En el inicio de la etapa de alegatos en el juicio por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención Virrey Cevallos, la querella pidió 25 años y "carcel común" para el ex brigadier Omar Graffigna y para los dos ex agentes de civiles de inteligencia imputados, Jorge y Enrique Monteverde.

“Los familiares y sobrevivientes que durante décadas lucharon por la verdad sienten que el viento de la justicia por fin empieza a llegar a Virrey Cevallos”, dijo el abogado querellante Pablo Llonto ayer en los tribunales de Comodoro Py, durante la primera jornada de alegatos del juicio oral y público por los secuestros y torturas cometidos por la Fuerza Aérea dentro del más céntrico de los centros clandestinos de detención de la última dictadura. Ante un auditorio colmado y en tensión, que siguió durante tres horas la exposición de cada prueba recabada a lo largo de la causa y el juicio, Llonto pidió 25 años de cárcel común para el ex brigadier Omar Graffigna -ausente ayer bajo pretexto médico, el mismo que le sirve para cumplir condena en su domicilio- y para los hermanos Jorge y Enrique Monteverde, ex miembros de la estructura civil de inteligencia que operaba bajo las órdenes de Graffigna, por los secuestros y torturas cometidos durante 1977 sobre los ex militantes montoneros Miriam Lewin y Osvaldo Lanzilotti (desaparecido desde ese año) y sobre el ex militante del PRT Osvaldo López, hoy coordinador del sitio de la memoria que funciona en el lugar.

La jornada se extendió más de lo estimado, entre los cortes de luz que azotaron al edificio de la Justicia Federal y el cuarto intermedio convocado por los jueces del Juzgado Oral en lo Criminal Nº 2 para terminar de incorporar material probatorio, solicitado tanto por la querella como la fiscalía, entre los que se encuentra documentación de la Causa RIBA, la primera a través de la cual se logró condenar a Graffigna en 2016, tras 38 años de impunidad. El tiempo muerto fue aprovechado por los familiares y sobrevivientes para explicarles a los estudiantes secundarios y a los delegados de organizaciones sociales latinoamericanas, de visita en la audiencia, el recorrido de la causa y el modus operandi que desarrolló la Fuerza Aérea en esa oscura casona ubicada a dos cuadras del Departamento Central de Policía.

Si bien para la querella está probada la responsabilidad penal de los tres imputados, Llonto exigió a los jueces que en el fallo, que se espera salga antes de fin de año, se incorpore una resolución para abrir una segunda etapa de la causa. “Estamos hablando de 14 miembros de la patota que fueron identificados por Miriam Lewin, entre secuestradores, torturadores, guardiacárceles, médicos y cocineros… Estamos hablando de una coautoría general de los delitos. Esperamos que la instrucción pueda continuar y haya un juicio por Virrey Cevallos con todos los responsables de la fuerza juzgados y condenados”, dijo Llonto.

El titular de la Jefatura II Inteligencia, de la que dependía el ex centro clandestino, Jorge Alberto Espina, fue procesado en el marco de la causa pero permaneció prófugo hasta pocos días antes del inicio del juicio. Llonto, además, dio cuenta de que la estructura de oficiales y civiles que operaba dentro y fuera de Virrey Cevallos estaba dotada de al menos 50 represores, tanto en provincia de Buenos Aires -principalmente en la zona oeste, donde fue capturada Miriam Lewin- como en la Ciudad.

“Nada de todo lo que sabemos hoy sobre lo que pasó en Virrey Cevallos hubiera sido posible sin la dignidad de los sobrevivientes, que pelearon durante décadas con dignidad”, cerró Llonto.