Les migrantes también gritan “Macri, pará la mano”. Este mediodía fueron miles en las calles del centro porteño, en una enorme movilización que partió desde la sede central de Migraciones, en Retiro, y llegó a la Plaza de Mayo. Fue el tercer “Migrantazo” que le hicieron al Gobierno, desde que apareciera en el boletín oficial el DNU 70/2017 y con él las extradiciones masivas. Y fue el más convocado: los trámites cada vez más engorrosos y el aumento del mil por ciento en el valor de las tasas para radicarse definitivamente en el país hicieron crecer las redes de solidaridad entre pares, y eso se notó. “Es que si no te expulsan, te la hacen imposible para que no puedas tener un documento argentino y mucho menos un trabajo. Vivimos amenazados, por eso cada vez somos más en las calles”, explicó a El Grito del Sur Ruth Sandi, mientras sostenía una de las banderas de la campaña “Migrar no es Delito”, la coordinadora de organizaciones que convocó a la marcha.
La sede central de la Dirección Nacional de Migraciones suele amanecer desbordada por largas filas de migrantes buscando un turno para resolver su residencia, trámite que -según denuncian las organizaciones- se ha vuelto un infierno bajo la administración Cambiemos. La situación se agravó en el último año: en junio pasado la tasa de radicación se fue a tres mil pesos, un mil por ciento más que en 2015; cerraron varias dependencias para trámites en el conurbano y con el nuevo sistema online (Radex) se cayeron los turnos para 2019 y 2020 que se habían otorgado por el viejo sistema. Un caos que hoy se vio agigantado por las columnas de las organizaciones. “Esto me hace acordar a cuando en los ´90 teníamos que acampar una semana acá para poder tener un turno”, dijo Ruth mientras señalaba el mar de personas con banderas de sus países que se desplegaba a su alrededor. “La peor parte se la llevan los que vienen sin una changa o un trabajo seguro y tienen que esperar un año o más para tener su documento, lo que les complica conseguir un trabajo en blanco. Y ni te digo los que vienen con chicos”, describió.
A diferencia de la década de 1990, esta época está marcada por la inmigración venezolana. Llegaron 130 mil en los últimos años, según datos de diciembre pasado de la Dirección Nacional de Migraciones, y superaron a la migración de origen boliviano y paraguayo por primera vez en décadas. La mayoría de ellos son profesionales de entre 26 y 40 años, como el caso de Jaime, llegado hace dos años y conductor de Uber. “Desde septiembre pasado que estoy esperando para el DNI”, declaró mientras esperaba por un turno y sus ojos se posaban en las banderas de las organizaciones. Dentro del gigante edificio de Migraciones, había cientos de casos como el suyo.
Cerca de Jaime, otro venezolano como él ofrecía, por 10 mil pesos, “agilizar” los trámites de radicación. “Tenemos contactos adentro”, dijo. “Esos personajes también son típicos de los 90”, señaló Ruth, “¡pero nadie puede pagar eso!”.
EL CASO VANESSA
“Si tocan a un migrante, nos tocan a todos”, se oyó desde los altoparlantes ubicados sobre las rejas de entrada del edificio cuando las organizaciones dieron inicio al acto y antes de disponerse a marchar hacia Plaza de Mayo. Enseguida, las columnas respondieron gritando el nombre de Vanessa Gómez Cueva, una mujer de origen peruano que fue expulsada del país este año. La familia de Vanessa quedó partida: la menor de sus tres hijos, por un problema de papeles, quedó en el país, sin su madre. Tiene dos años. “Muchos de nosotros vivimos con el corazón en la mano desde lo que pasó con ella”, dijo Doris Quispe, una de las referentes de la campaña.
El caso de Vanessa expuso hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno a costa de cumplir en los hechos con el discurso xenófobo que decidió potenciar a fines del año pasado y ya está instalado como uno de los ejes de la campaña electoral. Según datos de Migraciones, que publicó este medio, en 2018 se expulsaron a 150 personas, un número mucho mayor a los que manejaba el gobierno anterior, que en 2015 extraditó a sólo tres. El método fue el decreto 70/2017, que fue judicializado por el CELS y declarado inconstitucional en dos instancias, y luego de la apelación del Gobierno, espera por un fallo de la Corte Suprema que aún no llegó.
