Vecinos presentaron un recurso de amparo por considerarla "ilegítima"

Villa 31: conflicto en puerta por la mudanza forzosa de 1400 familias del bajo autopista

La relocalización de las 1400 familias que viven en el sector bajo autopista de la Villa 31 hacia el complejo de viviendas "YPF" estaba prevista para principios de este mes. Sin embargo, la falta de garantías sobre el valor real de las nuevas viviendas a adjudicarse motivó la presentación de un amparo para frenar el traslado y exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

La Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del Barrio Carlos Mugica presentó ayer un recurso de amparo que busca suspender la mudanza forzosa de unas 1400 familias que viven debajo de la traza de la Autopista Illia “hasta tanto no se cumplimente con las instancias de consenso, decisión y participación de los vecinos del Barrio”, según reza el escrito que ya cursa en el despacho de la jueza en lo Contencioso Administrativo María Elena Liberatori y al que tuvo acceso El Grito del Sur. La medida busca resistir las intenciones de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU), que conduce el ex CEO de Sushi Bar Restó, Diego Fernández, de comenzar durante los primeros días de junio la relocalización de esas familias hacia el complejo de viviendas estatales del barrio YPF.

Las familias y referentes que forman parte de la Mesa de participación rechazan la mudanza por considerarla “ilegítima”, en tanto el gobierno porteño no consiguió el consenso del Consejo de Gestión Participativa (CGP), que reúne la voz de consejeros electos del barrio y representantes de distintas instituciones de la Ciudad como la Defensoría del Pueblo, además del Ejecutivo.

Esta presentación judicial llega en un contexto de creciente desconfianza hacia la administración de Horacio Rodríguez Larreta, luego de que la tan promocionada urbanización de la Villa 31 y 31 bis no haya rendido sus frutos hasta el momento. Por el contrario, las sospechas de corrupción a partir de la cuantiosa deuda externa que el GCBA tomó en nombre del barrio -casi 200 millones de dólares del Banco Mundial- para realizar obras aún invisibles y la posibilidad de quedarse sin vivienda propia en el corto plazo resuenan en las diferentes asambleas como los principales motivos de un descontento que se ha acelerado a pasos agigantados entre finales de 2018 y los primeros meses de este año.

La Mesa cuenta con el apoyo de varios legisladores de la oposición, entre ellos Paula Penacca, Mariano Recalde, Gabriel Solano y Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Un grupo de ellos visitó a fines de mayo la zona del bajo autopista para interiorizarse sobre las deficiencias que arrastra la urbanización del barrio.

Legisladores opositores -de izquierda a derecha están Santiago Roberto, Mariano Recalde, Victoria Montenegro y Gabriel Solano- se hicieron presentes en la zona del bajo autopista el pasado 31 de mayo.

La flamante denuncia, patrocinada por la ONG Nace un Derecho, plantea suspender en un plazo de 48 horas toda situación de traslado y respectiva adjudicación de inmuebles en el barrio YPF “hasta tanto no se cumplimente con las instancias de consenso, decisión y participación de los órganos competentes y de los vecinos del Barrio en cada uno de los actos y hechos que implican y/o conllevan el proceso de relocalización que se procura ilegítimamente implementar”. Dentro de las instancias participativas que están previstas en la ley 6129, se inscribe el Consejo de Gestión Participativa (CGP) del proceso de reurbanización del barrio Carlos Mugica. Sin embargo, estas mesas de trabajo -necesarias para garantizar el derecho a la información de los vecinos y las vecinas a reubicar- han brillado por su ausencia. Otra de las falencias que denuncia el escrito se relaciona con el costo y la forma de pago de las nuevas viviendas, puesto que el gobierno porteño “persiste en no informar el valor de cada uno de los inmuebles que habrán de adjudicarse a los eventuales beneficiarios”. Al mismo tiempo, si bien en el bajo autopista residen actualmente unas 1400 familias, las viviendas a realizarse son 1044 y “el Gobierno tampoco ha informado cuáles son las familias beneficiarias”.

Héctor Guanco, quien aparece como denunciante y se desempeña como referente barrial de la Mesa Participativa y Rotativa, sostuvo a El Grito del Sur que “esto no pasó por la CGP -donde se deben discutir relocalizaciones, infraestructura y apertura de calles- y, por lo tanto, no hay claridad ni garantías de nada. En esta relocalización que quiere hacer el Gobierno de la Ciudad, hay una violación de los derechos humanos. Por eso el bajo autopista no se relocaliza hasta que los vecinos no tengan bien en claro cuánto van a pagar”. Por su parte, una de las vecinas afectadas, Lesli Rojas, agregó que “muchos no quieren ir porque no les gusta la forma de construcción de las viviendas: toda la parte externa de las paredes es de chapa, el piso es alisado y no tiene cerámica y a los que vivimos en el bajo autopista no nos hacen una tasación de nuestras casas con todo lo que invertimos. Además nos están dando una escritura que no garantiza que vaya a ser para el vecino, dado que en caso de deber tres cuotas se entra en un registro de morosidad y ya te aumentan los planes de pago. A la vez, tenés el riesgo de que te rematen la casa, es decir, esto iría en contra de las leyes 6129 y 3343”.

“Muchos vecinos no quieren ir porque no les gusta la forma de construcción de las viviendas: toda la parte externa de las paredes es de chapa, el piso es alisado y no tiene cerámica “. Lesli Rojas

“Lo que hace esta escritura es prácticamente sacarte de tu casa”, alertó Lesli Rojas. Precisamente, en un documento titulado “La Secretaría te miente”, la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa asegura que la escritura entregada a los vecinos “en ninguna parte da garantías de que nadie puede sacarte tu vivienda. Le da poder absoluto a la Secretaría sobre tu vivienda (…) y está armada para beneficiar a futuros negocios inmobiliarios”. Por otra parte, la organización barrial exige que el metro cuadrado de las viviendas no supere el valor de $3037, dado que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) tasó a ese precio las tierras del barrio, pero “ahora la Secretaría quiere que paguemos 20 mil pesos por metro cuadrado”, según reveló Lesli a este medio.