Milagro sala fue condenada anoche a 13 años de prisión por “defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión” en la causa conocida como los “Pibes Villeros”. Es la segunda condena que recibe la líder de la Tupac Amaru: la primera fue por haber “instigado y organizado” diez años atrás un escrache con huevos –del que no participó- al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Todos los procesos legales que pesan sobre la dirigente social están bajo sospecha desde que Morales modificó la composición de la Corte provincial para garantizarse la mayoría, colocando allí legisladores de su propio partido. Milagro lleva tres años con prisión preventiva. Desde entonces fue procesada en 6 causas, una de ellas por homicidio, de las que resultó absuelta. Fue detenida el 16 de enero de 2016, cuando su organización realizaba un acampe frente a la gobernación. Su detención fue cuestionada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, y su liberación fue ordenada en más de una ocasión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre detenciones arbitrarias. En el transcurso de estos tres años, la Tupac Amaru fue desarticulada, sus principales obras de carácter social se abandonaron o fueron cooptadas por dirigentes de la UCR, y los casos judiciales que la tienen como protagonista fueron usados como propaganda para fortalecer la imagen del gobernador. El fallo de ayer se inscribe en esa zaga.
Si bien todavía no se conocen los fundamentos del fallo –habrá que esperar 10 días–, desde la defensa de Milagro señalaron varias irregularidades en el juicio que, esperan, podrían revertir la situación en otras instancias. “Vamos a ir a la Corte Suprema y a la CIDH si es necesario, no sólo para demostrar las arbitrariedades del poder judicial, sino porque la situación política en algún momento va a cambiar y la verdad va a salir a la luz”, dijo una de las abogadas defensoras de la dirigente, Elizabeth Gómez Alcorta. Estas son algunas de ellas:
- -Alejandra Tolaba, presidenta del tribunal oral N°3 de Jujuy que condenó ayer a Milagro, ocupa ese cargo de forma subrogante por una decisión por lo menos arbitraria del poder judicial que Morales maneja a gusto y piaccere. En 2017, Tolaba se presentó a concurso para el cargo, pero lo perdió: sacó un puntaje bajísimo (15 sobre 40), un “reprobado. La abogada con mayor puntaje, Sara Cabezas, no ingresó al tribunal. En su lugar ingresó Tolaba. Algo similar pasó con las otras dos juezas que integran el tribunal, Carolina Pérez Rojas y Cecilia Sadir, que también sacaron bajo puntaje.
- Uno de los testigos que declaró en contra de Milagro, Raúl Ezequiel Aguilera, fue detenido en la víspera de la audiencia luego de ser detenido en Formosa con un kilo de cocaína en su poder, supuestamente para comercialización. Aguilera es empleado municipal e hijo de la diputada provincial por Cambiemos Mabel Balconte. El Ministerio Público de la Acusación jujeño, que solicitó 22 años de prisión para Milagro, había pedido la absolución de Aguilera.
- Las pruebas se basaron en fotocopias (nunca se consiguieron los originales) de los supuestos desvíos de fondos. Además, la prueba fundamental fue un video en el que se ve a militantes de la Tupac retirar de una sucursal del Banco Nación bolsos con dinero, pero nada más. La defensa alegó que no fueron entregados a Milagro y que la organización no usaba transferencias bancarias. La defensa denunció, además, que la referente fue imputada por hechos que más tarde no figuraron en la elevación a juicio.
La sentencia llegó apenas 48 horas de que la prisión preventiva que mantiene presa a Milagro se venciera.
