Grave denuncia de los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte

Despedido por enfermarse

Trabajadores del Hospital en salud mental Laura Bonaparte se mantienen en estado de alerta por el despido injustificado de un profesional, situación que, denuncian, se inscribe en una estrategia de persecución y desguace dirigida por el interventor del establecimiento, Ignacio O’ Donnell.

El despido de un profesional que se encontraba con licencia psiquiátrica desde agosto pasado despertó las alarmas de los trabajadores y las trabajadoras del Hospital especializado en Salud Mental Laura Bonaparte (ex CeNaReSo). La comunidad del establecimiento que lleva su nombre en homenaje a una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo se declaró en alerta ante la decisión y responsabilizó en un comunicado difundido esta semana al interventor general del organismo, Ignacio O’ Donnell, por el futuro de la salud del médico despedido, que dependía de su salario para poder pagar su tratamiento.

Los trabajadores denunciaron que el profesional despedido solicitó a las autoridades intervinientes en más de una ocasión que se le cambien días y horarios y un traslado de servicio, pero que fue cesanteado por “ausencias injustificadas”, un argumento curioso si se tiene en cuenta que se trata de un hospital especializado en salud mental.

Según denunció uno de los trabajadores en diálogo con El Grito del Sur, O’ Donnell llegó a plantear en una reunión con delegados de ATE que “el Estado no está para mantener enfermos”. Para los trabajadores, se trata de una maniobra más entre una larga lista de irregularidades en los manejos del hospital, que van desde “internaciones y altas sin ningún tipo de criterio” hasta “la decisión de no atender a pacientes ambulatorios”.

“Producto del ajuste y la situación social, la gente padece cada vez más algún tipo de problema relacionado con su salud mental, también adicciones. Es algo que vemos todos los días y, lamentablemente, las autoridades no están dispuestas a brindarle una respuesta a esa población desde la salud. Estamos saturados, no damos abasto para trabajar”, contaron a este medio.

Desde la junta interna de ATE precisaron, además, que cada vez es más habitual la presencia policial en el establecimiento y que la dirección se maneja de forma autoritaria, además de haber sufrido un recorte en el presupuesto de este año, como parte de una estrategia de desguace. “Esto es salud, no un régimen penal”, sostuvieron.