El Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que en 2017 logró poner en discusión las políticas públicas del Gobierno porteño hacia esa población, tendrá su reedición este año. Los efectos de la crisis entre los que menos tienen -reflejados en parte por el informe difundido ayer por el INDEC, que mostró un aumento en los índices de pobreza e indigencia a nivel nacional y también en territorio porteño- y, sobre todo, la casi nula voluntad que mostró la administración de Horacio Rodríguez Larreta a la hora de hacer públicos los números reales de la población sin techo, son los dos principales motivos que llevaron a más de 50 organizaciones sociales a poner en marcha la iniciativa.
El puntapié inicial tuvo lugar ayer, en una reunión convocada por Proyecto 7, No Tan Dististas y la Red Puentes del Movimiento Popular la Dignidad, de la que también participaron representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Defensa, instituciones que acompañaron en la organización del primer censo, hace dos años.
En esa reunión se terminó de madurar una fecha tentativa: el censo se hará durante las últimas semanas de abril. La elección no es arbitraria: busca coincidir con el censo anual que realiza el propio Gobierno porteño, cuya metodología es cuestionada tanto por las organizaciones como por la Justicia de la Ciudad. Además de discutir la cifra real de los sin techo, las organizaciones buscan demostrar en los hechos que, si hay voluntad política, el censo puede hacerse tal como marca la Ley de Personas en Situación de Calle, sancionada hace ya diez años: cientos de voluntarios y militantes saldrán a recorrer prácticamente todas las calles de los barrios porteños, y lo harán durante varios días y en distintos horarios. Además, el cuestionario con que abordarán a las personas sin techo buscará indagar sobre situaciones de salud, consumo, trabajo, vínculos familiares y posibles situaciones de violencia que, se sabe, en su mayoría provienen de funcionarios del propio Gobierno de la Ciudad.
Hasta ahora, el censo «oficial» no abarca ninguna de esas problemáticas. En 2016, la jueza en lo Contencioso Administrativo María Elena Liberatori dio lugar a un recurso de amparo impulsado por las organizaciones y ordenó al Ejecutivo realizar el relevamiento de acuerdo a la ley. Pero las autoridades a cargo -con el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, Maximiliano Corach, a la cabeza- siguen realizando año a año un censo a media máquina que se lleva a cabo en un solo día y en muy pocas horas, rastrillando apenas las principales avenidas y las «ranchadas» más visibles.
Por ese motivo, la cifra de personas en situación de calle que se difunde de manera oficial está tan lejos de la realidad. Según el censo de abril pasado, para el Gobierno porteño hay 1091 personas sin techo. Como en su momento informó El Grito del Sur, Corach mandó a hacer un censo a las apuradas en diciembre, pero los números nunca se hicieron públicos pese a la insistencia de las organizaciones sociales en que se den a conocer. El jefe de Gobierno, durante la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura, resaltó en un tramo de su discurso el trabajo que lleva adelante el programa Buenos Aires Presente (BAP) y el rol de los hogares y paradores en la contención de esa población, pero omitió mencionar la dimensión de la problemática, que no para de crecer.
Ya el censo de 2017 de las organizaciones arrojó cifras alarmantes: mas de 5000 personas viviendo en las calles, y otras 20000 en riesgo de estarlo. En el medio pasaron las brutales devaluaciones de mayo y agosto de 2018, las tasas al 60 por ciento, la inflación galopante y la destrucción sistemática de puestos de trabajo, indicadores cuyas consecuencias son más que palpables para las organizaciones. «Así impacta la crisis: los comedores están desbordados, los centros de atención tienen listas de espera que rebalsan. Desde nuestro laburo territorial cotidiano no podemos sacar otra conclusión de que cada vez hay más gente viviendo en la calle», describió a este medio Florencia Montes Páez, de la organización No Tan Distintas, que forma parte de la preparación del censo popular.
Las cifras oficiales también contrastan con el número de personas en calle del PRO. Según un informe de la propia Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, durante los últimos tres años se duplicó la cantidad de indigentes. En el último trimestre de 2015, se registraron algo más de 100 mil personas bajo la línea de indigencia, número que trepó a 198 mil en diciembre pasado, es decir, hubo un incremento del 98 por ciento. El informe difundido ayer por el INDEC, que midió pobreza e indigencia a nivel nacional, mostró en el apartado referido al territorio porteño que también en la ciudad más rica del país, ambas crecen: la pobreza subió del 8,1 al 12,6 por ciento y la indigencia trepó del 1,7 al 2,5 por ciento.
La discusión en torno al número de personas en calle no es caprichosa: de esa cifra surge la medida justa que deben ocupar dentro del Ejecutivo las políticas públicas destinadas a esa población, no sólo en materia de asistencia. En lugar de dialogar con las organizaciones para repensar una política cuestionada hace años, el gobierno de Larreta hace todo lo posible para ocultarla: para eso estableció desde un sistema de alquileres informales a través de funcionarios de otras áreas, hasta turnos de más de 12 horas para los trabajadores del BAP.
«Tomamos la decisión de volver a hacer el censo por el sesgo con que el Gobierno lo realiza, pero también para conocer más a fondo la realidad de muchos compañeros que no estaban en la calle hace uno o dos años atrás. Vamos a hacer el trabajo que el Gobierno no hace y ver con qué nos encontramos», resumió Páez.
