Ni el chori ni la coca

Larreta, en guerra contra el chori

El Gobierno de la Ciudad prohibió la venta de choripanes a la salida de la cancha y puso en riesgo el sustento de más de 250 familias. ¿Cuál es el negocio de fondo en la guerra contra la principal comida popular argentina?

En los últimos días, la decisión del Gobierno de la Ciudad de prohibir la venta de choripanes, patys y bondiolas a la salida de las canchas de fútbol generó gran revuelo. Según se informó en el Boletín Oficial, el gobierno de Rodríguez Larreta no otorgará más permisos “para la elaboración y expendio de productos alimenticios en las inmediaciones de los estadios de fútbol de la Ciudad en los días y horarios en que se lleven a cabo eventos deportivos”.

El Ejecutivo porteño argumenta que esta medida es parte de su “combate contra las barras”, que la prohibición de la venta en el espacio público -a la salida de eventos deportivos o espectáculos musicales- es un golpe a las “mafias” enquistadas en los clubes porteños. Otras voces, como la del ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, recalcaron que se trata de un ordenamiento dirigido a “regularizar el entorno deportivo y garantizar la seguridad”. Por su parte, su principal aplaudidor, la prensa hegemónica argentina, se hizo eco del tema y lo enarboló como una conquista en su cruzada contra “trapitos” y “manteros”, la supuesta causa de todos los males que aquejarían a los porteños.

La otra cara de la moneda resalta que más de 250 familias podrían perder su principal fuente de ingreso si se concretase esta iniciativa. “Parece ser que los laburantes que vendemos comida, bebida o merchandising somos barrabravas. Nosotros no tenemos ningún vinculo con esta gente: somos buscas que vendemos en eventos deportivos y espectáculos así como todos los días vendemos en la calle. Con esta disposición se ven afectadas 250 familias que no sólo venden comida y bebida, sino también vinchas, banderas y merchandising”, explicó a El Grito del Sur Pablo Dorigo, responsable de la rama de vendedores y artistas de espacio público de la CTEP Capital.

Dorigo Trabaja desde hace años en la calle y conoce de primera mano las dificultades de vender en el espacio público. “El GCBA nos tiene como chivo expiatorio y con esta medida justifica que puedan salir también contra manteros y vendedores ambulantes, porque les suma para la campaña electoral. La realidad es que siempre hay un negocio atrás. Con esto buscan allanarle el espacio a otros grupo o empresas para que exploten este negocio”, agregó.

La hipótesis no parece errada: en las últimas semanas hubo hechos de violencia institucional en el Once, la zona de Avenida Avellaneda y en la feria de San Telmo, los trabajadores enfrentan un intento de desalojo de los artesanos para instalar una feria gastronómica compuesta de FoodTrucks. “Hoy el Gobierno tiene un nuevo negocio: los Food Trucks, lo mismo que hacemos nosotros pero con una lavada de cara. Camioncitos muy lindos pero somos lo mismo”, denunció. “El tema bromatológico, que suele ser su acusación contra nosotros, es lo que queremos tener para regularizarnos. Por eso nos venimos organizando hace bastante y reclamando que se nos regularice,  para poder seguir laburando”, sentenció.

La guerra contra el chori tiene dos aristas claras. Por un lado, la económico-política: la disputa por el espacio público, la expulsión de los trabajadores de las calles, el reemplazo de la economía popular por una explotación formal, empresaria y chic. Por otro lado, subyace una batalla cultural: la guerra contra el chori es un ataque a la gastronomía popular argentina por excelencia, a la comida barata tras el espectáculo masivo, una apuesta más a la conformación de una cultura de élite, que expulsa a los pobres de los espectáculos y condena a los que pueden asistir a pagar precios exorbitantes.

Frente a un gobierno que condena todo lo popular, parece que el chori será una nueva bandera de resistencia.