¿Quién es Esteban Centanaro?

Un juez al servicio del mercado inmobiliario porteño

Un mismo juez puso la firma de dos fallos que favorecen la especulación inmobiliaria en detrimento de los vecinos. Trayectoria de un magistrado cercano a Daniel Angelici y que tiene sus propios negocios vinculados al alquiler de inmuebles.

El titular de la Cámara 2 de Apelaciones porteña, Esteban Centanaro, mostró en lo que va del año su faceta más corporativa con dos fallos que tienden a favorecer los intereses del mercado inmobiliario. El primero, en febrero de este año, cuando Centanaro revocó el fallo que había declarado como “ilegal” la venta de los terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors; y el segundo, el 11 de abril, cuando emitió un fallo que pone en peligro la ley 5859 para que la comisión de alquileres no corra a cuenta de los inquilinos. ¿Quién es este juez, cuál fue su trayecto en la función pública y a qué otras actividades se dedica?

Esteban Centanaro tiene 72 años, es Doctor en Derecho por la Universidad del Salvador y se desempeña como profesor titular de Derecho Civil en la UBA. Su recorrido en la función pública fue de menor a mayor: en la década del ´90 operó como director de Subterráneos de Buenos Aires y, ya bajo la gestión de Fernando de la Rúa como jefe de Gobierno, fue designado director general del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, su principal salto llegó en el año 2011 a partir de su nombramiento como conjuez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por un acuerdo entre el sector peronista que encabezaba Juan Manuel Olmos -ex presidente del PJ porteño- y el ala macrista de Daniel Angelici. Precisamente, en el mundo judicial que lo tiene como uno de los principales operadores actuales del presidente Mauricio Macri, el “Tano” ya había elegido por aquellos tiempos a Centanaro como una de sus personas de mayor confianza.

Hasta aquí ninguna contradicción. No obstante, si se revisa el entorno familiar del camarista, llama la atención la trayectoria política cambiante de su hija, Ivana Centanaro, quien pasó de ser legisladora por el bloque kirchnerista en la Ciudad de Buenos Aires a pegar un sorpresivo salto hacia las filas del PRO en el año 2009, a pesar de que había sido directora del Registro Civil -al igual que su padre- pero durante el mandato de Aníbal Ibarra. Desde la Legislatura porteña Ivana promovió la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que en la actualidad se muestra como uno de los más férreos opositores a la sanción de una Ley de Alquileres.

Cuando lo público se entremezcla con lo privado

Fuera de dichas obligaciones, el juez Esteban Centanaro también se desempeña en el ámbito privado. De aquí se desprenden fuertes indicios que permiten explicar los últimos fallos que perjudicaron a los vecinos y las vecinas del barrio de La Boca -y que además favorecieron abiertamente a Boca Juniors y a su presidente Daniel Angelici, con quien mantiene un estrecho vínculo político-, así como a cientos de miles de inquilinos e inquilinas de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado es titular de CENT S.A., la empresa dueña de inmuebles que se destinan al alquiler. Esta firma nació durante el menemismo por escisión de la denominada “Centan Financiera Comercial e Industrial Sociedad en Comandita por Acciones” y su principal función es la administración de diversos inmuebles que forman parte de un “patrimonio íntegramente familiar”, según afirmaba el juez en el año 2007 al momento de realizar un pedido de autorización al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para desempeñarse como presidente de dicha sociedad anónima.

La devolución de favores de Centanaro a Angelici puede advertirse en el fallo de febrero pasado, luego de cuatro sentencias que habían dictado la inconstitucionalidad de la venta de los predios de Casa Amarilla. Allí la Sala II de la Cámara de Apelaciones -a partir del voto de mayoría de este juez y de la Dra. Mariana Díaz- revocó la sentencia de la jueza Cabezas Cescato y declaró “legal” el traspaso de estos predios al club Boca Juniors sin que exista ley aprobada por la Legislatura porteña que así lo disponga. En ese momento, les integrantes del colectivo La Boca Resiste y Propone aseguraron que esta venta “es un gran fraude económico para la Ciudad”, dado que Boca Juniors pagará los 180 millones de pesos de la siguiente forma: 9 millones al inicio; y luego de 3 años de gracia, deberá abonar por el lapso de 13 años un total de 41 cuotas por un valor aproximado de $4.200.000 pesos.

De acuerdo con Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, el fallo que pone en peligro la ley 5859 -que había sido aprobada por unanimidad en la Legislatura en el año 2017 y permitió que los inquilinos no debieran hacerse cargo de los gastos de comisión ni de gestoría- plantea “un conflicto de intereses evidente, protagonizado por un juez que debería haberse recusado y no lo hizo, que prefirió ser juez y parte y votar a favor de sus negocios personales”. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad deberá definir, pero hasta el momento la ley mantiene su vigencia.

No es la primera vez que salen a la luz casos de magistrados ligados a negocios familiares con fines de lucro, que ponen en riesgo el principio básico de la imparcialidad al momento de ejercer su profesión. En el año 2000 la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó al Dr. Julio Vilela, juez de la Cámara Nacional del Trabajo, para administrar la actividad agrícola ganadera de las fracciones rurales que le fueran adjudicadas tras el fallecimiento de su madre. Dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura autorizó en el año 2001 a la Dra. Daniela Ugolini, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a realizar actos de gestión y operaciones bancarias para la actividad agropecuaria de su padre.