Inquieto ante la convocatoria a un segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, el gobierno porteño incrementó esta semana la intensidad de los clásicos operativos de “limpieza” sobre varias veredas y “ranchadas” de la Ciudad. Los primeros testimonios de violencia, aprietes y hasta de oferta de dinero en mano de funcionarios y efectivos de la Policía de la Ciudad para que los sin techo abandonen sus precarios hogares a la intemperie fueron recogidos el jueves por los voluntarios y las voluntarias de las organizaciones sociales que se lanzaron a las calles para relevar la dimensión real de la problemática y visibilizarla, ante la falta de estadísticas oficiales confiables.
“Nos encontramos en varios barrios con ranchadas muy numerosas que estaban vacías, y el testimonio de la gente en calle que estaba cerca es que la noche anterior cayeron oficiales de la Policía de la Ciudad para desalojarlos a la fuerza”, relató a El Grito del Sur Bárbara, una voluntaria de la ONG Sopa de Letras, que asiste a las personas sin techo y que participó del censo. “En otros casos, encontramos infraganti a funcionarios de la Ciudad intentando hacer lo mismo, chantajeando y con el camión de mudanza para levantar las pocas pertenencias de la gente”, agregó la militante.
Uno de los testimonios indica que, por ejemplo, en la ranchada del Teatro Colón, la Policía de la Ciudad desalojó “a los bastonazos” a una ranchada de al menos 80 personas la noche del viernes. Otro indica que, en Sánchez de Loria a la altura de Boedo, funcionarios sin identificación increparon no sólo a la gente en calle, sino a los propios voluntarios.
“Bajaron de una camioneta de mudanzas amarilla, del Gobierno de la Ciudad, a patotearnos. Estaba bastante lleno, lo que indica que ya venían levantando ranchadas. De repente llegó un auto negro, del cual bajaron otros funcionarios, que no respondieron a qué organismo del Estado pertenecían, sólo que obedecían al Jefe de Gobierno. Nos invitaron a retirarnos”, relató Bárbara, quien además conoce cada ranchada de la zona, que recorre a diario para asistir con comida caliente, frazadas y contención. “En los 15 días previos al censo arrasaron con todo Boedo”, contó.
Además de la violencia, otro de los métodos que utilizó la administración de Horacio Rodríguez Larreta para “limpiar” las calles, que fue revelado por El Grito del Sur el año pasado, es el ofrecimiento de dinero en mano, sin pasar por ningún procedimiento institucional, que es ofrecido a las personas en calle para hospedarse transitoriamente en algún hotel o pensión, preferentemente fuera de la Ciudad.
Según pudo saber este medio, el Gobierno de la Ciudad realizó su propio censo este martes. Lo hizo en apenas unas pocas horas, durante la noche, y sin consultar a las organizaciones sociales, lo cual contradice el fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo María Elena Liberatori, cuya cautelar contra el gobierno de Rodríguez Larreta por sus incumplimientos reiterados a la ley de Personas en Situación de Calle se encuentra en Cámara.
Las organizaciones sospechan que la cercanía entre la fecha del censo oficial y el popular tiene que ver con la disputa por el número final de gente en calle que arrojarán cada uno. La última cifra oficial sobre la problemática, de abril de 2018, es de 1091 personas sin techo. Aquél número ya había sido puesto en discusión por las organizaciones, que habían detectado más de 4 mil un año antes.
En enero de este año, un informe de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad dio cuenta que en los últimos tres años se duplicó el número de indigentes en la Ciudad. Tal como reveló este medio, en diciembre la subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, que conduce Maximiliano Corach, realizó un censo fuera de término -suelen realizarse una sola vez por año, en abril-, pero nunca hizo públicas las cifras. Reconocer esta realidad le implicaría al gobierno porteño no sólo admitir cómo el ajuste y la crisis destruyen familias y las expulsa del sistema, sino además destinar el presupuesto necesario para abordar la problemática a través de políticas públicas que no desarrolló a lo largo de sus 11 años de gestión.
De todas formas, por más que trate de ocultarlo, la administración porteña sabe que hay cada vez más gente en calle. El Programa Buenos Aires Presente (BAP) pasó de atender a un promedio de 215 personas por día en 2017 a 341 en 2018, más de un 50 por ciento de aumento, según informes a los que accedió este medio.
En vísperas de su propio censo, el Gobierno de la Ciudad también salió a barrer las calles. “El lunes, antes del censo, vimos cómo les mojaban toda la ranchada y les levantaban los colchones, para que después no los podamos encontrar a la hora de censar. Todo el dispositivo del censo está armado para que dé un número bajo”, relató una trabajadora del BAP.
