-SIGAF/15, la Sindicatura General -organismo que se encarga del control en tiempo real de la gestión, a cargo de la oficialista Mónica Freda- destacaba en el año 2016 que “durante el período auditado -diciembre de 2015 a agosto de 2016- la contratista Urbaser Argentina S.A. – SEOB S.A. – U.T.E., no utilizó el sistema SAP y las comunicaciones con la Comuna 1 se efectuaron a través de correos electrónicos”. La no utilización de la herramienta informática denominada SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos) incumple con lo establecido por el Pliego de Especificaciones Técnicas en el punto 2.1.3., lo cual dificulta el funcionamiento del sistema de control interno y externo. Dicho informe agrega que “la Comuna 1 no posee constancias que den cuenta de las verificaciones por ella realizadas para el control y la efectiva liquidación de los servicios ejecutados por la Contratista durante el período auditado, conforme lo exigido en el punto 2.6.2 del respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. De esta forma, el área dependiente del Poder Ejecutivo advertía sobre la falta de cumplimiento por parte de Urbaser Argentina S.A. de la totalidad de sus obligaciones, así como de la ausencia de constancias de inspección en donde se registraran los datos y resultados de cada una de las verificaciones realizadas por la Comuna 1.

Informe de la Sindicatura General de la Ciudad, a cargo de la oficialista Mónica Freda.

Por otra parte, un informe de la Auditoría General -cuya presidenta es la kirchnerista Cecilia Segura- titulado “Ejecución de competencias comunales – Mantenimiento de espacios verdes e intervenciones sobre el arbolado – Comuna 1” se dio a conocer en diciembre de 2017 y presenta observaciones similares o complementarias a las del organismo de raigambre oficialista. Ya para el año 2015 -período bajo examen-, la Auditoría porteña concluyó que “en relación con las debilidades detectadas, la principales son: falta de capacitación de los responsables del seguimiento de ambos servicios en el manejo de la herramientas de gestión (sistema SAP) y los pliegos que regulan el servicio contratado; la verificación concomitante del servicio de arbolado público que impide desarrollar un sistema de controles por oposición adecuado; la falta de control posterior en el servicio de mantenimiento de espacios verdes; falta de conservación de copias de seguridad de los registros del SAP para ambos servicios en el momento de la emisión del Certificado de Avance de Obra o el Parte de Recepción Definitiva, según corresponda, y la operación de tareas de poda invernal en meses de veda sin que obre dictamen técnico que lo justifique”. Nada indica que este tipo de prácticas se hayan discontinuado durante el período 2016, dado que el informe señalado de la Sindicatura hace alusión a incumplimientos e inconsistencias similares.

Informe final de la Auditoría porteña, difundido en diciembre de 2017.

¿Desvío de fondos públicos?

Los libros de órdenes de servicio resultan fundamentales para controlar la efectiva ejecución de los trabajos referidos al mantenimiento del arbolado público, pero varios de ellos se encontraron en blanco o extraviados. Por lo tanto, María del Carmen Marone afirma en forma categórica que “desde el comienzo de la licitación en abril de 2015 hasta el 3 de mayo de 2017, no existe registro formal y contractual que respalde el trabajo y, por lo tanto, lo gastado y pagado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Ésta no es la única irregularidad que marca la ex funcionaria: también cuestiona la legalidad de los procedimientos debido a la falta de resoluciones técnicas e informes fitosanitarios que autoricen las extracciones, lo cual constituiría una clara violación a la ley 3263 de arbolado público.

La sospecha del desvío de caudales públicos por un total de $12,988,057,020 (millones de pesos) está sustentada en los propios pedidos de acceso a la información pública a los que accedió la denunciante, donde figura el monto mensual por extracciones y el monto mensual por intervenciones generales en el arbolado público entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. De acuerdo con Marone, “la inutilización de los libros obligatorios para la licitación nos impide saber si esos casi trece millones ($13.000.000) de pesos gastados en apariencia en el mantenimiento del arbolado público fueron efectivamente ejecutados como se dice. La falta de registros como la falta de utilización de los libros es una muralla impenetrable para el efectivo control y la verdad en la ejecución del presupuesto”. Llamativamente estos gastos bajaron abruptamente desde septiembre de 2017 hasta la fecha, pasando a costar en algunos casos -según los registros oficiales- desde más de 1 millón y medio de pesos en 2016 a estar por debajo de los 50 mil pesos un año más tarde.

Informe entregado por la Comuna 1 a través de la ley 104 de Acceso a la Información Pública.

Por último, en caso de dar el visto bueno a la denuncia penal, la Justicia deberá investigar la supuesta responsabilidad “por omisión” de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Tanto los informes de Auditoría como de la Sindicatura General de la Ciudad, donde constan el cúmulo de irregularidades en la contratación de este servicio, arribaron al despacho de las máximas autoridades del Ejecutivo porteño, tal como se comprueba por ejemplo en el expediente NO-2017-03786528-SGCBA con destino a Rodríguez Larreta. Allí la sindica general Mónica Freda daba cuenta que dicho informe también llegó a manos del vicejefe de Gobierno, del presidente de la Comuna 1 y de otros miembros encumbrados del gabinete Pro.

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, fue notificado en enero de 2017 del crítico informe elaborado por la Sindicatura General de la Ciudad.