Las cien familias lograron un impasse de 60 días

El Toallero sigue de pie contra el desalojo

Luego de asistir a una nueva audiencia en el Juzgado Civil N° 60, las familias del edificio de Santa Cruz 140 -donde funcionó la ex fábrica textil SELSA de Parque Patricios- lograron el llamado a una mesa de diálogo entre todas las partes involucradas. La misma será presidida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

Cuando todo parecía perdido, una última instancia de negociación se abrió entre las diferentes partes para evitar el brutal desalojo de cien familias que residen desde hace más de 15 años en el edificio de Santa Cruz 140, ubicado en el barrio de Parque Patricios. Durante el mediodía de este martes, en una tensa audiencia que se extendió por más de 3 horas, se logró consensuar un impasse de 60 días y el armado de una mesa de diálogo presidida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que tendrá como objetivo encontrar una salida a un nuevo conflicto vinculado a la vivienda en la metrópolis más rica del país.

La audiencia realizada en el Juzgado Civil N° 60 contó con la presencia del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y de representantes de la Procuración General de la Ciudad, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la Defensoría de Menores de la Nación y la Asesoría Tutelar de la Ciudad. También se hicieron presentes la legisladora porteña Paula Penacca, vicepresidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, el Dr. Sebastián Tedeschi, referente del programa de Derechos Económicos y Sociales de la Defensoría General de la Nación, les vecines del edificio nucleades en la cooperativa de vivienda “Papa Francisco”, abogades de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Jorge Abasto de CIBA (Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires), Sandra Sánchez y Ana Thomas, del equipo técnico Ubanex de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Susana Ordoñez, vecina e integrante de la cooperativa de vivienda “Papa Francisco”, informó a El Grito del Sur que “el juez sigue firme y cerrado en lograr que el desalojo se efectúe con la presencia de fuerzas de seguridad. Sin embargo, él decidió una mesa de diálogo de 60 días para buscar una solución”. Ésta comenzará el próximo lunes 10 y será encabezada por el Defensor del Pueblo Alejandro Amor con la presencia de diversos actores. “Se escuchó cada barbaridad por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad… se mostraron muy indiferentes. Ellos dicen que tienen un programa de atención donde tienen cubierto el tema de vivienda a partir de un subsidio habitacional, pero nuestro pedido no es una solución transitoria. Hoy tenemos vulnerado el derecho de acceso a la vivienda”, manifestó Ordoñez tras la reunión.

Paradójicamente, el organismo responsable de la política habitacional en la Ciudad -el IVC conducido por Juan Maquieyra- no se hizo presente en la audiencia. Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), que defiende a los vecinos y las vecinas afectadas, exigen su presencia en la búsqueda de una solución pacífica a esta problemática. “¿Dónde está el Estado para garantizar que esas familias no queden en la calle con sus hijos? Lo concreto es que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad tienen una no-respuesta hacia los sectores más desposeídos y en contexto de vulnerabilidad, los que menos posibilidades tienen por sus propios medios de resolver esta situación”, denunció la abogada Rosa Herrera. La integrante de LADH anunció además que “en estos 60 días de mediación, que se consiguieron con lucha, se buscará trabajar en una respuesta al problema habitacional que afecta a las familias”.

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