Tras el violento episodio en el que casi una decena de efectivos de la Policía de la Ciudad avanzó contra adolescentes y docentes del Pellegrini, dejando a varios y varias hospitalizades, una denuncia -de la que aún se desconoce el origen- intima a las autoridades de la escuela por «desacato a la autoridad». Natalia Mira, presidenta del centro del estudiantes, plantea que el verdadero objetivo con el que las fuerzas de seguridad hostigan a los y las jóvenes responde a la voluntad de implantar el miedo, al punto tal de quebrar la organización estudiantil. «No pueden frenar la organización que logramos desde la juventud y el campo popular en su conjunto de otro modo que no sea con gases lacrimógenos frente al Congreso, o piñas y amenazas frente a un colegio secundario», afirma.
Lo que desencadenó el desmedido accionar policial fue la numerosa e imponente ofensiva de la comunidad educativa ante el «arbitrario» intento de un oficial de llevarse detenido a un joven de 15 años alegando que portaba marihuana. Frente a la inmediata reacción de sus compañeres y docentes, los policías empezaron a golpear y amenazar a los y las presentes para abrirse paso entre la multitud y detener al menor. “Estamos hablando de una Policía que no sólo elige arbitrariamente que a un pibe le abran la mochila, sino que también pasa por encima de todos los derechos que tenemos empujándonos, golpeándonos y amenazándonos”, denuncia la estudiante.
En medio de los golpes y los forcejeos, los y las estudiantes formaron un cordón de contención que permitió que el joven en cuestión pudiera escabullirse e ingresar al colegio, donde estaría protegido ya que la autonomía universitaria no le permite a las fuerzas de seguridad ingresar a los establecimientos. La sensación de seguridad se desvaneció con el pasar de tan sólo algunos minutos, recuerda Natalia, ya que no sería la primera vez que personal policial ingresara a una universidad o instituciones dependientes de ella. «La policía se siente totalmente avalada -por el gobierno- para hacer cualquier cosa con cualquier persona”, dice y explica por qué decidieron cerrar las puertas del colegio, asegurándose de impedir el ingreso de la fuerza interviniente.
Si bien desde el 2016 vienen pensando distintos dispositivos de seguridad para prevenir o resguardarse frente a la violencia institucional, los tiempos que corren obligan a redoblar esfuerzos, cuenta la representante estudiantil. «Con este gobierno están cambiando las disposiciones legales todo el tiempo, y cada vez es para peor», sentencia. En este caso, desde el Centro de Estudiantes se comunicaron con el Foro contra la Violencia Institucional y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad para recibir asesoramiento y seguir el procedimiento adecuado para radicar la denuncia. Las autoridades del Carlos Pellegrini no tomaron ninguna medida hasta el momento, a la espera de lo que sugieran los abogados de la Universidad de Buenos Aires y, por otro lado, el padre y la madre del estudiante de 15 años denunciaron a un medio de comunicación por exponer la foto del menor sin su consentimiento.
Con acciones legales en curso, y sin evidencia alguna que constate el presunto delito por el que se lo acusaba al joven, Natalia y sus compañeres esperan que éste no sea un caso más en el que el manto de impunidad cubra por completo el arbitrario y violento accionar de las fuerzas de seguridad.
