El patriarcado, esa venda en los ojos de los jueces

La Justicia nos deja solas

La Justicia argentina, racista, machista y clasista abandona a las mujeres y disidencias hasta dejarlas en situaciones límites. Y cuando nos defendemos, nos criminaliza en condiciones inhumanas. Los casos de Silvana Ferreyra, Yanina Farías y Paola Córdoba confirman la máxima: "no hay peor ciego que el que no quiere ver".

En la inconsciente cultural, la figura de la justicia lleva los ojos vendados en señal de imparcialidad. Para los movimientos feministas argentinos, la venda en los ojos del Poder Judicial toma una connotación más literal. En la justicia -ciega, sorda y muda- los nombres cambian, pero los sujetos no. Mujeres, lesbianas travestis y trans son criminalizadas por defenderse, por correrse de la norma o por denunciar, especialmente cuando se trata de personas de clase baja o migrantes. El caso que mayor visibilidad cobró fue Higui, quien pasó siete meses presa por defenderse de constantes agresiones físicas y verbales debido a su identidad de lesbiana. El Poder Judicial argentino es una institución clasista y machista que empuja a mujeres y disidencias a situaciones límites y, cuando reaccionan, las criminaliza en condiciones inhumanas. El derecho canónico, desde su pedestal de omnipotencia, demuestra que -aunque se jacte de lo contrario- la vara de la justicia varía sus parámetros según el género, la nacionalidad y el color de piel de quien se posicione en el banquillo de los acusados.

A continuación abordamos sólo tres de las muchas historias que sirven de ejemplo:

Silvana Ferreyra

El jueves pasado, Silvana Ferreyra fue condenada a 5 años y tres meses de prisión domiciliaria sin haber cometido ningún crimen. Silvana no llevaba conviviendo ni siete meses con Sergio Medina, cuando huyó junto con el hijo de ambos de la casa común en el partido de La Matanza, debido a la violencia física que el hombre impartía sobre ella.

A mediados del 2015, Medina le pidió a Silvana ver a su hijo, conviniendo ambas partes que el niño empezaría a pasar con él los fines de semana.  Meses después, con la excusa de llevarlo de vacaciones, Medina se llevó al niño por diez días. Silvana accedió sin saber que no volvería a verlo. “Pasados los diez días fui a buscarlo a su casa, no me dejaron verlo, siempre que iba la madre de él me decía que no estaba, pero yo insistí hasta que lo encontré. Ahí me dijo que no podía ver más a mi hijo”, le dijo Silvana a El Grito del Sur. “Ese día habíamos ido a la casa, me pegaron a mi, a mi madre y a mi amiga que nos acompañaba. Nos tiraron gas pimienta y le robaron al remisero. En el medio del conflicto vienen dos patrulleros y me llevan a la comisaría, donde realicé la primera denuncia en la Comisaría de la Mujer en La Matanza el 22 de enero del 2016 y al día siguiente en la OBD de Capital Federal. En ese momento me otorgaron un botón antipánico y la restricción perimetral. La causa pasó al juzgado N° 8 de Capital Federal y juzgado N°9 de familia de La Matanza”, describe.

Ese fue el comienzo de un camino donde la Justicia le puso constantes trabas a Silvana. Aunque obtuvo 3 oficios de reintegro de su hijo, ninguna de estas medidas fueron cumplidas. El 30 septiembre del 2016, en la audiencia en el juzgado N°8 de Capital Federal -una instancia judicial en la que se encontró con Medina-, quedaron sin efectos los oficios de reintegro y se dictó la revinculación, por el plazo que había pasado separada de su hijo. Esta nunca se llevó a cabo por la negligencia de la fiscalía.

El día en que su hijo se egresaba del jardín de infantes, Silvana llevaba 9 meses sin verlo. Ella quiso presenciar el acto desde afuera. Ni bien se vieron, madre e hijo se abrazaron. Silvana lloraba, aún llevaba consigo los oficios de reintegro y de revinculación; sin embargo, Medina insistía en que ella le estaba robando su hijo.

Desde el colegio llamaron a la policía que detuvo por 48 horas a la mujer y la extorsionó negociando con su libertad. Ese día se le comienza una causa por “Sustracción menor u ocultamiento del menor”, quedando procesada. El 20, 21 y el 22 de marzo de este año Silvana tuvo su proceso judicial, donde la condenan a prisión domiciliaria de 5 años y 3 meses. Aunque la defensa piensa apelar, por ahora debe estar detenida en su casa con un patrullero que viene tres veces por día a comprobar que no se haya ido. Silvana lleva cuatro años sin ver a su hijo.

Paola Córdoba

El 25 de marzo, la Cámara de Apelaciones de San Martín dictó la excarcelación ordinaria de Paola Elvira Córdoba, de 38 años. El caso de Paola tomó relevancia mediática el 9 de marzo cuando, un día después de la masiva movilización feminista, ella asesinó de 185 puñaladas a su marido, Alberto Elvio Naiaretti. Paola era víctima de diferentes tipos de violencia. Su pareja duró 22 años y ella lo denunció durante 15, siete veces del 2003 al 2018. Durante todo este tiempo la Justicia no tuvo reacciones acorde a los maltratos recibidos. Las perimetrales fueron varias veces inclumplidas. Naiaretti ejercía todo tipo de violencia, desde psicológica y económica hasta física, la golpeaba. La violaba y la obligaba a prostituirse en la ruta. También había ejercido violencia contra sus hijos.

La cámara de apelaciones de San Martín decidió otorgar la excarcelación a Paola Córdoba, la mujer víctima de violencia de género acusada de matar a su marido de 185 puñaladas (25.03.2019) NÉSTOR GARCÍA

Como explicó al diario Clarín el abogado Andrés López, quien trabaja en la defensa de Córdoba, “Paola había hecho varias denuncias. Todas estaban archivadas. Con una sola denuncia que no se hubiera hecho nada ya era terrible, pero acá no se hizo nada durante años. En su historia, con sus denuncias, su declaración, es muy evidente el abuso y la tortura a la que fue sometida”.

El día del homicidio Naiaretti había amenazado de muerte a Paola. “¿Me van a meter presa por matarlo a él? La muerta iba a ser yo”, dijo la mujer durante su detención.

Este lunes por unanimidad se decidió que Paola espere su juicio en libertad. “Ha quedado evidenciado a mi entender que no sólo la imputada Córdoba se encontraba sometida a una sistemática violencia de toda índole por parte de su esposo, sino que todo el grupo familiar padecía la irascibilidad de la víctima de estos actuados” explicó el juez Hermelo, uno de los tres camaristas. Paola había quedado presa luego de entregarse, junto con su hija – Paula Milagros Naiaretti-, quien aceptó haber tomado parte del homicidio y fue liberada el jueves 21 por la noche.

Yanina Farías

El 29 de marzo Yanina Farías llegará a la Justicia acusada de no haber evitado la muerte de su hija o, como dicen las agrupaciones que acompañan el caso, por ser “mala madre”. La joven tiene retraso madurativo y fue víctima de violencia por parte de José Alfredo Leguizamón, quien se hacía pasar por su pareja en el barrio Cuartel V.

Yanina vivía junto con su familia en San Miguel, cuando se mudó a Cuartel V a pedido de su madre que temía que le usurparan su terreno. Días más tarde, ella le informa que había conseguido que José Alfredo Leguizamón cuide el lote a cambio de techo y comida. Desde el comienzo Leguizamón violaba a Yanina y le pegaba a sus dos hijes de cuatro y dos años. Cuando Yanina intentó pedir ayuda, el hombre llegó a encerrarla en la casa con un candado y clavarle por dentro las ventanas. El 6 de agosto de 2017, Yanina se resistió a un nuevo intento de abuso sexual por parte de su atacante, quien ante la negativa descargó su ira contra Xiomara, su hija menor, quien finalmente falleció.

“Cuando Yanina fue a llevar a Xiomara al hospital fue golpeada por las enfermeras, luego la llevaron a la comisaría donde nuevamente la golpearon”, cuenta Carina, integrante de la Red de Mujeres, organización autónoma y apartidaria que tomó el acompañamiento del caso en el 2017 cuando la hermana de Yanina se acercó en busca de ayuda a una jornada de “Madres en lucha contra las causas armadas” en el partido de Moreno.

“Yani no entendía por qué le estaban pegando hasta que un mes después su hermana le cuenta que Xiomara había fallecido. Ella tenía la esperanza de que sea mentira, lo único que quería era morirse, eso es lo que me manifestó a mí. Hasta que no estuvo en el penal de Magdalena, con la ayuda de la jefa del servicio penitenciario Ana Fernández y en talleres de género logró entender lo que sucedía”, continúa Carina.

Yanina llegó a vivir tres meses en Cuartel V. Con el hombre que la violó y asesinó a su hija solo convivió dos semanas. Sin embargo, para cuando llegue a juicio llevará 599 días en prisión preventiva. Yanina deberá enfrentar a la Justicia en la misma instancia que Leguizamón, autor material del crimen, acusada de no haber evitado la muerte de su hija en manos de su violador. La causa está caratulada como homicidio en omisión por el vínculo, delito por el la cual se pide prisión perpetua. El abogado defensor, Alejandro Bois – quien trabajó en el juicio de Karina Abregú-, solicitará la excarcelación de la joven.

“No hubo una investigación con perspectiva de género desde la abogada Manuela Gonzales ni por parte del fiscal Lorenzo. A pesar de que la Justicia le negó la prisión domiciliaria solicitada por su hermana, Red de Mujeres trabajó en conjunto con la psicóloga Raquel Disenfeld, quien fue a visitar a Yanina al penal de Magdalena y detectó su retraso madurativo”, explica Carina, quien habla de los incumplimientos en la causa y de la falta de entendimiento por parte del sistema judicial de la intersección de causales de vulnerabilidad. “Yanina siempre cuidaba nenes y nenas en su barrio; por eso, las vecinas la conocen y tiene muchos testigos a su favor, estamos esperanzadas”, dice.

Las organizaciones sociales y políticas que acompañaron el caso desde el inicio convocan a movilizarse este viernes a los tribunales de Mercedes a las 9 de la mañana.

“Los penales son centros de exterminio, están vacíos de todo tipo de políticas. No hay enfermeras, no hay una sanidad constante. Un penal es una tumba, como le dicen las pibas”, aporta la integrante de Red de Mujeres. “Hay que hacer una autocrítica de un feminismo con perspectiva de clase, a veces se habla de pobreza con mucha liviandad y ni siquiera van a visitar a las mujeres presas pobres. Creo que hay que hacer esa crítica sin buscar destruir ningún espacio, pero tener en cuenta la perspectiva de género y de derechos humanos también. ‘Ni una menos en las cárceles’ lo venimos pidiendo hace rato”, concluye.