La bisagra fue el multitudinario acto a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de septiembre del año 2017. Esa tarde noche en Plaza de Mayo, la Policía de la Ciudad inauguró un modus operandi que replicaría –con mayor violencia, organicidad y complicidad judicial– durante las protestas frente al Congreso contra el ajuste jubilatorio, unos meses más tarde, y durante la marcha en rechazo del Presupuesto 2019, en octubre de este año: represión frente a manifestaciones masivas, detenciones al voleo sobre personas de a pie y selectivas sobre militantes, infiltraciones de agentes de civil, persecución a militantes y armado de causas truchas bajo la figura de “intimidación pública”. Ese recorrido in crescendo de la violencia policial fue recogido y sistematizado en un informe recientemente publicado por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de Violencia Institucional de la Legislatura porteña, que preside la legisladora del FIT Myriam Bregman.
El informe fue elaborado durante siete meses, en los que la Comisión citó en la Legislatura y escuchó los testimonios de referentes de organizaciones sociales y sindicales y de derechos humanos, entre ellos el CELS, el CeProDeh, la Correpi, el SiPreBa y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. También testificaron Roxana Cainzos, madre de Nehuén Rodríguez, asesinado por la entonces Policía Metropolitana; el docente Daniel Sandoval y el militante de la Federación de Organizaciones en Lucha (FOL), Horacio Ramos, quienes perdieron un ojo por los balazos de goma que la Policía de la Ciudad disparó el 18 de diciembre del año pasado en las inmediaciones del Congreso.
“Durante 2017 y 2018 (se registró) un aumento en la criminalización de la protesta y la pobreza, con métodos que a todas luces no sólo son cada vez más violentos, sino también ilegales”, concluye el informe. “La Policía de la Ciudad lleva adelante un modus operandi donde las durísimas represiones incluyen una cacería a todo aquel que haya participado o no de la movilización o se encuentre circulando por las inmediaciones de la misma. El agravante es que se les imputa a los detenidos la (incomprobable e imprecisa) figura de “intimidación pública”, con penas que impiden la excarcelación y siendo un delito que se dirime en el fuero federal, lo que constituye un agravante en la política de criminalización donde actúan en común el Poder Judicial y los Gobiernos nacional y porteño”, describe el trabajo.
El informe también señala los desalojos permanentes de los manteros senegaleses del espacio público. “A esto se suma la evidente determinación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de sacar de la vía pública a quienes sobreviven de la venta o las producciones artísticas callejeras por carecer de otro medio de subsistencia, lo que reviste una evidente gravedad en el marco de la crisis económica y social creciente”, agrega el escrito.
