La muerte de Rodolfo Orellana pudo haberse evitado si la AABE hubiera impedido el loteo ilegal de las tierras que administra. Más que de negligencia, se sospecha de un negociado que incluye a varios actores, entre ellos la propia Bonaerense.

A una semana del fusilamiento de Rodolfo Orellana durante una toma de tierras en Ciudad Evita, la mira de los abogados que representan a la familia del militante de la OLP asesinado no sólo está puesta en determinar desde qué arma salió el disparo que lo mató por la espalda -según los testigos, la que disparó fue “una efectiva mujer, rubia” de la Policía Bonaerense-, sino también en desentrañar el entramado de intereses detrás de la disputa por los terrenos donde se desató la represión. No se descarta, por ahora, la hipótesis de que la Bonaerense tuviera sus propios negocios en complicidad con las dos personas señaladas por las organizaciones, Rolando Pardo e Isabel Carballo, como quienes loteaban y vendían terrenos que no eran suyos para estafar a familias de la zona que padecen la necesidad urgente de techo y tierra.

“Por los elementos que fuimos recabando, no descartamos tanto que haya sido una represión estatal más, que terminó con el fusilamiento de Rodolfo, como que la propia policía haya actuado de acuerdo a sus vínculos con las personas que manejaban los terrenos”, aseguraron a El Grito Del Sur desde la Gremial de Abogados, organización que lleva adelante el caso. “Incluso, por lo que nos dijeron los testigos, sabemos que determinada gente encargada del lugar les decía a los propios policías apuntale a éste, a aquél, es por acá o por allá”, afirmaron.

Hasta ahora, hay dos causas penales: una por usurpación, en el marco de la cual fueron detenidos cuatro militantes de CTEP y vecinos que participaron de las tomas, todos liberados ayer; y una segunda por el homicidio de Orellana. El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, afirmó 24 horas después del hecho que había sido una bala la que mató a Rodolfo; mientras que el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reconoció que pudo haber sido un “mal accionar policial” el que desató la tragedia.

El barrio “Puente 13” en el censo de Barrios Populares

El conflicto por el destino de esas tierras no empezó el jueves. Tiene por lo menos tres años: ya en 2015, la Bonaerense había intentado desalojar a otro grupo de familias, que resistió la represión y logró quedarse en los terrenos que habían comprado de buena fe.

Vista aérea del barrio en el sector B del terreno, donde viven unas 55 familias

Conocido como el “barrio de los italianos”, las 40 hectáreas del terreno ubicado a la altura de Puente 13, a la vera de la Autopista Ricchieri, son propiedad del Estado y son administradas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), cuyo titular es Ramón Lanús. El terreno está dividido en tres secciones: A, B y C. En el sector B viven hoy 55 familias, cuyo título de propiedad fue reconocido a partir de una mesa de diálogo entre la AABE, las organizaciones sociales del barrio y la APDH de La Matanza. Está censado desde 2016 como parte del relevamiento de Barrios Populares realizado por la ANSES y los movimientos populares. Es uno de los 144 barrios precarios sin servicios del distrito y, como sucede en buena parte de la geografía del conurbano, convive a un lado con los muros de un barrio privado y al otro con uno de los más grandes asentamientos de la zona oeste, que bordea el Río Matanza.

“El barrio lo construyeron las familias sin ayuda del Estado. Con su propio esfuerzo. Resistiendo presiones, amenazas, desalojos y violencia permanente”, describió Iber Mamani, militante de Patria Grande y miembro de la comunidad boliviana de Villa Celina.

La toma del jueves se produjo en el sector C del terreno, que es además un sitio arqueológico de valor histórico, simbólico y cultural del pueblo querandí, por cuya conservación vela la agrupación Tres Ombúes. En ese mismo lugar realizaron durante décadas ceremonias y encuentros en memoria de sus antepasados, hasta que en 2015 Pardo les impidió el ingreso, tirándoles piedrazos y a punta de pistola. “El tipo se maneja como el dueño del lugar, amenaza a cualquiera que quiera ingresar y nadie hace nada”, relató Delia Claros, de Tres Ombúes.

“No descartamos que la policía haya sido parte de los intereses detrás de las tierras”, afirmaron desde la Gremial de Abogados, que lleva el caso.

LA AABE MIRA PARA OTRO LADO

Para Mamani hay una responsabilidad institucional en la muerte de Orellana, que se pudo haber evitado. “La AABE sabía que tanto Pardo como Carballo siguieron durante años loteando y vendiendo las tierras. Si se seguía estafando gente y las tierras seguían con irregularidad en la propiedad, ¿cómo no era previsible que se desatara una toma de tierras?”, se preguntó.

En ese punto coincidió Beatriz Capdevilla, secretaria de la APDH La Matanza. “Nosotros le advertimos a la AABE que esto podía pasar. Reclamamos que el terreno sea cercado y señalizado, y que se haga una campaña pública desalentando el loteo y posibles tomas. Nunca hicieron nada”, subrayó.

Juan Grabois (MTE), Lito Borello (Sec. de DDHH de CTEP) y Pablo Puebla (OLP) durante la conferencia de prensa del viernes pasado.

Las organizaciones resaltan además que presentaron varias denuncias al respecto antes de la tragedia. “Desde el MTE hemos denunciado el negociado inmobiliario de Pardo y Carballo en reiteradas oportunidades. Por ese motivo, nuestros compañeros de allí, nuestro militante Iber Mamani y los vecinos del barrio han recibido distintas amenazas. Prueba de ello es la denuncia presentada junto a abogados de la APDH Matanza el 14/11. La Fiscal General de La Matanza recibió a la APDH y dio curso a la denuncia realizada por las amenazas recibidas. Extrañamente, hoy se producen estos hechos”, resaltaron en un comunicado previo a la conferencia de prensa que brindaron el viernes, tras la muerte de Orellana.

Hasta ahora, el titular del organismo, Ramón Lanús, no pronunció una sola palabra pública en relación a lo sucedido. Sobre él y el organismo que conduce pesan varias de las causales que desataron en la toma y la posterior represión y muerte de Orellana. La AABE sabía que Pardo y Carballo loteaban y vendían terrenos que son propiedad del Estado; las 40 hectáreas no estaban debidamente señaladas y Pardo seguía ejerciendo violencia y manejando el territorio.

Mientras tanto, varios militantes y vecinos de la zona denuncian que siguen siendo amedrentados y perseguidos. Hasta hoy, una semana después, los cinco hijos que dejó Orellana siguen sin poder velarlo, ya que existe un pedido del consulado boliviano para llevarlo hacia ese país.