El ajuste millonario de Carolina Stanley

¿Por qué vuelven a marchar las organizaciones sociales?

Un recorte de por lo menos 180 millones de pesos, a partir de dos resoluciones firmadas por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, desataron una confrontación que crece al ritmo del ajuste y la crisis económica. Aquí, el trasfondo de un conflicto que sigue escalando.

Y un día el ajuste llegó al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. Pese a que el Gobierno se preocupó durante los tres primeros años de gestión en contener el conflicto social a través de un diálogo fluido con las organizaciones sociales e incluso amplió la cobertura y el número de beneficiarios de planes sociales como paliativo de la crisis que generó, la paz y la concordia se terminaron en este año electoral. La de hoy será la segunda movilización masiva de la triada de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie y la CCC) en lo que va de abril, que se suma a otras tres de magnitudes similares en marzo y otras tantas en enero y febrero.

La razón es un ajuste “por goteo” en los planes sociales y un recorte imprevisto en los monotributos sociales, cuyas cargas impositivas absorbe el Estado. Según estimaciones en base a información de distintas fuentes consultadas por este medio dentro del ministerio de Stanley, se concretó un ajuste de por lo menos 180 millones de pesos durante los dos primeros meses del año. 

La poda tiene un origen técnico, en dos resoluciones recientes. Una es la 198/2019, cuya consecuencia fue la baja de 60 mil monotributos sociales; la segunda, la 96/18, que impuso nuevas contraprestaciones que resultaron prácticamente imposibles de afrontar para miles de beneficiarios del programa Hacemos Futuro (que absorbió los programas del kirchnerismo Argentina Trabaja y Ellas Hacen).

Las mismas fuentes confirmaron que en el mes de febrero hubo una baja de 30 mil planes sociales, de los cuales la mitad se repusieron un mes más tarde; y se suman a una poda silenciosa de otros 6 mil desde octubre pasado. Según las organizaciones, los problemas con los monotributos de la ANSES redundaron en nada menos que 60 mil bajas este año. Un combo que las organizaciones consideran de carácter político, teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que los índices de inflación y pobreza reconocidos por el propio Gobierno no hicieron sino crecer a la par del ajuste.

“Arrancamos un año que va a ser convulsionado”, reza un comunicado difundido hoy por la CTEP en el que anuncian que las movilizaciones de hoy tendrán como blanco “las principales oficinas de la ANSES de todo el país”. Precisamente es en la ANSES donde se tramitan los requisitos “educativos” impuestos por Stanley para encarar el ajuste.

La ministra, por su parte, canceló de manera imprevista una reunión clave con el bloque de San Cayetano hace dos semanas, lo que no hizo más que tensar al máximo una relación que tuvo sus idas y venidas pero que tanto las organizaciones como el Gobierno se ocupaban de cuidar. En esa reunión se iban a discutir tres puntos clave: la actualización de los planes sociales de acuerdo a la inflación (se pide un aumento del 100 por ciento); mayores partidas para los comedores populares a la espera de la sanción de la ley de Emergencia Alimentaria (vetada en Diputados por Cambiemos durante la sesión especial de la semana pasada); y la marcha atrás con las resoluciones del ajuste.

Según pudo reconstruir El Grito del Sur, a la ministra la dejaron sin fondos para afrontar los reclamos desde el Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne, quien en más de una oportunidad aclaró que dentro del déficit cero pactado con el FMI se había dejado un margen importante para contener la crisis social. Resta por saberse si de los 10 mil millones que destrabó el Fondo recientemente, las organizaciones pueden aspirar a concretar alguno de sus reclamos.

Parte de esos paliativos comenzaron a llegar en la víspera de la marcha de hoy. Según trascendió, la ministra ofreció ayer un aumento de 1500 pesos escalonado hasta Julio (hoy tanto el Hacemos Futuro como el Salario Social Complementario están en 6000 pesos). Muy lejos del número pretendido por las organizaciones, que sostuvieron la convocatoria para hoy.

En tanto, comenzaron los cruces de carácter político. El Gobierno, por su parte, se vanagloria de un ajuste de 12 mil planes. Así lo confirmó en una nota reciente para el diario La Nación el secretario de Economía Social, Matías Kelly, quien aseguró que las nuevas resoluciones implicaban no un ajuste sino un abandono de lo que consideró una “política asistencialista” del kirchnerismo. Las organizaciones pidieron derecho a réplica y al día siguiente, ese diario publicó un comunicado de la CTEP que argumentaba que “con la excusa de capacitación, terminalidad educativa y una supuesta eliminación de la intermediación, el Gobierno está llevando adelante un brutal ajuste en la política social, en sintonía con el ajuste que realiza en todas las áreas del Estado”.

De hecho, desde las organizaciones sostienen que el ajuste es mucho mayor, y escala por lo menos a los 500 millones de pesos. Así lo confirmó en diálogo con este medio el secretario de Organización de CTEP, Gildo Onorato. “Este es un gobierno fracasado”, dijo el dirigente para graficar el nivel de confrontación.

“El ajuste es de 500 millones de pesos”, dijo el dirigente de la CTEP, Gildo Onorato

Así las cosas, en el territorio comienzan a verse las consecuencias del ajuste. Un caso describe como ningún otro las variables que se cruzan en los barrios: Johanna Ramallo, una joven de 23 años que trabajaba en el disuelto Ellas Hacen, está desaparecida desde el 26 de julio de 2017. Ese día fue vista por última vez en una estación de servicio en 1 y 63, de La Plata. La familia denuncia que cayó en manos de una red de trata, y la sigue buscando. La resolución del ministerio que impone nuevas contraprestaciones para cobrar el beneficio dejó afuera a ella y a su familia.

A su vez, luego de la poda de empleados públicos que encaró  el Gobierno durante 2016, la relación entre la ANSES y los beneficiarios de los planes que deben concurrir a sus oficinas para actualizar el beneficio está “rota”, según contaron a este medio desde ATE Capital. “El ajuste sería insostenible políticamente de no ser por el voluntarismo que ponen los compañeros para no dejar solos a los beneficiarios que no saben cómo cumplir esos requisitos”, graficaron.

A fines de 2016, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y sancionó la ley de Emergencia Social, que implicó un presupuesto de 30 mil millones de pesos hasta el último día de Macri en la Casa Rosada. Las organizaciones habían amenazado pasar las fiestas en el Puente Pueyrredón y consiguieron torcerle el brazo al oficialismo. La situación hoy, con la brutal devaluación del último año, la inflación galopante y semejante crisis obligó a renegociar, pero el diálogo está en su peor momento.