Paradojas del destino. El Hotel Bauen S.A. se construyó para el Mundial de Fútbol Argentina 1978 a través de un crédito blando otorgado por la dictadura cívico-militar al empresario Marcelo Iurcovich, quien jamás abonó la plata correspondiente a esta edificación. Veinticinco años más tarde, el Bauen inició un camino decisivo tras la quiebra que lo convirtió en poco tiempo en un símbolo del trabajo autogestionado y en una de las empresas referentes dentro del cooperativismo. En diciembre de 2016 el Senado argentino aprobó la ley que declaró «de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles y todas las instalaciones del edificio Hotel Bauen», pero rápidamente el presidente Mauricio Macri vetó esta norma y rechazó que el inmueble situado en pleno microcentro porteño quedara escriturado a nombre del Estado para ser cedido en comodato a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que lo autogestionan desde hace 15 años. Luego de dos años de relativa calma, el Bauen se prepara para un 2019 de resistencia debido a la posibilidad cierta de una nueva avanzada judicial para lograr el desalojo de las más de 80 personas que trabajan allí.
Un día después del habitual brindis de fin de año, les integrantes de la cooperativa recibieron la peor noticia. El pasado 28 de diciembre el Consejo de Administración informó que «en el día de la fecha hemos recibido la noticia respecto del rechazo por parte de la Corte Suprema del recurso extraordinario presentado por nosotros», que planteaba la idea de que el Congreso pudiera volver a votar la ley vetada por el presidente Macri con la necesaria aprobación de los dos tercios de ambas Cámaras. «Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva nuestra causa, entraremos (una vez más) en una difícil situación judicial en los próximos meses», agrega el breve comunicado difundido a través de redes sociales.
En diálogo con El Grito del Sur, el vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauen, Federico Tonarelli, explicó que «cuando Macri veta la ley la Justicia reactiva la causa de desalojo porque dice ¨al no haber ley, no hay solución al conflicto¨. Ahí empieza toda una discusión jurídica que termina en la Corte Suprema: la Constitución plantea el mecanismo de insistencia, dado que si el Ejecutivo veta una ley, el Congreso puede dejar sin efecto ese veto si vuelve a votar esa ley con dos tercios de ambas Cámaras. Lo que no dice la Constitución es qué plazo tiene el Congreso para ello. La jueza de primera instancia entendía que no había plazo y que, si el Congreso no votaba automáticamente, perimía esa posibilidad. Nosotros, en cambio, considerábamos que si un proyecto de ley tiene estado parlamentario de dos años, como mínimo el Congreso tenía que tener ese tiempo para lograr la insistencia. Lo que hizo la Corte el viernes pasado fue desestimar nuestro pedido».
«Ahora viene la feria judicial y la Corte va a notificar esa resolución seguramente a la Cámara de Apelaciones, luego al Juzgado de Primera Instancia y, más tarde, este último va a proceder a ponernos una fecha de desalojo para que liberemos las instalaciones. Las veces anteriores, cuando nos pusieron fecha, nunca fue automático. Visto que esto es un monstruo y que la empresa trabaja, no podés hacer la valija e irte en 24 horas. A mediados de febrero o marzo nos llegaría una fecha con un plazo de 30, 60 o 90 días», contó Tonarelli.
«Nos vamos a juntar en estos días con los abogados para armar la estrategia. Va a ser una estrategia dual, donde se buscará algún resquicio jurídico para seguir peleando y veremos con las sesiones ordinarias en el Congreso qué margen hay para votar la ley nuevamente. La Corte Suprema considera que ya no tenemos plazo, con lo cual si nos atenemos a eso habría que presentar un nuevo proyecto de ley. Veremos sobre todo la estrategia más rápida porque el Juzgado no va a tardar mucho en imponernos una fecha para dejar el hotel. Más allá del conflicto jurídico-político, esto implica un desastre económico para nosotros porque, en caso de llegarnos una fecha de desalojo,los proveedores no quieren bajarte mercadería si no les pagás contado y las agencias de turismo no quieren hospedar gente, lo que hace que repercuta automáticamente en las finanzas de la cooperativa», afirmó.
«En marzo cumplimos 16 años. Y el litigio está presente desde el mismísimo día en que se formó la cooperativa. Sin hacer alarde de nada, hay una gimnasia en esto de vivir en una situación muy complicada, lo que no quita que te angustie y que nos preocupe el hecho de una facturación caída a pedazos. El Bauen trabaja como un hotel convencional; últimamente la hotelería trabaja mucho con aplicaciones y tenemos promociones permanentes en portales como Despegar», agregó.
El vicepresidente de la cooperativa que gestiona el Bauen afirmó además que «el macrismo está absolutamente en contra de que los trabajadores gestionen sus propias empresas y mucho menos si esas empresas se gestionan a partir del cierre de una empresa de capital anterior». «Esto es filosófico e ideológico -opinó-. El macrismo atenta contra las empresas recuperadas de todas las maneras posibles, vetando los proyectos de ley que se sancionan en la Legislatura o bajando los programas de asistencia para las cooperativas de trabajo que existían los ministerios de Producción y Trabajo. En el caso nuestro en particular, hay una doble cuestión que los pone en la vereda de enfrente. El estudio de abogados que patrocina al viejo Grupo Bauen está integrado por funcionarios del macrismo: Susana Espósito es una de las apoderadas y es comunera del Pro en la Comuna 5. Ella además es la esposa del director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ricardo Pedace. Acá no sólo se pierden los puestos de trabajo, sino que el Estado vuelve a perder un activo después de haberlo solucionado a partir de esta ley».
