No hay nada en la ranchada donde duerme C., sobre las escalinatas laterales del hospital Udaondo, más que colchones, almohadones y varias mantas. Mientras fuma, responde a la voluntaria del Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle que, muy despacio, le formula las preguntas de la encuesta, entre ellas cómo llegó a no tener nada, y por qué.
–Me desalojaron hace cinco meses, y ya no tengo más plata para volver a alquilar –dice C.
La censista recuerda enseguida que C. figura en la lista de espera para ingresar al Centro de Integración Frida, que brinda contención a mujeres cis y trans en situación de calle. Poco antes que a C. le saliera la vacante, una jueza de menores decidió sacarle la custodia de sus dos hijos y los internó en un instituto que le queda a dos colectivos de distancia. Le permite visitarlos apenas dos veces por semana.
–Pasa que yo no tengo trabajo, mi marido tampoco. Con los tres mil pesos que nos dio el Gobierno después del desalojo, tiramos unos meses en una pieza de Constitución, donde también vivía mi suegra. No queremos armar un rancho muy grande acá porque no queremos acostumbrarnos–, cuenta.
En la lista para ingresar al Frida hay más de un centenar de mujeres como C., y son cada vez más. Las organizaciones que llevaron adelante el Censo Popular remarcan que el aumento de mujeres y familias con chicos en las calles es notorio, mucho mayor que hace dos años, cuando realizaron el primer relevamiento. En 2017, el primer Censo Popular arrojó una relación de 80 por ciento hombres y 20 por ciento de mujeres; este año, la brecha se redujo a 65 por ciento de hombres y 35 de mujeres, según estimaban en la previa. Uno de los objetivos de la iniciativa, de hecho, es determinar cuánta gente quedó en la calle en el último año y medio e indagar en las causas concretas. Esperan encontrar allí algunas respuestas a cómo está pegando la crisis entre los más pobres.
“Salta a la vista que la crisis empezó a dejar en la calle a muchas familias, a las que se les cayó la changa o el rebusque. Y hay muchas otras que están al límite, en riesgo, que quizás conservan un techo pero no tienen para comer. Basta con caminar a determinada hora por las zonas donde se ubican las grandes pizzerías y restaurantes para ver la fila enorme que se arma”, advirtió en diálogo con El Grito del Sur Horacio Ávila, referente de Proyecto 7 y uno de los principales organizadores del Censo Popular. “Hay además muchas mujeres que trabajaban en tareas del hogar ayudando a otras que perdieron su trabajo y entonces se quedaron sin el rebusque y sin la moneda. También llegan a la Ciudad muchas mujeres del interior, escapando de situaciones de violencia machista”, describió.
La misma situación se da en el Centro Monteagudo, para varones, y en los paradores nocturnos administrados por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño: todos están rebalsados. “Más allá de los pedidos de vacante, hay cada vez más gente que viene a nuestros espacios a comer, a bañarse, a pedir ropa, mucha gente que viene buscando resolver las cuestiones más básicas, como tomar una sopa caliente”, sostuvo Ávila. Para el referente, el quiebre se dio “hace por lo menos un año y medio”, cuando “se empezaron a ver los primeros efectos del ajuste del primer tramo del gobierno de Macri”.
Los indicadores oficiales son elocuentes. La Dirección de Estadísticas y Censos porteña reveló que en los últimos tres años se duplicó la cantidad de indigentes en la Ciudad. En el tercer trimestre de 2015, según ese informe, se registraron 100 mil indigentes, mientras que en el mismo período de 2018, se contaron 198 mil. El último informe sobre pobreza del INDEC, en su capítulo sobre la Ciudad, también constató un aumento de casi 3 por ciento en apenas seis meses, en los índices de indigencia.
Basados en esas cifras y en lo que constatan diariamente en sus dispositivos y centros de integración, las organizaciones y ONGs que impulsaron el Censo Popular cuestionan con dureza el último dato oficial sobre personas en situación de calle. Para el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta hay 1091 personas sin techo –sostiene el mismo número desde abril pasado–, apenas unas 25 más que las que dice haber registrado en 2017. Sobre todo teniendo en cuenta que ese año, el primer Censo Popular registró casi 5 mil.
“Nosotros sabemos que el número que dio nuestro censo en 2017 fue un golpe duro para el Gobierno, porque desnudamos cómo mentía, cómo intentaba esconder una realidad. Por eso el debate en torno a cuanta gente hay en la calle no es una discusión menor, por más que intenten desviar la discusión, porque de ese número dependen las respuestas que le da el Estado a nuestros compañeros. Y este año, con los resultados en la mano, vamos a exigir políticas públicas concretas”, señaló Ávila. Los resultados del censo –que se realizó entre el jueves 25 y el domingo 28 de abril- estarían en principio para fines de junio o principios de julio.
UNA DISPUTA POR EL CONTROL DE LA CALLE
“Las semanas previas al censo, el Gobierno literalmente barrió con toda la gente en calle del barrio de Boedo”, afirmó a este medio Bárbara, voluntaria de la ONG Sopa de Letras. Testimonios similares fueron relevados por los censistas populares en varios barrios de la Ciudad. No sólo de la clásica violencia con que el Gobierno desaloja gente de la calle desde hace años, sino también a través de plata en negro que funcionarios sin identificación ofrecen a los sin techo para que se guarden por unos días, un método revelado anteriormente por El Grito del Sur.
La “limpieza” de las calles también tuvo que ver con el propio censo oficial que realizó el gobierno porteño, a fines de abril. “Antes del censo, vimos cómo mojaban varias ranchadas, para que después no los podamos encontrar a la hora de censar. Todo el dispositivo del censo está armado para que dé un número bajo”, relató a este medio una trabajadora del BAP.
En diciembre del año pasado, la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, que conduce Maximiliano Corach, realizó otro censo fuera de término, pero se niega a dar a conocer los resultados. Dimensionar la magnitud de la problemática le implicaría al gobierno porteño no sólo un revés político en pleno año electoral, sino destinar el presupuesto necesario para implementar las políticas públicas acordes.
De todas formas, el Programa Buenos Aires Presente (BAP) pasó de atender a un promedio de 215 personas por día en 2017 a 341 en 2018, más de un 50 por ciento de aumento, según informes internos a los que accedió este medio.
