Negocios con las tierras públicas en la era Macri-Larreta

El suelo urbano: ¿para los porteños o para especuladores?

Las novedades de los últimos diez días dejaron al descubierto que la prioridad de la clase gobernante en la Ciudad es el negocio inmobiliario, y la lejanía de sus preocupaciones respecto de las necesidades de la ciudadanía. De la emergencia habitacional que no fue a la muerte de personas en situación de calle. ¿En quién piensa el Pro a la hora de tomar decisiones?

Los últimos diez días dejaron en claro, otra vez, cuáles son las prioridades del Gobierno de la Ciudad. La noticia del fallecimiento de Sergio Zacaríaz por hipotermia (52 años) fue el puntapié inicial. Se encontraba en situación de calle, en Perú al 400, en el barrio de Monserrat. A partir de este hecho salieron a la luz otras muertes de personas también en situación de calle en Venado Tuerto, Jujuy, San Nicolás, Mar del Plata, Rosario, etc. Esto lamentablemente no es una novedad, todos los años fallecen personas en la calle, principalmente, en las épocas de frío extremo.

En el año 2004 se aprobó en la Legislatura de la Ciudad la Ley N° 1.408 que declaró el estado de Emergencia Habitacional por tres años contados a partir del 4 de noviembre. En el 2007, por la Ley N° 2.472 se prorrogó por tres años más, hasta noviembre de 2010. Finalizado el plazo, no se alcanzó la mayoría para prorrogar la declaración. El cuerpo legislativo percibió que la cuestión habitacional no era un problema social en aquellos tiempos. Una percepción evidentemente errónea.

Caída la declaración de Emergencia Habitacional, a las pocas semanas se produjo la ocupación del Parque Indoamericano por miles de familias, mayormente inquilinas. Días antes funcionarios del gobierno habían anunciado que se entregarían títulos de propiedad únicamente a los “propietarios” de las villas, actualmente conocidos como Barrios Populares por aprobación de la Ley N° 27.453. Los “propietarios” son dueños de la vivienda porque la construyeron o la compraron informalmente, pero no del suelo. Las familias inquilinas, la gran mayoría viviendo hacinadas, en situaciones inadecuadas y pagando altos montos por el alquiler, perdieron todas las esperanzas de acceder a una mejor solución habitacional, otra promesa del gobierno no cumplida.

Frente a la desesperanza entendieron el mensaje claro del gobierno: sólo tendrán título de propiedad los “propietarios” y para ser propietarios se debe ocupar suelo y dejar de ser inquilino. El Parque Indoamericano, rodeado de villas con altos porcentajes de familias inquilinas, fue el suelo cercano y accesible para convertirse en “propietarios”. A la percepción errónea de los legisladores, se sumó la irresponsabilidad de no evaluar las consecuencias de anuncios de políticas no pensadas debidamente.

El GCBA decidió reprimir a las familias, la nueva Policía de la Ciudad inició su historia y experiencia con tres asesinatos, y desalojarlas con una nueva promesa de solución habitacional que nunca se cumplió. Queda en la memoria el acuerdo de los Estados: peso que invierta la Ciudad, otro peso invertirá la Nación. El GCBA no invirtió ni un peso.

Pero, ¿qué tiene que ver el desalojo del Parque Indoamericano con las personas en situación de calle? Los legisladores no sólo decidieron no prorrogar la emergencia habitacional, sino que también llevaban años sin tratar proyectos para paliar la crisis habitacional. Sucedidas las tres muertes y el desalojo del Parque Indoamericano, atinaron para salvar las culpas mejor dicho la imagen, a aprobar proyectos de ley que no tocaran el mercado inmobiliario pero que pretendían atender mínimamente a solucionar problemas extremos. Eligieron aprobar la Ley N° 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y la Ley N° 3.720 de Sistema de Garantía Bancaria en la órbita del Banco Ciudad.

Ninguna de las dos leyes sirvió para mucho en estos últimos ocho años. En relación a las personas en situación de calle, se continúa con las políticas de paradores y de subsidios habitacionales. Esta última no se ha modificado sustancialmente desde el año 2006 que se dictó el Decreto N° 690/06. Eran los tiempos de la Argentina creciendo a tasas chinas. Ahora que tenemos alta inflación, niveles de desempleo superiores a los últimos 15 años, endeudamiento histórico, recesión económica, el GCBA sostiene la misma política. Luego de ocho años se mantiene la misma percepción errónea que en el 2010: la ciudad no se encuentra en un estado de Emergencia Habitacional.

Pero, mientras tanto, todos los indicadores duros muestran una realidad distinta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Quizás no es ceguera, sino indiferencia frente al sufrimiento ajeno, una perversa indolencia social. Por ejemplo, el GCBA realizó un relevamiento poblacional en el 2010 en el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31bis), que dio como resultado una población de casi 28 mil personas. En el año 2017 realizó un nuevo relevamiento, cuyos resultados dio a conocer la semana pasada. La población ascendió a aproximadamente 42 mil personas. En sólo siete años, existen 14 mil personas más en un Barrio Popular. Desde el año 2001 se ha cuadruplicado la población de villas. Desde el año 2010 hasta el presente se ha duplicado.

LA CALLE NO ES UN LUGAR PARA VIVIR

Algo similar ha sucedido con las personas en situación de calle. La Ley N° 3.706 obliga al GCBA a realizar un relevamiento anual. Nuevamente comenzaron las trampas en los números aportados por el gobierno. Al principio no contaba a las personas que estaban en paradores, que para la ley seguían estando en situación de calle. Fue la postura que defendió María Eugenia Vidal, en su carácter de ministra de Desarrollo Social, ante los jueces de la Corte Suprema. Los jueces supremos tuvieron que leerle la Ley N° 3.706 para explicarle a la ministra que los paradores no son una vivienda adecuada. Se portaron como profesores de derecho que enseñan a sus noveles alumnos que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Los operativos de relevamiento se hacían en un sólo día y en algunos sectores de la ciudad se determinó que estos relevamientos no respetaban la ley. A pesar de la orden judicial, las cifras que sigue dando el gobierno son inverosímiles. Este año informó, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que 1.146 personas están viviendo en la calle. Por su parte, desde el año 2017 las organizaciones sociales pusieron en marcha un censo popular. El primer censo dio un número de aproximadamente 5 mil personas viviendo en la calle. En los datos que se dieron a conocer el viernes pasado, informaron que la cifra asciende a aproximadamente 7.200 personas en base al relevamiento realizado durante una semana en el mes de abril.

Hay otra cifra que resulta increíble. El GCBA informó que actualmente 9.177 personas que se encontraban en situación de calle perciben subsidio habitacional del Programa Atención para Familias en Situación de Calle para que puedan alquilar en un hotel o una vivienda. De este número, casi el 60% (5.367 personas) percibieron el subsidio habitacional en virtud de una orden judicial. A principios del año 2018, por vía judicial los subsidios eran 4.590. ¿Qué sucede? De acuerdo al Decreto N° 637/2016, los montos del beneficio deben oscilar entre los dos mil quinientos ($2.500) y los cuatro mil pesos ($4.000), siendo esta última suba el tope máximo. El dinero no alcanza ni para alquilar una pieza en una villa. El plazo del subsidio es por 12 meses prorrogable discrecionalmente por otros 6 meses. Si no solucionaste tu situación económica no importa, el GCBA puede cortarte el subsidio. Por estas restricciones irrazonables miles de familias acudieron a la Justicia y le ganaron al GCBA. De esta forma, en virtud de las órdenes judiciales, el monto promedio del subsidio otorgado fue de $ 6.476. A principios del año 2018, el promedio era de $ 4.990. Las personas por vía judicial obtienen un mayor monto de subsidio, superando los límites del decreto. La sentencia judicial se ha transformado en un requisito administrativo más para acceso al subsidio.

Grave situación que vive la sociedad porteña. Esta descripción se agrava más si consideramos a las familias que se encuentran en riesgo de quedar en situación de calle: por ejemplo, las familias con procesos judiciales de desalojo. En el barrio de la Boca hay 200 desalojos en curso, más de mil familias afectadas. El desalojo de las 100 familias de Casa Santa Cruz tiene fecha para los primeros días del mes de agosto.

En conclusión, a pesar de esta situación descripta, la Legislatura no prioriza tratar la Emergencia Habitacional. Comenzamos diciendo que sus prioridades son otras. Esta afirmación se sostiene sin mucho esfuerzo. El jueves pasado se votó el proyecto de ley N° 671-J-2019, que autoriza la venta de las tierras del barrio Carlos Mugica para la especulación inmobiliaria conjuntamente con otros predios en los que se encuentra el ex Mercado de Hacienda. El Plan Sistemático de privatización de tierra pública no se frena ni por el frío ni por duelo. También se autorizó la toma de 72 millones de dólares de deuda y la ampliación de otros endeudamientos para financiar el desarrollo de un edificio gubernamental mediante la refuncionalización, ampliación, construcción y puesta en valor del predio en el que funcionaba la ex-Cárcel de Caseros y el financiamiento del plan de relocalizaciones. Este plan está pensado para liberar inmuebles localizados en suelo valioso y para servir de punta de lanza para el “desarrollo” de la zona sur. Para comprender lo que entiende el gobierno por desarrollo, basta con identificar que el principal indicador que utilizan es el aumento del valor del suelo. Si el suelo aumenta de valor hay más desarrollo. Es decir, endeudamiento para los intereses del mercado inmobiliario.

Por último, el 3 de julio el GCBA subastó el predio conocido como “El Dorrego” a un valor de u$s 20,1 millones. Fue comprado por la empresa Sancor Seguros. El lote está considerado como uno de los de más alta cotización de Colegiales al limitar por caso, con el centro educativo de la Universidad Católica Argentina (UCA), la Plaza Mafalda y las instalaciones de Canal 9.

En el 35% de la manzana se autoriza la construcción de 33.000 m2 con una altura de hasta 31 metros. El 65% restante deberá destinarse a espacios públicos, no necesariamente verdes. Debajo de este “espacio público” se autoriza la construcción de un estacionamiento para 300 cocheras. Para el Código Urbanístico un espacio verde es el área destinada a uso público, parquizado o agreste cuya característica es el predominio de especies vegetales y suelo absorbente. Suelo Absorbente es aquel terreno que puede derivar las aguas pluviales o de riego a las napas inferiores del mismo. El Código resalta que las losas parquizadas no serán consideradas como suelo absorbente. El 65% nunca podrá ser un espacio verde como vende el GCBA porque simplemente será la losa parquizada del estacionamiento. El GCBA entiende por Ciudad Verde algo muy distinto a los que peleamos por los espacios verdes y peor aún, algo muy distinto a lo que establece el propio Código que votaron el año pasado.

Sancor Seguros, que no es una desarrolladora inmobiliaria, tendrá cinco años para completar la totalidad de las obras. Ahora compra tierra para canalizar sus capitales convirtiendo el suelo en un instrumento financiero. En cinco años, probablemente, Sancor Seguros no realice las obras sino que venda el predio a un mayor valor. La clave de la especulación es el tiempo, el gobierno le otorgó cinco años. El tiempo es oro.

Suelo para la especulación y no para las familias sin techo, la enseñanza de la semana de la clase política que nos gobierna.

Jonatan Emanuel Baldiviezo es presidente el Observatorio del Derecho a la Ciudad y María Eva Koutsovitis, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).