Gervasio Muñoz

“La clase política piensa y vive como el mercado inmobiliario”

Presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz habla en una charla a fondo de la situación en el sector, de la importancia de aprobar una ley de alquileres y de los vínculos entre el poder político y la Justicia para favorecer al mercado inmobiliario.

Gervasio Muñoz nos invita a pasar al pequeño y austero departamento del barrio de La Paternal en el que vive. Look informal, el mate infaltable, amontonamiento de libros en su cama, una foto para el recuerdo con Cristina Fernández de Kirchner y el banderín rojo de una de las revoluciones populares que transformó Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX. Con la preocupación de tener que terminar un aporte escrito suyo para un libro ajeno referido a ciertas áreas problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, pero con visibles ganas de conversar, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados habla de la situación que viven aquellos y aquellas que deben pagar un alquiler todos los meses, de la necesidad de avanzar con una regulación de los alquileres para terminar con los “abusos” y de la complicidad del poder político y la Justicia con el mercado inmobiliario, entre otros temas que se tocaron en una profunda charla con El Grito del Sur.

Después de un 2018 en que el poder adquisitivo perdió por goleada contra la inflación, ¿cómo llegan los inquilinos de todo el país frente a la posibilidad de seguir cumpliendo sus obligaciones por el pago del alquiler?

La situación es difícil, porque obviamente el marco económico atenta contra la posibilidad de acceder en forma más o menos justa al alquiler y de sostener el pago. Pero hay algo más de fondo que no va de la mano del salario: si vos no regulás la rentabilidad, una persona que tiene cinco viviendas hoy pasa en el lapso de 5 años a contar con diez viviendas. Si una familia ingresa al alquiler, difícilmente pueda salir del alquiler, aunque tenga buenos salarios: porque la vivienda está dolarizada y concentrada en pocas manos, porque el mercado impone sus reglas sin tener ningún tipo de responsabilidad ni obligación en materia de vivienda. La situación de los que alquilan en Argentina es grave, pero no tiene tanto que ver con el salario, sino con el hecho de que es el mercado quien termina definiendo las políticas de vivienda en Argentina. El Estado se ha retirado de todo tipo de intervención, inclusive de la mediación entre el inquilino y el mercado. Mientras el mercado siga fijando las condiciones de quiénes pueden alquilar y quiénes no, por más que tengamos mejores resultados económicos y mejores salarios, el sueño de alquilar en forma justa y de una casa propia es una fantasía.

¿Ves entonces contradicciones entre Estado y Mercado en el tema de la vivienda en particular?

Creo que ya no hay contradicciones en este ámbito. El Estado está al servicio del mercado. Un sector muy grande de la clase política, de la Justicia y las leyes trabajan para el mercado inmobiliario. En muchas provincias, por ejemplo, las gobernaciones y las intendencias son los dueños de las propiedades. Ahí se encuentran fuertes vínculos con las constructoras, los desarrolladores y las inmobiliarias. En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta es un facilitador de los negocios inmobiliarios para IRSA, Roggio, Rocca, Brito y otros. No es casual entonces que empiecen a haber organizaciones de inquilinos en todo el país, es una respuesta sobre todo a una clase política que no puede representar los intereses de los inquilinos. La clase política piensa y vive como el mercado inmobiliario, por lo que difícilmente pueda votar leyes que vayan en contra de esos intereses.

Teniendo en cuenta la naturaleza política del gobierno Pro, ¿cuál es la situación actual en la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires tenemos uno de los valores más altos del metro cuadrado en Latinoamérica, un mercado completamente frenado por lo que está sucediendo con el dólar, un sistema de créditos (UVA) que tiene como objetivo endeudar a la mayor cantidad de gente, una privatización del espacio público y de la vivienda como nunca se ha visto en este distrito. El plan de Macri y Larreta en la Ciudad sigue la línea de Cacciatore y de Grosso. Una particularidad es que el gobierno de Larreta se ha propuesto ir por toda la zona sur, que es lo que falta construir. De la avenida Córdoba hacia el norte, ya se construyó todo lo posible. Entonces van por todos los terrenos públicos que quedan en la zona sur principalmente. En vez de aprovechar esa zona para solucionar los problemas de vivienda, lo que están haciendo es generar todas las condiciones para que el mercado se quede con el sur: esto es, construyendo el Barrio Olímpico, el de Barracas o urbanizando villas a través del sistema de créditos UVA. Eso termina con barrios vacíos porque la gente no va a poder pagar y con grandes empresarios que van a venir a comprar barrios enteros.

¿No hubo políticas paliativas en este período por parte del gobierno de Rodríguez Larreta?

No, todo lo contrario. Hubo una política de expulsión permanente y de desalojos constantes, venta de hoteles, pensiones e inquilinatos para grandes desarrollos. También una política de elevar el valor del suelo y del metro cuadrado. Ellos venden que la urbanización de villas es una política social para los sectores más pobres, pero en realidad yo creo que es la forma de preparar todas las condiciones para que esa gente en un momento se tengan que ir. El Barrio Olímpico es un gran ejemplo de la política de Larreta: primero, por el grado de corrupción que hubo en su construcción y, segundo, porque es un sistema de crédito UVA donde las familias no conocen los departamentos asignados y, sin haber habitado la vivienda, ya están en una situación donde no pueden seguir pagando el crédito.

¿Qué posibilidades reales hay de que se produzca en este 2019 la sanción de la ley de alquileres?

Está muy difícil, se supone que no va a haber sesiones en el Congreso. Además el foco de la campaña electoral no va a estar puesto en temas económicos, sino en cuestiones judiciales a partir de la persecución a Cristina y todo lo que estamos viendo desde que asumió el macrismo. Nosotros presentamos la ley en Diputados y Senadores, y vamos a impulsar una campaña nacional para que sea tratada, pero la realidad es que vemos difícil el tratamiento de la ley por dos motivos: primero, porque se supone que va a haber muy pocas sesiones de acá a octubre y, por otro lado, porque es un Gobierno que está completamente en contra de regular el mercado inmobiliario. Para nosotros regular la rentabilidad de los propietarios es una discusión central que tiene que ver no sólo con una política de vivienda, sino también con una política de distribución de la riqueza. Vamos a hacer todo lo posible para que esta ley se vote, sobre todo porque hemos logrado consensos en la oposición en las dos cámaras. Sabemos también que la pelea es muy difícil, tenemos enfrente a sectores económicos con mucho poder que hacen negocio con la vivienda: el campo con el exceso de rentabilidad que tienen a partir de la soja y los grandes grupos económicos como Elsztain, que es uno de los principales inversores.

¿Creés que el tema de la vivienda va a ocupar algún espacio dentro de las discusiones que se den en la campaña electoral?

Yo creo que ya está ocupando un lugar en la agenda política. Desde que existimos como organización, hemos logrado ser parte de la discusión en la agenda pública, cosa que antes era casi una rareza. Uno de los grandes logros que hemos tenido es que hoy existe el sector: hay un sujeto reconocido que es el inquilino. Más allá de que la discusión general pase por si Cristina va presa o no, el sector y la agenda de los inquilinos ya se ha ganado un lugar y, mientras haya organizaciones, ese lugar no se va a perder. Hay un avance no sólo nacional, sino también en la Ciudad de Buenos Aires: ya en la campaña anterior los candidatos tuvieron que decir qué iban a hacer con el sector.

¿Qué representa hoy en día la figura del inquilino dentro de la sociedad fragmentada en la que estamos inmersos?

Yo creo que hay dos líneas de militancia que tratamos de llevar adelante: por un lado, poder organizar un sector que, aún hoy, piensa más como un futuro propietario. Creo que nosotros tenemos ahí la tarea fundamental de representar a un sector y conducirlo hacia una nueva forma de pensarse con respecto al acceso a la vivienda. Somos conscientes de que lo que estamos planteando tiene que ver con algo bastante profundo, que es al fin y al cabo la visión sobre la propiedad privada. En estos momentos parece algo demasiado utópico poner en discusión la propiedad privada. Nosotros creemos que hay que poner en crisis ese concepto de propiedad privada; caso contrario, es difícil tener una sociedad más justa. Cuando planteamos que no queremos ser dueños, pero sí alquilar de forma justa, un poco lo que estamos diciendo es que tenemos que terminar con la desigualdad en el acceso a la vivienda. No puede ser que haya una persona como Elsztain que es dueño del equivalente a la mitad de superficie de la Ciudad de Buenos Aires y tengamos más del 50% de la población de la ciudad que ya no sabe cómo hacer para seguir manteniendo un techo donde dormir. Inquilinos Agrupados también se debe dar una relación más estrecha con los trabajadores, los sindicatos y las organizaciones sociales, porque en definitiva nuestra organización intenta representar a la clase trabajadora en materia de vivienda. Por ejemplo, creemos que los sindicatos tienen que tener una política de vivienda para los que alquilan y en las paritarias debe discutirse un índice de alquileres.

¿Existe en la actualidad algún espacio en la oposición política que contenga las principales propuestas para el mejoramiento de la vida de los inquilinos?

El gran problema de la Ciudad de Buenos Aires es que no hay un proyecto político que exprese las nuevas demandas urbanas. Hay intentos de contenerlas y de hacerlas parte, creo que tiene más que ver con una cuestión no dejarlas afuera y que entonces disputen poder que por un interés real. El proyecto de Larreta es exitoso porque no hay oposición. Todos los que militamos en la Ciudad con demandas puntuales tenemos esa sensación, ese es un gran problema que habla de la dirigencia política en la oposición pero también habla de las diferentes organizaciones, que no logramos expresar todas esas demandas en un proyecto político. Este año vamos a plantear dos cuestiones para la Ciudad de Buenos Aires: primero, regular mucho más a las inmobiliarias en materia de honorarios y comisiones; y segundo, vamos a plantear que haya una inmobiliaria pública estatal que intermedie entre los inquilinos y el mercado, con el objetivo de que todos los contratos de alquiler se tengan que firmar en los Centros de Gestión y Participación (CGP). Uno de los grandes problemas que hay es que el Estado se retiró completamente.

Hace una semana se conmemoró un nuevo aniversario del último Golpe de Estado en nuestro país. ¿Qué rol jugaron las y los inquilinos durante la década de 1970 en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria?

En 1973 se forma el MIP -Movimiento de Inquilinos Peronistas-, que tuvo un rol importante en la militancia de hoteles e inquilinatos y peleó sobre todo por lo que se llamaban pajareras: había una canción que decía ¨Si Evita viviera viviría en una pajarera¨. En ese momento el MIP generó toda una discusión en el Congreso para tener una nueva ley frente a la rentabilidad y el abuso de los hoteleros. Finalmente Héctor Cámpora lleva al Congreso un proyecto de ley para regular el precio de los alquileres, que no podía superar el 25% de un salario mínimo. Con el Rodrigazo y la dictadura, se toman dos medidas fundamentales: la desregulación del precio del alquiler y se quita toda forma de control sobre la rentabilidad, con lo cual empieza a dolarizarse el tema de la vivienda. Ahí se inaugura la etapa de que la vivienda deja de ser un derecho y se transforma en un negocio. De ahí en adelante, los grandes grupos económicos y los grandes propietarios se vuelcan a la vivienda como reserva de valor e instrumento de especulación. Más allá de algunas regulaciones aisladas, desde la dictadura hasta hoy no ha habido una política de control sobre la rentabilidad y se sigue abonando al planteo de que la vivienda se rige por las leyes de oferta y demanda.