Son las diez de la mañana y la fila no avanza desde las ocho. Las puertas de la Dirección Nacional de Migraciones están abiertas, pero la fila no se mueve. Si se estira el cuello se puede ver que, dentro del enorme edificio beige, hay tanta gente como en la vereda, y muy apretada. Un funcionario logra abrirse paso a los empujones y una vez afuera pide atención a los gritos. “¡Desde ahora, sólo los que tienen turno, por favor!”, ordena. La fila se alborota y murmura. Alex y Rubén, dos treintañeros venezolanos con tres años en el país, se miran con cara de y-ahora-qué-hacemos. Ambos llevan su carpeta con papelerío amarrada del sobaco; ninguno tiene turno. “Yo he llegado desde Del Viso para renovar la precaria…”, grita uno al fondo de la fila, con la voz ahogada. “Si no tiene turno, vuelva mañana”, dice el funcionario como dirigiéndose a todos, y desaparece dentro del edificio.
Lenta y en silencio, la fila empieza a desarmarse. El desasosiego se rompe cuando un centenar de migrantes, formados en fila y agitando banderas wiphalas, de Perú, Bolivia y otros países, empieza a cantar mientras enfila hacia el edificio: “Oye, hermano, únete al reclamo”. Están allí para presentar un pedido de informes dirigido al director nacional de Migraciones, Horacio García, quien esa misma mañana ratificó la intención del Gobierno de crear un nuevo fuero penal dedicado exclusivamente a los migrantes, en el contexto de un endurecimiento del Código Penal.
La carta lleva la firma de la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina y en su primer párrafo denuncia: “Hemos tomado conciencia del carácter discriminatorio de las políticas públicas y prácticas burocráticas en materia migratoria implementadas por la Dirección Nacional de Migraciones. Por eso solicitamos la fundamentación de los discursos, prácticas, políticas y normativas que criminalizan a lxs migrantes y dificultan los caminos para una convivencia pacífica, regular y segura para los propios migrantes en la Argentina”.
Entre otros puntos, el pedido de informes se centra en los requisitos exigidos para regularizarse. En paralelo al discurso público xenófobo que subió de tono tras la represión policial de hace dos semanas en el Congreso, las organizaciones migrantes señalan que el Gobierno puso nuevas trabas administrativas para dificultar la regularización de quienes llegan al país. Desde la Red de Migrantes afirman que reciben a diario denuncias por «excesivas, erráticas y arbitrarias exigencias documentarias de la Dirección Nacional de Migraciones”.
“Esas filas no se veían desde los ´90”, cuenta María, de la Red. “Esta situación de estar horas para regularizarse es propio de cuándo estaba vigente la ley de Videla, que con tanta lucha logramos cambiar”, explica y señala a uno de los “gestores”, personajes que deambulan por la fila ofreciendo agilizar los tiempos de la regularización por 3500 pesos.
Otra irregularidad señalada por las organizaciones es que también se extendieron los plazos para obtener la regularización. Por eso solicitaron información acerca de la cantidad de trámites iniciados para tal fin y cuántos fueron efectivamente concretados en el último año. “Es muy estresante. Recién nos dieron turno para hoy y lo sacamos en marzo del año pasado”, relata desde la fila Andrea, también venezolana.
Las organizaciones solicitaron además información actualizada sobre el funcionamiento de la cárcel para migrantes, impulsada por el Gobierno en 2016, y sobre la aplicación de celulares para denunciar migrantes lanzada este año.
Con la subida de tono de las declaraciones xenófobas, también se puso sobre el tapete la política pública respecto a la migración. En ese marco, las organizaciones convocan a una charla que tendrá lugar el 22 de este mes en el anexo de Diputados para rechazar los cambios que propone el Gobierno y ratificar su apoyo a la ley vigente.
