Luis Duacastella

“Hay una utilización del delito como forma de cohesión”

A solas con El Grito del Sur, el Defensor General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires no esquiva el bulto y habla de todo: migrantes, baja de la edad de imputabilidad, prostitución, drogas y seguridad democrática.

Luis Duacastella nos recibe en su oficina del primer piso del Ministerio Público de la Defensa, en el barrio porteño de San Telmo. Es uno de los principales especialistas en defensa de derechos democráticos y, durante la media hora de charla, no esquivará ninguno de los temas de agenda: desde la legalización de la marihuana hasta la baja de imputabilidad, e incluso aventurará algunas líneas para empezar a pensar la compleja propuesta de construir una seguridad democrática.

El Gobierno presentó, en año electoral, un proyecto de baja de la edad de imputabilidad. ¿Sirve esta decisión en materia de seguridad o es sólo un eslogan de campaña?

En principio, desde lo jurídico, afecta el principio de no regresividad y, desde la seguridad, no tiene ningún efecto. Además viola los derechos del niño y demás convenciones. Germán Garavano convocó el año pasado, en Justicia 2020, a debatir este tema: participamos 28 organizaciones y 26 votamos por el “no a la baja”. A su vez, no existen datos que permitan sostener que esto puede mejorar la situación de seguridad. En relación a los homicidios o delitos graves cometidos por menores de 16 años, en 2018 la Ciudad de Buenos Aires sólo registró uno y aún se duda si fue así. Con esta decisión Argentina se está metiendo en un problema que puede terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Creo que es una medida de “seguridad electoral”, para afianzar el voto fuerte que tiene el punitivismo general.

La derecha, a nivel regional, aprovechó el discurso de la seguridad para afianzar su línea de mano dura. Del otro lado hay una ausencia de respuesta a este tema. ¿Qué implica pensar una agenda de seguridad democrática?

Primero, que la conducción de la policía sea política, que esté a cargo de un funcionario cuya cabeza va a rodar si erra en la política, como cualquier político. Segundo, buenas remuneraciones sin horas extras. Que no haya este tipo de manejos dentro de la policía, porque hoy en día el comisario disciplina con eso: da doble turnos aunque no lo hagan, si no se hace lo que el comisario dice vivís del sueldo que es una miseria. Este es un aspecto importante para tener una buena policía muy profesionalizada. El tercero es una deuda de la democracia: los institutos de formación policial no terminan de hacer una buena tarea en Derechos Humanos. Yo fui 14 años profesor del Instituto de Seguridad Pública de la Ciudad y siempre les dije a los alumnos que yo les vendía una profecía, que todo esto que les enseñaba, cuando llegaran a la comisaría, iba a llegar el taquero y les iba a decir: “Acá las cosas se hacen como yo digo”. Son 6 meses de Derechos Humanos contra 25 de práctica profesional.

Desde el oficialismo hay un endurecimiento de su política con relación a los migrantes. Sin embargo, las cifras muestran que es mucho menor el porcentaje de migrantes presos que de argentinos. ¿A qué obedece entonces esta caracterización negativa?

Nuestra Constitución invita a la migración: la idea de Sarmiento y de Alberdi era que vinieran migrantes. Además, en nuestro país, tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Después está la mirada que plantea que en el aspecto laboral el migrante le saca puestos de trabajo a los argentinos y, desde el aspecto penal, se lo estigmatiza como delincuente. Sin embargo, las estadísticas no dan esa proporción: si uno toma la población paraguaya y ve el porcentaje de detenidos en cárceles, es mucho menor. Podríamos decir que los paraguayos tienen una conducta ejemplar respecto a los argentinos. Hay una utilización del otro, del que es distinto, que entra dentro de la lógica del delito. La utilización del delito como forma de cohesión dice que aquel es un enemigo y todos nos unimos contra él. Utilizan al migrante en este sentido. Estamos preocupados por el DNU 70 que establece procedimientos sumarísimos y prevé que, ante una sentencia no firme, permitan la expulsión del extranjero. Es una violación al principio de presunción de inocencia.

¿Qué sucede, cuando después de todas estas construcciones de migrantes y menores, se instala en la sociedad la cultura del linchamiento?

Si yo, en vez de fortalecer las instituciones, salgo a decir que los jueces no pueden liberar a todos, que existe una puerta giratoria, la gente deja de confiar en la Justicia. Es como que yo diga, siendo juez, que no voy a aplicar la ley porque nadie la respeta. O que no voy a pagar los impuestos porque no veo que vuelvan en beneficios hacia mi. Esta anomia lleva a la venganza. Yo estoy de acuerdo en que la víctima no va a quedar necesariamente satisfecha con lo que el Poder Judicial hace. Ahora, acá le están abriendo la puerta a otro interés que no está representado. La sociedad delegó al Estado el poder de aplicar penas y, a medida que yo bastardeo esta función, aparecen los linchamientos. No sirve para la democracia ni para solucionar la inseguridad, es simplemente un recurso discursivo.

Recientemente el MPD intervino en el caso de dos chicas trans que reclamaban un amparo habitacional. ¿Cuál es el abordaje que realizan con esta población?

Fue un caso de visibilización de derechos. Estas chicas vivían en una asentamiento, en Lamadrid, bajo el Puente Pueyrredón, donde viven aproximadamente 400 familias que debían ser relocalizadas por estar en los márgenes del Riachuelo. Cuando se resolvió que estas familias iban a ser relocalizadas, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) hizo un censo. Estas chicas no fueron censadas, porque tienen miedo, porque el Estado no las protege por múltiples factores. Cuando llegó el momento del traslado, nosotros planteamos que ellas estaban desde antes de 2012 y utilizamos el sistema penal para acreditarlo: habían sido detenidas por la policía en varias oportunidades, por hechos vinculados a la prostitución, y allí el propio Estado había constatado su domicilio. Hicimos el reclamo y fueron incluidas en una operatoria de créditos, donde lograron escriturar y pagarán su vivienda con el fruto de su trabajo. Pero lo que sucede es que se invisibiliza el derecho de la población trans a través del miedo: porque son maltratadas, porque sus derechos están en leyes pero no se cumplen.

Sos defensor de todos los vecinos de la margen izquierda del Riachuelo. ¿Qué sucede con la urbanización y la relocalización de los vecinos?

Una de los tres grandes puntos de la sentencia del caso Mendoza de la Corte Suprema de Justicia, que tiene ya 10 años, es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca. Eso implica relocalizar a la gente que está en los espacios más contaminados: el Pueblito, Magaldi, Villa 26 y Luján (que ya se mudaron casi totalmente) y, por otro lado, quedan la Villa 21-24 y Lamadrid. El resto de los vecinos, que no fue relocalizado, quedó con el derecho a la Ciudad: luz, agua, cloacas, pavimento. Sin embargo, Aysa, Edesur, Edenor y Metrogas no brindan estos servicios, a pesar de que tienen como área de concesión el Riachuelo y la General Paz. Pero nadie se los exige, ni siquiera se licita la recolección de basura. A los que deben mudarse se los debe relocalizar y el resto tiene que ser urbanizado.

Este 2019 llegó con una disputa cada vez mayor por el espacio público: desalojo a vendedores ambulantes, persecución a trapitos, hostigamiento a trabajadoras sexuales. ¿Qué hay de fondo en la disputa por el espacio público de la CABA?

En 1996, cuando se aprobó la Constitución de la Ciudad, el pacto fundamental fue quitarle a la policía el control hegemónico del espacio público. Por eso se derogaron los edictos, se aprobó un sistema de infracciones y, de alguna manera, se decidió sólo penar el uso excluyente del espacio público. Originalmente no había sanción de la prostitución callejera, de la venta en la vía pública, de los cuidacoches. Se fueron agregando con el tiempo y aparecieron un montón de figuras: de hecho, la última reforma incluyó a los limpiavidrios. Son todas actividades de subsistencia en la vía pública. De ninguna manera avalo la violencia para la subsistencia; una cosa es mendigar y otra ponerte un cuchillo o amenazar con romperte el auto. Pero un trapito de Las Cañitas, que siempre está en la misma cuadra, trabaja con los restaurantes y tiene que volver al día siguiente, no va a amenazar con romper un coche, vive de eso. Sucede entonces que se criminaliza esa forma de subsistencia. Mientras el Estado no pueda dar respuesta no debería criminalizar la subsistencia. En todo caso la debería regular. Los cuidacoches podrían regularse tranquilamente. Sin embargo, se va a regular el estacionamiento medido con una app, en toda la Capital, en beneficio de una empresa.

¿Qué sucede con las detenciones por marihuana en CABA? 

Es una discusión que existe desde hace 40 años, cuando salí de la Facultad. La Corte fue para un lado y volvió para el otro. La ley actual prevé con pena de prisión la tenencia para consumo personal, con lo cual la policía está habilitada a detener a una persona que encuentre in fraganti. La Corte dijo que esa figura es inconstitucional en un caso concreto, el caso Arriola. Solamente en enero, ingresaron aproximadamente entre 500 y 600 casos, en los que no se elevó trámite, o sea que la Fiscalía los archivó. Pero la persona sufrió una detención, con pedido de antecedentes. Frente a esta situación el fiscal de la Ciudad de Buenos Aires cambió la regla y ahora se los identifica y se los suelta desde el lugar de los hechos. Si el fiscal considera que tiene fines de comercializacion, se reabrirá esa causa.

¿Serviría la legalización?

Si no se la penaliza debe ser una actividad regulada como cualquier estupefaciente o psicotrópico, tal es el ejemplo de las bebidas alcohólicas o los cigarrillos. Son actividades toleradas, no fomentadas. Pero la despenalización, sin un marco normativo que regule en la materia, sería una señal equívoca.