Marcha contra la persecución a comunicadores populares

Perseguidos por mojarle la oreja al monopolio

Integrantes de medios comunitarios se presentaron en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar por la protesta pacífica que realizaron en diciembre frente a Canal 13 para exigir que Cablevisión y Telecentro incluyan en sus grillas las señales comunitarias habilitadas.

Primero enfrentados con el Grupo Clarín, ahora perseguidos por la Justicia. Comunicadores y comunicadoras populares se presentaron hoy en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°12 de la Ciudad de Buenos Aires para hacer un descargo por la imputación recibida tras protestar en diciembre pasado frente a las puertas de Canal 13 en reclamo por la negativa de las empresas cableoperadoras Cablevisión y Telecentro a incluir en sus grillas a las señales comunitarias habilitadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

«Es el Grupo Clarín, una de las tres empresas más poderosas del país, el que está atrás de todo esto. En definitiva, lo que hicimos en diciembre fue decirles ¨cumplan con la ley¨, como estamos cumpliendo desde los medios comunitarios. Todos los recaudos legales y mucha militancia fueron necesarios para llegar a obtener las licencias, como fueron los casos de Barricada, de Pares y Urbana TV. Nos encontramos frente a una gran empresa que tiene poder de veto, de regulación y decide qué leyes cumple y cuáles no», afirmó Natalia Vinelli, directora de Barricada TV e imputada en la causa, apenas salió de declarar en la Fiscalía.

La directora de Barricada TV, Natalia Vinelli, fue imputada por la Justicia porteña luego de que ejerciera el derecho a la protesta en diciembre pasado. Foto: Ariel Olivares

El pasado 17 de diciembre, los medios comunitarios realizaron una protesta pacífica frente a Canal 13 para exigir a los cableoperadores incluir en sus grillas a las señales de televisión abierta habilitadas por el Estado Nacional. «No se forzó ninguna reja, no se rompió absolutamente nada ni se utilizó la fuerza física contra ninguna persona, tampoco se tomó el canal, ya que ni siquiera se ingresó al edificio; el estacionamiento donde se realizó la protesta estaba abierto y pertenece al Gobierno de la Ciudad, no es propiedad privada de Canal 13. No hay una sola foto ni video que sostenga que haya habido violencia», aseguraron las organizaciones que nuclean a estos medios, dentro de las cuales se encuentran Interredes Farco, Amarc, RNMA y Red Colmena.

Otro de los imputados es Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del gremio Sipreba. En diálogo con El Grito del Sur, el periodista subrayó que «esta situación de tener que estar dando explicaciones por haber ejercitado nuestro derecho a la protesta es absurda e injusta. Tendríamos que estar discutiendo cómo se amplía el derecho a la información, cómo hay más voces y cómo se genera una verdadera democracia informativa. En ese sentido, hacemos un balance muy negativo del accionar del Ministerio Público Fiscal y de todos los recursos que se gastan en iniciar esta causa absurda, que lo único que hace es querer amedentrarnos, que nos quedemos callados y que no nos movilicemos para reclamar algo que es muy justo. Sin medios comunitarios no hay democracia y Barricada TV tiene que ingresar a la grilla de televisión por cable».

Tomás Eliaschev, periodista y secretario de Derechos Humanos del gremio Sipreba, también fue imputado. Foto: Ariel Olivares

La lista de imputados por la Justicia porteña incluye también a Pablo Antonini, Omar Zanarini y José María Bello. El abogado que lleva adelante esta causa, Martín Alderete, expresó finalmente que «intentan meter miedo y hacernos creer que protestar es delito, y que frente a eso podemos llegar a tener algún problema con la ley. Frente a eso, la mejor respuesta que se puede dar, además de la amplia solidaridad, tiene que ver con la defensa de los compañeros y las compañeras en los tribunales. No tenemos nada que temer».