La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014) prevé que las personas en esta condición cuenten con el derecho a estudiar y aprender en escuelas comunes. Sin embargo, nada de esto se condice con lo que sucede en Argentina: les niñes y las familias deben transitar una engorrosa lucha contra un sistema expulsivo, que se dedica a poner barreras al ingreso, la permanencia y el egreso de chicos y chicas con discapacidad.
Es por esto que desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzaron un sitio web orientado a asesorar y brindar herramientas para que las familias puedan superar los múltiples obstáculos que enfrentan en su ingreso a la educación formal. «La iniciativa nace porque desde ACIJ recibimos muchas consultas de personas con discapacidad y sus familiares que nos contaban que querían ejercer el derecho a la educación inclusiva y se veían enfrentadas a barreras actitudinales, físicas y económicas que les impedían acceder en igualdad de condiciones», explica Dominique Steinbrecher, abogada del área de Discapacidad de ACIJ.
Desde la asociación comentan que la idea pretende empoderar a estas personas para que puedan tener las herramientas disponibles para hacer valer su derecho a la educación inclusiva, conocer sus regulaciones y pormenores. En la página web también se identifican las 8 barreras más frecuentes con las que se enfrentan las familias al momento de acceder a una educación inclusiva con igualdad de condiciones. Asimismo, la página ofrece modelos de reclamo para presentar frente a la escuela o las instituciones competentes.
«Una primer barrera es la negativa de inscripción: cuando las familias van a inscribir a los chicos y chicas se encuentran con una negativa directa o indirecta, a través de frases como `ya cumplimos el cupo´, `no tenemos vacantes´ u otras excusas para no aceptar el ingreso por motivos de discapacidad», agrega Dominique y explica que la situación es común tanto en escuelas públicas como en instituciones privadas. «Muchas veces las familias se van convencidas de que las escuelas no están obligadas o que tienen cupo. Eso no es así: las escuelas no pueden negarse y las familias tienen derecho a la educación inclusiva en igualdad de condiciones», explica.
Sumada a la negativa de inscripción se contabilizan otras barreras en la trayectoria escolar: falta de ajustes razonables para estudiar en igualdad de condiciones o reducción de jornada (que les niñes vayan una o dos horas cuando el resto va jornada completa). A esto se le añaden los problemas para la certificación y el egreso, ya que en reiteradas ocasiones se les niega su título o se les entrega certificados que no son homologables.
«No hay una prioridad del Estado. Hoy, más de la mitad de los y las chicas siguen recibiendo su educación en entornos segregados, escuelas con una perspectiva más asistencialista y con bajas expectativas. Si bien se ha aumentado la matrícula de niños y niñas con discapacidad, aún falta mucho por hacer», concluye Dominique.