El Código Penal del Gobierno, en 6 puntos fundamentales

Código Bolsonaro

Migrantes, "motochorros", corrupción, gatillo fácil y aborto: el proyecto de ley que modifica el Código Penal es mayormente regresivo en materia de derechos y favorable al sector "pro-feto". Éstos son sus principales ejes.

Luego de varias idas y vueltas, el Ejecutivo presentó finalmente ayer en el Congreso el proyecto de ley de modificación del Código Penal. Tal como se esperaba, el texto, que ingresó en el Senado, es la cristalización del discurso de mano dura al que apelan varios de los funcionarios de primera y de segunda línea de Cambiemos, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza. El proyecto endurece las penas de los delitos cometidos (supuestamente) por los sectores que el Gobierno eligió como sus enemigos: la corrupción, los motochorros, los migrantes y los piqueteros. Al difundirlo vía redes sociales, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dio el primer indicio del recorrido electoral que tendrá su (complicado) tratamiento en ambas cámaras cuando aseguró que el nuevo código debe dar «respuesta a los reclamos de la sociedad».

Los sectores antiderechos, por su parte, están de fiesta: el nuevo código limita aún mas el acceso al aborto legal respecto al código vigente (de 1921) e implica un severo retroceso, incluso teniendo en cuenta la ampliación de causales que impuso la Corte Suprema en 2012 a través del fallo FAL.

Aquí, un resumen de los principales tramos del proyecto:

-Migrantes: En el nuevo código suben todas las penas para migrantes que «utilicen documentación falsa» o «reingresen al país pese a haber sido deportados».
-Organizaciones sociales: Insólitamente, «entorpecimiento del transporte público» pasará a ser una nueva figura legal, y los enfrentamientos con la Policía en las represiones tendrán pena no excarcelable, es decir de tres años.
-«Motochorros»: Así, textual, se incorpora una nueva figura penal. La modalidad de robo sobre ruedas tendrá un agravante en la pena por sobre el robo común.
-Gatillo fácil: Uno de los puntos más polémicos, en sintonía con la doctrina Chocobar. Pasará a ser «no punible» el uso de armas en las «actuaciones preventivas» de las fuerzas de seguridad.
-Corrupción: Aumentan de 4 a 12 años las penas por «cohecho», «sobornos»y «enriquecimiento ilícito» (actualmente van de 1 a 6 años).
-Aborto: La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y organismos como el CELS ya le habían planteado al Gobierno que no estaban de acuerdo con el nuevo código. Además de continuar penalizando la IVE, el nuevo código incorpora la figura de “aborto culposo” y, si bien baja la pena de 4 a 3 años, son los jueces los que deciden sobre ella de forma discrecional.

La reforma del régimen penal juvenil, que en un principio se especuló que formara parte del paquete del Código Penal, finalmente tendrá su tratamiento aparte y desde el Gobierno dejaron trascender que, por ahora, no es la prioridad. Lo que resta definir es si en un año electoral como éste el Congreso le dará cauce a un proyecto tan abarcativo y fundamental para la sociedad civil. Cambiemos, se sabe, está lejos de la mayoría en ambas cámaras y bloques como el del Frente Renovador y Argentina Federal, que en su momento aportaron votos clave para aprobar iniciativas oficiales, ya adelantaron que rechazarán el proyecto.