Mano dura y cuentos para niños

Casi dos meses después de haber lanzado la iniciativa, el oficialismo dio a conocer el anteproyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a 15 años. La iniciativa tiene pocas chances de prosperar en el Congreso y, apenas nacida, fue catalogada de "demagogia electoral".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentaron finalmente hoy el anteproyecto de ley penal juvenil, que ya nació muerto: pese al impulso que el oficialismo pretende imprimirle a la mano dura como eje electoral, lo cierto es que la iniciativa tiene escasas chances de prosperar en ambas cámaras. Ayer, los diputados del Frente Renovador presentaron otro texto mucho más duro y acusaron al Gobierno de no querer ir a fondo y de montar una escena para la tribuna. Se descuenta, además, que los legisladores que responden a Cristina Kirchner y a las diversas expresiones de la izquierda y el progresismo mantengan su postura histórica y rechacen discutirlo, en línea con lo que expresan organizaciones sociales y de Derechos Humanos, que esta tarde se manifestaron frente al Ministerio que conduce Garavano bajo la consigna «No a la Baja».

Durante la conferencia de prensa, ambos ministros mecharon discursos de mano dura y la promesa de mayor seguridad con alusiones a los derechos del niño y a la «vulnerabilidad social» como causante de la incidencia de menores en el delito. Garavano describió al proyecto como «integral» y lo adornó con el «abordaje multidisciplinario que dé respuesta a los jóvenes en conflicto con la ley penal» que está incluido en el texto. Por su parte, Bullrich destacó que el proyecto «tiene un objetivo concreto, que haya menos delincuentes y menos presos». Ninguno de los dos presentó estadísticas ni datos concretos que avalen la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, eje central de la polémica.

Más tarde, a través de las redes sociales, la ex ministra de Trabajo de la Alianza difundió un video explicativo con los puntos básicos del proyecto, ilustrado como un cuento para niños, a quienes el Estado empezaría a aplicar la ley penal si el proyecto fuera aprobado en el Congreso.

La conferencia arrancó alrededor de las cuatro de la tarde. Ya desde la 13 hs, organizaciones sociales agrupadas en la red Argentina No Baja montaron guardia frente al Ministerio de Justicia, en pleno centro porteño, para repudiar la iniciativa. “No es aumentando el nivel altamente punitivo del sistema penal como se va a resolver la inseguridad», afirmó desde la marcha la titular de la CORREPI, Maria del Carmen Verdú. «Creemos que los niños y las niñas no son peligrosos sino que están en peligro», aseguró.

El proyecto también recibió críticas por derecha. «Por falta de vocación y de voluntad política, el Gobierno sigue haciendo anuncios publicitarios en temas de seguridad», disparó ayer la jefa del bloque de Diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, durante la presentación en el recinto del proyecto de ese espacio para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal. El massismo apuesta a reflotar un proyecto que, casualmente, presentó en 2015, año electoral. Dentro de esa reforma, el FR propone que la edad de imputabilidad sea de 14 años y no de 15, como plantea el Gobierno. Para muestra, sobran botones: «El Gobierno trata a los menores con algodón para que no se paspen», disparó el «especialista» en materia penal convocado para la presentación, Ramiro Gutiérrez.

QUÉ DICE EL ANTEPROYECTO

La propuesta salió de boca de la ministra Bullrich a comienzos de año, pero la letra chica de la iniciativa se conoció recién esta tarde, pese a que un borrador se filtró cuando el debate sobre la responsabilidad penal juvenil tomó temperatura a mediados de enero, fecha en la que incluso se llegó a especular con una posible candidatura a vicepresidenta de la ex ministra durante el gobierno de Fernando De la Rúa, quien podría acompañar en la boleta a Mauricio Macri si Cambiemos decide impulsar con fuerza la agenda punitiva en la campaña.

El proyecto consta de 100 artículos repartidos en 16 capítulos. Entre otras cuestiones, contempla que los delitos cometidos graves (homicidios, violaciones, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robos con armas de fuego) por adolescentes de 15 años sean objeto de condenas penales, y podrían ir a la cárcel «como última instancia». Para los mayores de 15 y menores de 18, regirá la penalidad máxima de 15 años de prisión, pero podrán ser juzgados también por delitos contra la propiedad.

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