Me dijeron que en el reino del revés

Un genocida condenado a perpetua denuncia a su hija por “deshonra”

Se trata de Eduardo Kalinec, alias Dr. K, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad. Bajo la figura de “indignidad”, el genocida busca quitarle a su hija Analía los derechos sobre la herencia de su madre, fallecida en 2015.

El cuarto mandamiento, de los diez que entregó Dios a Moisés en dos tablas en la cima del Monte Sinai, reza que se debe rendir honores a sus progenitores. “Honrarás a tu padre y a tu madre”, dice la Biblia, incluso antes de “no matarás”. Sucede que en el caso de Analía se complica el tema: su padre, Eduardo Emilio Kalinec, alias “Doctor K”, es un comisario condenado a cadena perpetua por haber participado en el circuito ABO, acusado de delitos de lesa humanidad como homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos.

Analía Kalinec es una de las fundadoras de “Historias Desobedientes”. La organización se formó en 2017 con un grupo de hijos e hijas de genocidas que repudiaban el accionar de sus padres y adherían a los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia. Psicóloga, docente y delegada en UTE, Analía decidió enfrentar el mandato familiar y el pacto de silencio. Para la familia, el hecho de que Analía condenara la nefasta historia de su padre suponía una traición: el Dr. K y sus dos hermanas (ambas policías) cortaron todo vínculo y la acusaron de las desgracias familiares. Con este morboso recurso, Analía fue acusada de la condena del padre, de la deshonra familiar e incluso de la posterior muerte de su madre.

Mi viejo el genocida

Pero ahora, el caso tomó notoriedad pública luego de que la organización denunciara la acción  impuesta por el genocida contra su hija, con la carátula de “deshonra” y el objetivo de inhabilitarla de los derechos sobre la herencia de su madre, fallecida en el año 2015. Esta exclusión de herencia, interpuesta por el padre y las dos hermanas menores, se basa en la denuncia de que Analía fue “detectada por grupos activistas” en la Facultad de Psicología de la UBA para hacer “declaraciones públicas en medios de prensa agraviantes, difamatorias y falaces”.

“La notificación llegó por cédula judicial el 22 de febrero, coincidente con el “infeliz cumple” de mi padre genocida”, explica Analía en diálogo con El Grito del Sur. “Como colectivo entendemos que es un hecho que trasciende lo particular de un caso y se instala en el interior de nuestra historia como país: un genocida sigue presentándose en la Justicia Civil, negando su criminalidad y su sentencia, con un discurso manipulador y negacionista, y queriendo declararme indigna”.

“Lo preocupante es que la denuncia se presenta con mis hermanas, segunda generación, ambas policías, lo que deja muchas preguntas para pensar”, agrega. “Reproducen la lógica de eliminación del que piensa distinto y refuerzan su idea de victimización. Incluso mi padre expresa su voluntad de desheredarme en vida, a pesar de que las leyes argentinas no contemplan esta figura”.

Desde la organización sostuvieron en una declaración pública que los familiares de personas involucradas en delitos de lesa humanidad tienen “el derecho y el deber moral de expresar el no consentimiento con los actos criminales perpetrados por sus familiares”. “Desobedecemos la incondicionalidad filiatoria hacia aquellos familiares que nos mintieron, ocultaron y defraudaron. Que fueron capaces de secuestrar, torturar, robar, violar, asesinar y desaparecer. Desobedecemos, por lo tanto, a la complicidad familiar. Desobedecemos el temor, el sometimiento, la violencia. Desobedecemos la vergüenza y el silencio. Porque no sólo desobedecemos la ley del padre; también desobedecemos el mandato social que nos insta al silencio y nos identifica con el genocida y con el pensamiento genocida”, finaliza el comunicado.

“Esperamos que la jueza de la causa se explaye cuando dicte sentencia y pueda hacer una lectura política y social en relación al fallo. Desde su inconstitucionalidad hasta la defensa del derecho a la verdad. Incluso señalar y denunciar la tergiversación de los hechos y la utilización de las vías legales para fines maliciosos”, concluye Analía.