Juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en la gestión Macri

Menos memoria y más impunidad

Foto: Virginia Robles

Los más de tres años del gobierno de Mauricio Macri resultaron negativos para el proceso de reparación de Memoria, Verdad y Justicia en nuestro país. ¿Qué obstáculos enfrenta hoy el proceso de justicia por el cual se investigan crímenes de lesa humanidad?

Del “cambiamos futuro por pasado” que pifió María Eugenia Vidal en octubre de 2015 a un retroceso en la política de derechos humanos que aparece como un túnel sin salida. Los más de tres años del gobierno de Mauricio Macri resultaron negativos para los reclamos históricos de los organismos de familiares de desaparecides que mantienen vivo su grito de Nunca Más: excarcelaciones, arrestos domiciliarios, una baja sustancial en el ritmo de las sentencias dictadas anualmente y demoras en el inicio de los juicios programados, así como en el trámite procesal de las causas, se han erigido en los principales obstáculos que enfrenta el proceso de justicia por el cual se investigan crímenes de lesa humanidad en Argentina.

Un análisis comparativo de los últimos tres informes presentados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, permite dar cuenta del estado en que se encuentra el proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad bajo el mandato del presidente Macri. El único momento en que afloraron los brotes verdes -metáfora que utilizó en más de una ocasión el mandatario argentino para referirse a presuntos signos de recuperación en la actividad económica- para el avance de las causas judiciales a nivel nacional fue el año 2017, marcado por una reactivación en la cantidad de sentencias dictadas. Sin embargo, tanto en 2016 como en 2018 la tendencia apunta hacia el registro de mayores niveles de impunidad que operan como barreras en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes cometidos bajo el Terrorismo de Estado (1976-1983).

2016

El primer informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) de la gestión Macri resaltaba como datos preocupantes “la excarcelación de imputados que se encontraban detenidos como la disposición de procesamientos sin prisión preventiva”. Esto provocó que el número de imputados con arresto domiciliario pasara a superar en forma contundente (519 contra 460) a la cifra de detenidos en el servicio penitenciario, algo que en 2014 y 2015 presentaba una tendencia contraria. El escrito también planteaba como inquietud el hecho de que la mitad de las causas se encuentran en etapa de instrucción, así como las demoras y los estancamientos en la instancia de juicio. Si bien durante 2016 finalizaron tres de las “megacausas” que se encontraban en curso -La Perla, Plan Cóndor y Automotores Orletti II-, que fueron altamente significativas en términos de cantidad de víctimas e imputados sentenciados, las sentencias dictadas fueron 19, el número más bajo desde el año 2010. Cabe destacar también que a finales de ese año el juez Julián Ercolini sobreseyó a los imputados en la causa Papel Prensa, puesto que consideró que “la venta de las acciones no fue fruto de un desapoderamiento extorsivo ni estuvo vinculada a delitos de lesa humanidad”.

2017

Los datos de 2017 mostraron una reactivación en la cantidad de sentencias dictadas, cuestión positiva que dio muestras de avance frente a los signos de estancamiento que se detectaban en el informe anterior. De hecho, las sentencias dictadas durante ese año fueron 26, superando inclusive los niveles alcanzados en los años más activos del proceso (2012 y 2013). Sin embargo, el análisis efectuado por la Procuraduría culminó en ese punto con los elogios: debido al promedio general de demora de 5 años y 6 meses para la tramitación de las causas desde el requerimiento de la elevación a juicio y la confirmación del último recurso ante la Corte Suprema de Justicia, a este ritmo la finalización de las causas demoraría hasta mediados de 2024, momento en el que se cumplirían 18 años de juicios y cerca de 50 años en que ocurrieron los hechos investigados. De acuerdo con el informe, la mayoría de las causas en trámite están muy lejos de obtener sentencia. Por otra parte, durante 2017 se profundizó el número de imputados libres, con la particularidad de que aumentó la cifra final de personas absueltas en juicio, con faltas de mérito y sobreseídas en la etapa de instrucción, así como hubo más procesados apartados de las causas en trámite y liberados por problemas de salud.

Un elemento no menor que se sumó en mayo de ese año fue el fallo “Muiña”, según el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la utilización de la ley 24.390 (“2×1”) para el cálculo en el tiempo de detención preventiva de los imputados por crímenes de lesa humanidad. Si bien dicho fallo no tuvo efectos concretos en el crecimiento del número de personas en libertad -al año siguiente la propia Corte emitió un nuevo pronunciamiento rechazando la aplicación del cómputo del 2×1 en el caso del imputado Rufino Batalla-, lo cierto es que la PCCH registró en ese momento 118 planteos presentados por imputados en causas de delitos de lesa humanidad en los que se invocaba la aplicación del 2×1. Dichos recursos solicitaban principalmente un nuevo cómputo de pena o la excarcelación.

2018

Si bien en 2017 se había detectado un aumento en el ritmo con el que se dictaban las sentencias de juicio, en 2018 se detuvo esa reactivación. Este panorama desalentador se combinó con las persistentes demoras en diferentes instancias del proceso, la fuerte disminución en el número de personas detenidas y la consolidación del arresto domiciliario “como la modalidad de encierro predominante”. El diagnóstico 2018 agrega la disminución en las elevaciones y en la cantidad de sentencias dictadas, lo cual marca una ralentización más profunda en la instancia de juicio. Precisamente, las sentencias dictadas durante el año pasado fueron 17; este número menor a 20 sentencias por año no se registraba desde 2010. El informe de la PCCH también cuestiona que el 23% de las personas condenadas se encuentran excarceladas, en un contexto de impunidad en el que un 45% del total de causas en trámite tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal. Precisamente, al 15 de diciembre de 2018 se registran un total de 575 causas en trámite, en las que son -o fueron hasta su fallecimiento- investigadas 3081 personas.

¿2019?

El período presidencial de Mauricio Macri arroja hasta el momento 64 sentencias dictadas por delitos de lesa humanidad. Dentro de la agenda de juicios prevista para 2019, se destaca el proceso oral y público por las desapariciones de trabajadores en las instalaciones de Mercedes Benz, ocurridas en la localidad bonaerense de González Catán. Sin embargo, esta causa que estuvo diez años en instancia de instrucción ya inició con el pie izquierdo: la audiencia preliminar, prevista para el 7 de marzo, se postergó para el 28 de marzo. Desde el CELS cuestionaron que “esta situación se da en un contexto de demoras, que los organismos de derechos humanos señalamos desde 2016 ante la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de las Causas de Lesa Humanidad. Las demoras en los nombramientos de los jueces y la integración de los tribunales orales federales, y las múltiples subrogancias que realizan las juezas y los jueces federales, contribuyen en forma directa a la demora generalizada del avance de los juicios de lesa humanidad”.

Otro de los juicios claves de este 2019 es la causa “Chavanne”, que comenzó ayer y juzga la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi). Tanto en este juicio como en el de Mercedes Benz se analizará la complicidad civil y económica con la última dictadura militar. Se estima que en los primeros meses del 2019 concluirán varios procesos judiciales, dado que se encuentran transitando su etapa final, es decir, de alegatos o directamente a la espera de la sentencia.

Este año se cumplen 13 años desde la celebración de los primeros juicios luego de la reapertura de las investigaciones judiciales que fueron interrumpidas por las leyes de impunidad y los indultos y casi 45 años desde el inicio del contexto represivo en que se cometieron los crímenes. Este proceso de “justicia tardía” se ha sostenido como política de Estado -con ciertas limitaciones y fuertes retrocesos en algunos aspectos- a lo largo de estos últimos tres años, en un clima de época marcado por recurrentes declaraciones negacionistas por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo, la reflotación de la teoría de los dos demonios y las promesas en campaña electoral de “acabar con el curro de los derechos humanos”.