Criminalización del colectivo travesti y trans

¿Quién queda tras las rejas?

En la Provincia de Buenos Aires, la tasa de encarcelamiento de la comunidad travesti trans es casi siete veces más alta que la de personas cis en un (cis)tema carcelario que utiliza todos los artilugios a su disposición para seguir criminalizando a las comunidades más vulneradas.

En marzo de este año, el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación declaró la emergencia carcelaria luego de que el Servicio Penitenciario Federal indicara que el número de personas en contexto de encierro había llegado a 13.900, superando en más de 1.600 personas la capacidad de las penitenciarías bonaerenses. A la sobrepoblación, denunciada desde el 2017, se le suman los malos tratos y torturas. Según documentos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en 2009 se registraron 197 casos de torturas mientras que en 2018 hubo 558 (casi tres veces más), una curva de crecimiento que tuvo su punto máximo en 2015 donde se contabilizaron 823 casos.

Si bien el sistema carcelario argentino es estigmatizante para toda su población, el impacto se acentúa en algunas identidades. Según el Servicio Penitenciario Federal, hasta el 29 de marzo de este año un 93% (12.733) de la población carcelaria eran varones, un 8% mujeres (1121) y un 0,3% mujeres trans (43).  Sin embargo, a este dato fundamental hay que sumarle otro: como relevó la Asociación Civil OTRANS, mientras que las mujeres, trans y travestis constituyen el 0,022% de la población de la provincia de Buenos Aires son el 0,16% de la población privada de su libertad en dicho territorio. Es decir que la proporción de mujeres trans y travestis en la provincia más grande del país es mayor dentro de la cárcel que fuera de ella. Además, mientras 1 de cada 530 personas cis que vive en la Provincia de Buenos Aires está presa, la tasa de encarcelamiento de la comunidad travesti trans es de 1 de cada 73, lo que implica que una mujer trans o travesti tiene casi 7,3 veces más probabilidad de ser encarcelada que una persona cisgénero.

Fotos: Catalina Distefano

La criminalización del colectivo travesti y trans está marcada a fuego por la Ley N° 23737 de estupefacientes. El año pasado la Ciudad de Buenos Aires se adhirió a la Ley de desfederalizacion que tuvo como consecuencia que se tripliquen según el ministerio publico de la defensa las causas por narcotráfico.  Ésta tiene un fuerte impacto sobre la población carcelaria recayendo sobre los pequeños actores del narcomenudeo y no sobre los grandes distribuidores de las sustancias.

Según informó la Sala IV de la Cámara de Garantías de La Plata, el 91% de las mujeres trans y travestis bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se encuentran privadas de la libertad por infracción a esta ley y, en el caso de las mujeres trans y travestis migrantes, el número asciende al 100%, un fenómeno que no sucede con ninguna otra población. Esto se da porque, aunque la ley sea neutra en su redacción, discrimina indirectamente a ciertas comunidades. Como explica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la Provincia de Buenos Aires muchas de las detenciones se dan de manera arbitraria como parte de la prevención policial, sin denuncias previas, ni operativos y a las detenidas se les imputa la comercialización de estupefacientes -delito no excarcelable- sin más pruebas que el relato policial, dinero incautado y poca cantidad de droga. Un análisis de veinte expedientes (seleccionados al azar) realizado por la OTRANS señala que la cantidad encontrada oscila entre los 0,5 y los 3 gramos de cocaína en las detenciones callejeras, llegando a 8 gramos en los allanamientos de domicilios. Sin embargo, en todas las causas, el juzgado interviene bajo la carátula de “comercialización de estupefacientes”.

Para entender la dimensión discriminatoria de la ley resulta fundamental leerla en clave feminista. Si bien los edictos policiales que rigieron hasta 1998 fueron derogados y la sanción de la ley de Identidad de Género cambio el panorama para el colectivo travesti trans la criminalización sigue estando vigente a través de nuevas figuras penales. Es decir que, si bien las leyes no penalizan la identidad en sí, la exclusión del colectivo T del mercado laboral formal -según la investigación realizada en 2012 por el INDEC y el INADI, esta comunidad tiene un porcentaje del 80% de informalidad laboral- se yuxtapone con la aguda persecución de algunos delitos o formas de habitar los espacios públicos adoptadas mayoritariamente por este colectivo.

Aradia García es secretaria de OTRANS y estudiante de periodismo en la Universidad de La Plata. En diálogo con El Grito del Sur explicó: “La criminalización va de la mano de la estigmatización. Se criminaliza a las identidades travestis (los medios hablan de narcotravestis), pero las compañeras son el último eslabón de toda esta cadena de la droga y en vez de ir a buscar a los verdaderos narcotraficantes, el gobierno se la agarra con las personas trans. Tiene que ver con cómo opera el sentido común en relación al colectivo travesti-trans: se abre una cadena de significados y significantes donde aparece implícitamente la prostitución y la venta de droga y no permite divisar a una compañera trans médica, abogada o ingeniera. Hay una criminalización que no sólo es policial sino que es social”.

Alba Rueda es activista trans y trabajadora del INADI, además forma parte de Mujeres Trans Argentina e investiga temas de disidencias sexuales del departamento de Género y Comunicaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Consultada sobre el tema Alba manifiesta  “Es muy difícil para muchas mujeres trans no quedar atrapada dentro de la lógica de la prostitución. Esto sumado a la demanda del varón que va a consumir prostitución con drogas, las deja encerradas en el sistema prostibulario que trae consigo tanto la demanda de coimas  por parte de la policía con las expectativas del ‘cliente’ “.

Fotos: Catalina Distefano

En este punto parece fundamental detenerse en la función punitivista de la sociedad. Si bien las penas, encierros y castigos existen desde hace siglos, en términos generales éstas no han dado resultados positivos: no generan una reinserción efectiva ni logran una mejor integración social. Las cárceles -especialmente en nuestro país- no están ocupadas por aquellxs que realizan estafas multimillonarias ni por quienes fugan grandes cantidades de divisas al extranjero. De hecho, para quienes terminan tras las rejas, el castigo en condiciones deplorables genera un círculo vicioso por el cual ciertas identidades son marginadanas del sistema, criminalizadas y luego estigmatizadas, imposibilitando su reinserción. Si una persona travesti o trans, que se enfrenta a la marginación y la precariedad, fuese responsable de alguna infracción a la ley: ¿Es el encierro en condiciones deplorables la única respuesta que puede darle el Estado -luego de una trayectoria de olvidos-? ¿Hay en el sistema penal argentino una contradicción entre un Estado que se autoproclama gay friendly pero criminaliza a uno de los colectivos históricamente más postergados? ¿Existe cierta búsqueda de un chivo expiatorio en el colectivo travesti trans?

Como enuncia en mejores términos la abogada feminista Ileana Arduino en su artículo Los hilos punitivos de la trama neoliberal: intercambios en clave feminista“La respuesta punitiva binariamente organizada es cómoda en unas escenas políticas dominadas por la producción y reproducción de alteridades que, al tiempo que celebra multiplicaciones identitarias, se vuelve sobre ellas (…) para reconfigurarlas como otras amenazantes y a partir de allí, administrarlas con violencias, segregaciones, encierros e incluso exterminios”

Rueda entiende que hay una intencionalidad y una congruencia entre la violencia institucional y la violencia del sistema judicial en no tener en cuenta ni las situación de vulnerabilidad estructural ni cuestionar acerca de la violencia y la trama de situaciones que llevo a esas personas a incurrir en un delito. “Muchas de las personas trans en contexto de encierro están sin sentencia firme y no se les da las posibilidades que a otras poblaciones en esta situación”

Fotos: Catalina Distefano

En abril de este año, Franco Picardi, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5, exigió el sobreseimiento de cinco personas trans procesadas por delitos de narcomenudeo, un fallo sancionado por el juez federal Sebastián Casanello. El fiscal hizo hincapié en la vulnerabilidad estructural de las imputadas y en su alegato citó a Judith Butler. Sin embargo, casos como éste representan la excepción y no la regla.

“Desde que asumió Mauricio Macri las detenciones arbitrarias y el armado de causas, torturas y muertes de personas trans y travestis, tanto en situaciones de encierro como fuera de éstas, crecieron exponencialmente. Es parte de su posicionamiento ideológico: se dicen inclusivos pero María Eugenia Vidal no reglamenta la ley de cupo laboral trans en la Provincia de Buenos Aires y el intendente Julio Garró dijo que le daría atención psicológica en lugar de trabajo a las personas trans”, concluye la secretaria de OTRANS.

“El sistema judicial tiene ya evaluada la estigmatización de la comunidad trans que juega a favor de tratar tanto la violencia institucional como las redes reales del narcotráfico. Terminan cerrando la causa con quien vende papelitos y no con quien forma parte real de la distribución de la droga” aporta Alba Rueda.

La realidad de las personas trans en situación de encierro es totalmente precaria y muchas veces aparece como un eslabón más de la cadena de exclusiones que sufren durante su vida. Dentro de la cárcel quedan expuestas a requisas vejatorias, violencia institucional y un acceso a la salud restringido. Además, ni el Servicio Penitenciario Federal ni el Provincial cuentan con una formación en perspectiva de género. Muchas veces no se respeta su identidad autopercibida obligando a mujeres travestis y trans a alojarse en cárceles de varones. Las malas condiciones han terminado incluso en la muerte, como sucedió en cuatro oportunidades durante el año 2017.

Fotos: Catalina Distefano