Movilización de personas con discapacidad frente a la Quinta de Olivos

“No es justo que tengamos que vivir de la caridad”

Cientos de personas con discapacidad reclamaron frente a la residencia del Presidente el fin del ajuste en el Programa Incluir Salud, que afecta la atención en salud, rehabilitación y educación especial. Además, exigieron que se restablezcan las pensiones recortadas en 2017.

Beatriz Pérez perdió la cuenta de cuántas veces al día chequea la pantalla de la computadora, abierta en la cuenta corriente del Instituto Don Orione, esperando que llegue el depósito del Gobierno. Los fondos del Programa Incluir Salud llevan un retraso de seis meses y de ellos depende el pago de los salarios de médicos y profesionales que atienden a 1300 personas con discapacidad en todo el país. La sede de la Isla Maciel, en Avellaneda, ya sufrió cortes de luz y Beatriz hace malabares para pagar la boleta: “No me parece justo ni para nosotros ni para las personas que vienen a atenderse que tengamos que vivir de la caridad, más aún cuando el Estado tiene una responsabilidad que le marca la ley”, explica sobre las razones que la llevaron a ser una de las convocantes a una nueva movilización de agrupaciones e instituciones dedicadas a garantizar los derechos de esa población, nada menos que frente a la Residencia de Olivos, donde vive y descansa el Presidente.

Foto: Nicolás Cardello

“Es que ya movilizamos a Congreso, a Plaza de Mayo. Nos reunimos decenas de veces con la Agencia Nacional de Discapacidad y siguen tirando la pelota para adelante. Estamos hartos, la situación es gravísima. Macri tiene que entender que no puede seguir con el ajuste”, sostiene Carlos Muñoz, de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AiepesA).

Unas 30 mil personas con discapacidad, dicen las organizaciones que componen el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, están a punto de quedarse sin atención en salud, educación y rehabilitación desde que la Agencia Nacional de Discapacidad decidió desprenderse del manejo del programa Incluir Salud y descentralizar su presupuesto en las provincias. A eso hay que sumarle que los aranceles del servicio están congelados desde el año pasado y la última oferta del Gobierno fue de un 13% de aumento a partir de mayo. “Fue la gota que rebalsó el vaso”, aclaró Muñoz. Ese fue uno de los reclamos centrales de la carta que le entregaron en mano a allegados de Mauricio Macri.

Foto: Nicolás Cardello

La decisión de descentralizar Incluir Salud, plasmada en la resolución 453/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue judicializada, porque entre otras perjuicios implicaba congelar los fondos de las empresas transportistas. El riesgo que persiste es que no sólo muchas instituciones se caigan, como ya está sucediendo, sino que muchas personas ni siquiera puedan llegar desde su casa para atenderse.

Hace 20 días, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Número 1, a cargo del juez subrogante Enrique Lavié Pico, le dio la razón a las organizaciones y obligó al Gobierno a restablecer de mínima el servicio de transporte. Aún está dentro del plazo que tiene para hacerlo, pero las organizaciones no se fueron con una respuesta positiva sobre ese punto durante la última vez que se reunieron con el titular de ANDIS, Santiago Ibarzábal Murphy.

Foto: Nicolás Cardello

De fondo, las organizaciones sostienen el reclamo de que el Gobierno restituya las miles de pensiones que recortó en 2017 y que la Justicia ya le ordenó revisar. “Es realmente atroz este ajuste cuando la pobreza no para de crecer”, denunció Muñoz.