El 7 de septiembre de 2013 Kevin Benega, de 9 años, recibió un disparo mortal en medio de un enfrentamiento entre dos bandas que no eran del barrio de Zavaleta. Hubo nueve llamados de vecinos y vecinas a la policía alertando lo que ocurría en el barrio, todos fueron ignorados y desestimaron la situación. Desde entonces, la familia de Kevin y las organizaciones exigen justicia por el asesinato del menor y denuncian que las fuerzas de seguridad liberaron la zona. Les tomó más de cinco años poder llegar a un Juzgado pero finalmente, gracias a la incansable lucha de familiares, amigos y militantes, lograron llevar a Daniel Andrés Stofd al banquillo de los acusados.
Pero nada de esto fue fácil: los primeros dos años, mientras Luciano Ortiz Almonacid, el abogado de la familia, enviaba escritos y pedidos al Juzgado, el fiscal a cargo cajoneó la causa. Luego de algún otro tiempo, hace exactamente un año y medio, fueron notificados que el caso sería elevado a juicio, pero la noticia se pinchó rápidamente ya que un juez intervino para suspender la instancia «por falta de pruebas». Así fueron avanzando y retrocediendo en un camino largo y espinoso para alcanzar justicia.
De los siete efectivos acusados, sólo uno de ellos fue imputado finalmente: Daniel Andrés Stofd. Todos ellos testificaron no haber escuchado ni uno de los 107 disparos, ni haber visto masculinos armados, ni haber encontrado detonaciones en el lugar de los hechos, y aunque algunos de ellos cambiaron posteriormente sus declaraciones, la Justicia decidió sobreseer a todos. El único que llegó al banquillo de los acusado fue Stofd, pero el tratamiento que se le dio a la causa y la sentencia confirman una vez más la impunidad como regla.
Durante el mediodía de ayer el Juzgado Criminal y Correccional Nº 61 condenó a Stofd a pagar una multa de 12.500 pesos y lo inhabilitó a cumplir funciones públicas durante un año. «Es ridículo que le pongan una multa de $12.500 cuando él mismo informó que cobra 50 lucas en mano todos los meses», dijo Roxana Benega, madre de Kevin, en diálogo con El Grito del Sur. Roxana, al igual su familia, está muy dolida por el veredicto final y siente mucha impotencia: «Así le hubiesen dado perpetua, a mi hijo no me lo van a devolver, pero ponerle ese valor a un ser humano es algo que me llena de bronca y tristeza».
Sobre esta base, y después de cinco años y medio de la muerte de Kevin, la familia buscará apelar la condena y pedirán que se inhabilite por completo al oficial condenado. «Por el momento no hay nada que festejar», concluyó Roxana.
