Johana Ramallo lleva 15 meses desaparecida, desde la última vez que se la vio en La Plata. El gobierno provincial y la justicia desoyen los pedidos de la familia, que fue víctima de amenazas.

Johana Ramallo nos duele todos los días. Hace 15 meses que no está en su casa, con su mamá, Marta, y con su hija, con sus hermanxs, que la están esperando desde aquella tarde del 26 de julio del 2017 que no la volvieron a ver. Ella es una de las tantas mujeres que desaparecen hoy en Argentina por las redes de trata, frente a un Estado ausente y cómplice de tanto silencio y ocultamiento.

Un mes y medio antes de su desaparición, Johana y su hija habían vuelto a vivir a la casa de su madre Marta, en el barrio de Villa Elvira. La tarde del 26 de julio, Johana le prometió a Marta que para las ocho de la noche regresaría. Nunca más cruzó la puerta. En la madrugada del 27, Marta salió a buscarla desesperada por hospitales y comisarías, sin obtener resultado. Finalmente, radicó la denuncia en la comisaría de Villa Ponzatti, iniciando así un camino judicial que todavía no le devolvió a su hija mayor.

Johana tenía 23 años cuando desapareció. Intentó finalizar sus estudios en el marco del Plan Fines y trabajó en el programa provincial Hacemos Futuro (ex Ellas Hacen). Luego, a falta de coordinación de horarios entre el trabajo y el colegio de su hija, tuvo que abandonar el programa que le permitía solventarse. La última vez que se la vio fue en la esquina de 1 y 63. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio que funciona allí, registraron a Johana junto a una compañera caminando por la calle. 1 y 63 se volvió más adelante en el punto de partida de cada movilización en pedido de la aparición de Johana.

Tras más de un año de investigación, con una causa de más de 20 cuerpos, con testimonios, rastrillajes y allanamientos, no hay respuesta acerca de dónde está Johana. La mala praxis judicial durante los primeros meses de búsqueda – que no fue inconsciente – complicó aún más la búsqueda.

¿Dónde está Johana?

Al lunes siguiente de radicada la denuncia, la fiscal Betina Lacki recibió a Marta en su despacho. Allí, frente a una madre desesperada por encontrar a su hija, le prometió poner todos los recursos necesarios para encontrar a Johana. Sin embargo, la relación entre Lacki y Marta se fue tensionando con el paso de los días y semanas.

Desde un principio, la búsqueda de Johana se caratuló como “averiguación de paradero”, a pesar de que Marta y lxs abogadxs sostenían ya, desde ese entonces, que Johana podía haber sido víctima de una red de trata que opera en la zona de 1 y 63, con complicidad policial y política. “Muchos de los testimonios que estuvieron en los primeros tres cuerpos de la causa decían que habían visto a Johana hasta las 10 de la noche de ese 26, y luego, nadie, nunca más, la vio”, denunciaba la primer abogada Josefina Rodrigo.

La fiscal no tuvo en cuenta que Johana se encontraba en una situación de vulnerabilidad social y económica. No se buscó a Johana como posible víctima de un delito, sino como alguien que se extravió. Además, a sabiendas de la connivencia policial en lo vinculado a trata, Lacki rechazó el pedido de apartamiento de la Policía Bonaerense y fue esta misma fuerza la que llevó adelante la investigación.

En septiembre, mientras la causa no avanzaba a pesar de los numerosos testimonios y datos aportados -más los allanamientos sin resultados-, lxs abogadxs hicieron la denuncia a nivel federal para que se investigue el delito de “trata de personas”.  Así finalmente, la causa recayó en manos del Juzgado Federal N°1 a cargo de Ernesto Kreplak y la investigación en manos del fiscal Hernán Schapiro, en colaboración con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Durante estos meses, Marta y su familia sufrieron hostigamiento y maltratos por parte de la Policía Bonaerense y amenazas que incluyeron balazos hace una semana a la vivienda donde vive Marta con su nieta e hijxs. En la última conferencia de prensa, tras haber declarado por el ataque en su casa, Marta reiteró el pedido de avance en la causa y volvió a decir, como tantas otras veces, que la búsqueda de Johana es la lucha para que aparezcan todas las pibas que hoy están desaparecidas para ser prostituidas.

El Estado y el gobierno provincial ausentes

El silencio no sólo aparece desde el Poder Judicial sino que también, desde hace 15 meses, ni el actual intendente de La Plata, Julio Garro, ni la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reciben a Marta para darle una respuesta sobre la búsqueda de Johana. Tres audiencias fueron requeridas sin obtener respuesta por parte de la mandataria provincial, y tan sólo unas escuetas palabras en los medios le dedicó el actual intendente (Pro-Cambiemos) a Johana.

En cada conferencia Marta se enfrenta a fiscales, a la gobernadora y el intendente, dando a entender que su silencio y su inacción son parte de la complicidad con las redes de trata. “Garro, Vidal, Lacki son proxenetas”, repite Marta en numerosas declaraciones, aludiendo a que si ellxs no estuvieran a favor de los proxenetas, las pibas no desaparecerían y las encontrarían.

Sin embargo, a pesar del silencio del gobierno provincial, el apoyo que Marta recibió fue inmenso. Numerosas organizaciones sociales, de derechos humanos, organizaciones contra la trata y otras instituciones vienen acompañando a Marta y su familia. Allí se destaca la asamblea “Buscamos a Johana Ramallo”, donde distintas organizaciones, amigxs y familiares motorizan los 26 de cada mes las movilizaciones, radios abiertas y muraleadas para seguir mostrando que Johana continúa desaparecida.

El caso llegó al Congreso de la Nación el 15 de noviembre de 2017, cuando se realizó una audiencia pública convocada por la diputada nacional Fernanda Raverta (FPV-PJ) para impulsar la búsqueda, acompañada de la organización Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Comisión Provincial por la Memoria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la PROTEX. También diputados y diputadas del Frente de Izquierda realizaron un pedido de informes para avanzar en la búsqueda.

Por otra parte, Marta viajó el año pasado al Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Resistencia, Chaco, para que todas las mujeres, lesbianas, trans y travestis conozcan la historia de Johana, denunciando la responsabilidad del Estado en su desaparición. Y volvió a reiterarlo durante este 33º ENM en las plazas y espacios públicos de Trelew.

En Argentina, existen en la actualidad 6033 personas buscadas que, por alguna razón, se ausentaron. De ese total, 3228 son niñas, adolescentes y mujeres adultas, según datos del informe de la PROTEX  y ACCT (Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas). Durante el 2016, las denuncias recibidas en la línea 145 por casos de trata con fines de explotación sexual fueron 1718. Las pibas siguen desapareciendo y cada vez se nos suman más nombres a la lista: María Cash, Marita Verón, Johana Ramallo, entre tantas otras.

La lucha por la búsqueda de Johana nos pone de relieve un Estado ausente y cómplice de estas redes que hoy se llevan a las pibas. La Justicia avanza muy lento y no nos devuelve a Johana y a tantas otras mujeres, mientras que el gobierno desmantela las áreas del Estado que promueven políticas sociales y programas de protección de derechos de mujeres e identidades disidentes, de desarrollo (Ellas Hacen, donde trabajaba Johana), de educación (Plan Fines), de contención y atención en los barrios, y con un Presupuesto 2019 en vísperas de su aprobación final que reduce los fondos destinados al Instituto Nacional de la Mujer. Pero en las calles, como hace 15 meses, seguiremos poniéndole caras a la injusticia porque no hay redes de trata sin complicidad estatal.