El proyecto de una nueva ley de alquileres transita su rumbo entre dudas, tironeos y un fuerte lobby. Los próximos días serán fundamentales para confirmar si se vota en la Cámara de Diputados el proyecto impulsado por las organizaciones del sector, que estipula importantes mejoras en las condiciones de acceso a los alquileres de todo el país y es resistida por las poderosas cámaras inmobiliarias.
En un primer momento, el proyecto se iba a tratar en la Cámara Baja el 7 de noviembre; sin embargo, las fuertes presiones de las asociaciones de martilleros e inmobiliarias, que amenazan con frenar la ley a través de medidas cautelares -en caso de ser sancionada- por un supuesto impacto negativo en la actividad, lograron postergar la sesión para el próximo miércoles 21. Bajo el lema #LeyDeAlquileresYa, la Federación de Inquilinos Nacional plantea que «el Congreso debe decidir votar para 8 empresarios de la vivienda o para 8 millones de inquilinos».
El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, asegura que «vamos inevitablemente a una emergencia habitacional masiva. Y aunque la mayoría de la clase dirigente parece mirar para otro lado, millones de familias están más cerca de no poder renovar su contrato de alquiler o no poder afrontar los aumentos estipulados en sus propios contratos, por indiferencia del Estado y por el silencio cómplice de la oposición”.
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Una de las prendas de negociación de estas horas es el ajuste del valor del alquiler. El proyecto sostiene que se hará por el promedio del índice de salarios y la inflación -cabe destacar que en los últimos años el incremento de los alquileres superó con creces cualquier cálculo inflacionario-, pero el mercado inmobiliario pide que se haga a través de una indexación en UVA (unidad de valor adquisitivo). Esta última opción ya fue rechazada por los bloques opositores en ambas cámaras.
Si Diputados no trata el proyecto antes del 30 de noviembre, perderá estado parlamentario.
