Legislatura CABA

La villa 31, de remate para pagar el Paseo del Bajo

En una reunión de la Comisión de Presupuesto, legisladores oficialistas de la Ciudad de Buenos Aires firmaron hoy el dictamen para tratar dentro de dos semanas la autorización de la venta de terrenos públicos que forman parte del polígono "Barrio Padre Carlos Mugica".

En medio de un clima de tensión provocado por la férrea oposición de vecinos y vecinas hacia el expediente tratado en la Comisión de Presupuesto, legisladores oficialistas (PRO + aliados) firmaron hoy el dictamen del proyecto de ley que busca autorizar al Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta a rematar doce terrenos públicos, seis de los cuales están ubicados dentro del polígono de la urbanización de la Villa 31. Con esa plata, el Jefe de Gobierno busca pagar parte de la deuda transferida desde Nación a la Ciudad por el Paseo del Bajo. La sesión definitiva en la Legislatura porteña, donde el oficialismo precisa de 40 votos para lograr su cometido, tendrá lugar dentro de dos semanas.

La nómina de terrenos a rematar dentro de la 31 se inscribe en el convenio plasmado por el artículo 6° de la Ley N° 6129, aprobada a finales del año pasado. Ésta incluye seis zonas diferenciadas que se especificaron en el Anexo A: Av. Presidente Ramón Castillo y Calle S/N oficial; Av. Dr. José María Ramos Mejía, calle Carlos Perette y calle S/N oficial; Av. Dr. José María Ramos Mejía S/N°; parte de la parcela 1H de la Manzana 66B; inmueble ubicado en la Calle 10, inmuebles identificados como Circ. 19, Secc. 15, Manzana 162C, Parcela 1 (parte), 3, 6, 7, 8, 9 y 10, Manzana 162J; y Av. Gendarmería Nacional Argentina esq. calle Prefectura Naval Argentina esq. calle Carlos Perette esq. calle S/N.

Hay otros dos terrenos que quedaron fuera, pero que son cercanos al perímetro y lindan directamente con el vértice norte del Paseo del Bajo, tramo construido por IECSA, la constructora insignia del Grupo Macri, hoy en manos del dueño de Edenor, Marcelo Midlin. Se trata de la intersección de las avenidas Gendarmería Nacional y Antártida Argentina, de 15 mil metros cuadrados y tasado en 898 millones de pesos; y del terreno ubicado entre las calles Presidente Ramón Castillo y N° 10, de 26 mil metros cuadrados y tasado en un valor de más de 1200 millones de pesos.

Las primeras en hablar fueron las vecinas afectadas. Silvana Olivera, integrante de la Mesa por la Urbanización Villa 31-31Bis, subrayó que «estamos en contra de este proyecto de enajenación porque no especifica bien cuál va a ser el uso y el destino de estas tierras, es decir qué porción será utilizada para viviendas sociales, para hospitales y para el pago de la deuda. Nuestra villa tiene más de 80 años y tenemos derecho a decidir qué es lo que va a pasar con nuestro futuro y el de nuestros hijos. Esta urbanización no nos incluye». Lesli Rojas, miembro de la Mesa Rotativa y Participativa, planteó que «una vez más el Gobierno de la Ciudad nos pasa por arriba. No se consultó si queríamos que estas tierras sean enajenadas y lo mismo con las escrituras. Todo esto tiene que pasar por el ámbito de las CGP, tenemos una ley que nos ampara». Por su parte, la referenta barrial Maura Sarmiento resaltó que «somos los dueños de las tierras y no nos pueden sacar de donde tenemos nuestras vidas. Se pusieron en contra de nuestros ideales, nuestros deseos y nuestros intereses».

Frente a ellas, se encontraban los legisladores del oficialismo -encabezados por la macrista Paula Villalba- y un puñado de opositores que participaron de la reunión. Mariano Recalde (Unidad Ciudadana), quien presentó un proyecto alternativo al del Pro, señaló que «estuvimos la semana pasada en el barrio viendo los materiales y la forma de construcción de esas viviendas que están formando parte de ese proceso de urbanización tan cuestionado. Creemos que este proyecto debe retirarse y no debe despacharse en este momento. No estamos de acuerdo con el procedimiento por el cual se viene llevando a cabo la discusión de este tema, dado que se debe trabajar qué destino se les va a dar a estas tierras que quieren poner a la venta». Gabriel Solano (Frente de Izquierda) expresó que «las vecinas están defendiendo su casa y es lógico que lo hagan. Esta urbanización busca hipotecar a los vecinos sobre un monto que todavía ellos desconocen para tener a cambio la misma propiedad que están teniendo ahora. Con los problemas habitacionales que tiene esta ciudad, la Comisión de Vivienda todavía no se reunió en lo que va del año».

De acuerdo con el proyecto de ley, que se tratará en apenas dos semanas y por el cual el oficialismo requerirá del favor de la bancada de Evolución (Martín Lousteau) para llegar a los 40 votos, la venta de estos terrenos tendrá como destino específico «el financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, como así también la cancelación de amortizaciones de deuda». Éste último punto es uno de los principales cuestionamientos que genera esta iniciativa y se agrega a la falta total de canales de participación en el tratamiento de estos temas. Por otra parte, el proyecto contempla la autorización para vender otros seis terrenos, dentro de los cuales se destaca el predio donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers. Aquí, a diferencia del resto de los casos, el GCBA «mantendrá el dominio de la superficie destinada para uso y utilidad pública», lo cual contempla el 65% de la totalidad ubicada entre las avenidas Directorio, Eva Perón y Lisandro de la Torre.