Tres mitos sobre los migrantes, desmentidos por datos oficiales

Mentir es violencia

ilustración: Ariel Olivares

El Grito del Sur contrastó los tres principales mitos sobre los migrantes en boca del club de los xenófobos de la política con los datos oficiales disponibles y con la opinión de expertos en la materia. El resultado: los migrantes trabajan más que los nativos; representan un porcentaje irrisorio de la población carcelaria y menos del 5 por ciento del "gasto social".

“No me preocupa que me digan Bolsonaro”, se jactó Miguel Ángel Pichetto tras la detención de cuatro extranjeros en el marco de la razzia policial en los alrededores del Congreso durante la sesión en Diputados que dió media sanción al presupuesto 2019 a fines de octubre. El jefe del menguado bloque de senadores del Peronismo Federal y precandidato a presidente se considera desde hace años el abanderado de una supuesta “incorrección política”, compartida por buena parte del sistema político (varios ministros de Cambiemos incluídos), que consiste en señalar a los migrantes como responsables de todos los males. “Argentina es un país totalmente generoso, estúpido e ingenuo que abre las fronteras sin preguntar” fue la última de una larga lista de afirmaciones en la misma dirección pronunciadas por el Micky Vainilla de la política real. Pero ninguna de las máximas repetidas como un mantra por el club de los “incorrectos” resisten un simple chequeo de la información pública disponible. Son falaces.

Los migrantes no son “vagos que viven del gasto público”, ni “llegan al país para robarle los mejores trabajos a los argentinos”, ni son “todos delincuentes”. Según datos publicados en distintos informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU, del Consejo Nacional de Políticas Sociales y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nada, nada de todo eso es cierto.

De acuerdo a esos estudios -algunos más recientes que otros-, los migrantes son, por el contrario, más productivos que los argentinos. Ocupan, además, los puestos de trabajo más precarios y peores pagos. Representan un porcentaje nimio de la población carcelaria y abarcan una mínima porción del “gasto” social en comparación con el resto de los argentinos, lo que se supone además un atraso en materia de derechos y una deuda del Estado con ellos.

Los migrantes trabajan más que los argentinos

María Inés Pacecca, antropóloga, profesora de Facultad Filosofía y Letras de la UBA y responsable de estudios de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), analizó los datos del informe “Migraciones laborales en Argentina. Protección social, informalidad y heterogeneidades sectoriales” publicado por la OIT en 2015 y llegó a la conclusión que “las y los migrantes trabajan más que las/os argentinas/os” y que “entre 2003 y 2013, su tasa de actividad estuvo por lo menos tres puntos arriba de la de los nacionales”.

En sus conclusiones, el informe de la OIT citado por Pacecca destaca que “en cuanto a las características sociodemográficas del grupo migrante sudamericano (en Argentina) se ha observado un claro perfil laboral, pues existe una fuerte concentración de sus integrantes en edades potencialmente activas”. Es decir, quienes llegan al país lo hacen en plena edad laboral, con experiencia y formación en distintos oficios profesiones y trabajos. Y sino, se los aprende. “Es que no les queda otra, el migrante siempre tiene, en todos los países del mundo, una tasa de ocupación superior a los nativos, porque no puede quedar desocupado: rara vez consigue todo a lo que un nativo accede por los lazos familiares que lo anteceden, desde alguien que le preste un cuarto o un lavarropas”, explicó Pacecca en diálogo con El Grito del Sur.

Pacecca resaltó también, en el marco de un artículo publicado en el blog Pescado Fresco, que “aunque trabajen más”, los trabajos que consiguen las personas migrantes “son casi siempre precarios e informales”, según el mismo informe de la OIT. “Hay 20 puntos de diferencia entre el trabajo registrado de los/as argentinos/as y el trabajo registrado de las y los migrantes”, destaca.

“No hay evidencia estadística de que los migrantes le quiten trabajo a los nativos”, afirmó. “En realidad, es complementario, porque hacen trabajos que los nativos no quieren hacer. Los puestos de trabajo que tienen disponibles son los más precarios”, agregó. Un ejemplo claro son las aplicaciones de moda como Rappi o Uber. “Son casos que recién estamos empezando a investigar, pero habría que preguntarse si esas aplicaciones no crecen sobre la base de disponibilidad de trabajo migrante en el país”, sostuvo.

Para Pacecca, “es peligroso” que los políticos y funcionarios encargados de diseñar políticas públicas “manejen semejante nivel de ignorancia” respecto de la información pública disponible y las problemáticas que deben resolver. “Los lugares comunes promueven las soluciones simplistas que desconocen la diversidad de las dinámicas y de procesos que giran alrededor de las personas nativas y las migrantes, lo que genera nuevos tipos de problemas muchísimo más graves que los que a priori intentan resolver”, aclaró. “Por eso es necesario, en este contexto, realizar diagnósticos que se basen en información concreta y real y realizada por especialistas”, subrayó.

Los criminales son otros

Para justificar la sanción del DNU 70/2017 (rechazado por la comunidad migrante y paralizado por la justicia) del que ya hemos hablado, el Gobierno apeló a una mentira no tan piadosa. Según consta en los argumentos del decreto, las personas de nacionalidad extranjera “bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años” hasta alcanzar el 21 por ciento del total. “Hay una tergiversación de los números y una trampa” en ese planteo, afirmó la coordinadora del Programa Migración y Asilo de la Universidad de Lanús, Verónica Jaramillo. “En el fondo hay una confusión no inocente entre extranjero y migrante. Efectivamente ese número es real, pero estamos hablando de delitos federales, por ejemplo narcotráfico. Si tomamos por ejemplo a las mulas que transportan drogas, no se trata de una persona que llegue al país a habitarlo y trabajar, osea efectivamente un migrante, sino de un extranjero que comete un delito en el país”, aclaró.

Para Jaramillo, “nunca hemos visto un decreto tan malo técnicamente y tan nocivo en cuanto a sus consecuencias” como el 70/2017, porque la expulsión sumarísima, uno de sus principales objetivos, “en realidad genera más inseguridad, porque lo que necesita el narcotráfico es que sus mulas sean expulsadas para que puedan quedar libres en su país y no ser juzgadas”.

Jaramillo fue una de las disertantes durante el debate en el anexo de Diputados a fines de noviembre en el que especialistas y militantes se reunieron para exponer su rechazo a la intención del Gobierno de lanzar una nueva ley de migraciones “mas dura”. Durante su intervención, se abocó a desmitificar las cifras con que el oficialismo intenta vincular inmigración con criminalidad y citó los propios datos oficiales el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las estadísticas del SNEEP marcan que los extranjeros detenidos constituyen apenas el 0,28 por ciento de la población total inmigrante. En números concretos, suena con mayor fuerza: en 2017 había apenas 5108 detenidos sobre un total de 1.805.957 de personas migrantes residentes en Argentina, de acuerdo al censo de 2010. En las cárceles federales son muchos más, por las razones esgrimidas por Jaramillo. Pero, también desmintiendo al propio Gobierno, sostiene que “la proporción de reclusos extranjeros sobre el total de detenidos no ha registrado grandes variaciones durante más de una década”. Lo cual demuestra que el “problema” que se inventaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el propio Pichetto, no existe. Y que, además, hay de por medio una injusticia: el 70 por ciento de los migrantes presos está indebidamente encerrado, porque no tiene condena firme.

Los datos citados por la investigadora fueron recabados en un informe mucho más amplio en el que trabajaron expertos de la UBA, el CONICET y CAREF, entre otros, y que fue coordinado por la UnLA y al que tuvo acceso este medio.

Para Jaramillo, en paralelo a la cuestión política, “la persecución de los migrantes es un gran curro”. “Las vallas, los programas biométricos y los dispositivos de control migratorio forman parte de toda una industria y están manejados por multinacionales que cotizan en bolsa. En EEUU, por ejemplo, ganaron millones desde la llegada de Trump”, reveló.

El que quiera oir, que oiga. Expertos disertan en el Congreso y muestras las cifras de migración en el Congreso. Foto: Nicolás Cardello

Lo que sobra es la falta de Estado.

Si hay un ejemplo claro de cómo y por qué los migrantes suelen ser usados como chivo expiatorio de los problemas que el sistema político no puede resolver, ése es el de los servicios públicos. Fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el que tiró la primera piedra en febrero de este año al impulsar el cobro de un arancel a los migrantes que utilizasen los hospitales públicos de esa provincia, como si estuvieran colapsados por esa razón.

Está probado por estudios realizados por el propio Estado que el impacto de la demanda de los migrantes en los hospitales públicos es escasa. Según la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS), que estudió en 2010 las seis jurisdicciones más pobladas del país, la población migrante apenas representa el 4 por ciento de todas las de atenciones en hospitales durante ese año. Otro estudio, encarado por la Universidad de Tres de Febrero en los hospitales del conurbano -lugar del país con mayor cantidad de migrantes-, demuestra que los migrantes representan entre el 10 y 16 por ciento de la demanda de servicios de salud. Todos esos datos fueron expuestos durante el debate en Diputados. Ese día, pese a que la convocatoria circuló con sobrada anticipación, no hubo un solo legislador jujeño dispuesto a escuchar.

En cuanto a los planes sociales, vale citar un informe reciente elaborado en conjunto por la OIM y el Consejo Nacional de Políticas Sociales, publicado recientemente, que muestra que en total la población migrante representa apenas el 4,9 por ciento del gasto social total. Y que de ese 4,9 por ciento, la mayoría del gasto se lo lleva la Anses, tanto a través de las jubilaciones como de la AUH. Un dato no menor: para que un migrante pueda ser beneficiario de ambos derechos, debe contar en el primer caso con 40 años de residencia en el país y tres el segundo. Los planes del ministerio de desarrollo social se llevan en conjunto apenas el 10 por ciento, sumados, de todo el gasto destinado exclusivamente a la población migrante.