El Juzgado N° 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del doctor Víctor Trionfetti, dio lugar a una medida cautelar presentada contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) en el caso de una paciente con un severo cuadro de discapacidad, y la obligó a garantizar el tratamiento con cannabis medicinal bajo apercibimiento de recibir una multa de 5 mil pesos por cada día de retraso.
El recurso fue presentado por la madre de la paciente, quien declaró que su hija sufre pérdidas bruscas del conocimiento y que, al padecer epilepsia, «se puede lesionar debido a una caída o una mordedura lingual. El cuadro que padece la paciente se agrava por la dependencia de una silla de ruedas, epilepsia, esclerosis tuberosa y parálisis cerebral infantil».
La mujer explicó que su hija lleva adelante su tratamiento en el Servicio de Neurología del Hospital Garrahan, donde el médico a cargo de la paciente “ordenó complementar el tratamiento con aceite de cannabis”. La denunciante solicitó y obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Sin embargo, en enero pasado, su obra social se negó a brindarle la cobertura de cannabis medicinal.
Ahora la obra social deberá proveer a la paciente de los recursos necesarios para su tratamiento. Para su resolución, el juez consideró la ley 25404 que garantiza el pleno ejercicio de sus derechos a pacientes con epilepsia, así como la ley 27350, cuyo artículo 1° establece “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis ”.
Valeria Saleh, referente de Mamá Cultiva, explicó a El Grito del Sur: «Este fallo es importante, en tanto podamos juntar cada vez más antecedentes de este tipo. La ley de cannabis establece que el Estado debe proveerlo de manera gratuita a todos los que solicitaron. Como esto no pasa, muchas personas deben recurrir a amparos que resultan muy caros. Igualmente cada fallo suma y es bienvenido», agregó Saleh. «Al no haber políticas públicas destinadas a abordar la problemática, este fallo es como tapar el sol con un dedo». Valeria enfatizó en la necesidad de impulsar políticas públicas que aborden la problemática de fondo y eviten soluciones parciales, aunque saludó el fallo judicial, al que calificó como «muy positivo».
