Una recorrida de apenas 100 metros permite condensar un aluvión emocional propio de diferentes períodos históricos que marcaron a fuego el devenir de nuestro país. Afortunadamente, a pesar de la tentación capitalista en tiempos del siglo XXI por borrar todos los contornos de la historia más o menos conocida, el barrio de San Telmo conserva una postal que lo convierte en hostil para algunes y en apasionante para otres. En la calle México al 600, el viejo inmueble donde se emplaza un merendero y un complejo habitacional en planta baja se enfrenta a la pretensión ajena de levantar un emprendimiento inmobiliario en dicho lugar.
Inaugurado en el año 2003, luego del positivo saldo de las experiencias organizativas que alcanzaron su punto más álgido con el estallido social de finales de 2001, el merendero Darío Santillán forma parte del movimiento político y social Asambleas del Pueblo con el objetivo de brindar todos los días una merienda, apoyo escolar y contención para los más de 200 pibes y pibas que viven o circulan por el barrio de San Telmo. Además el inmueble aloja a unas 20 familias, que viven al fondo del local y reintegran a la cooperativa de la cual son parte una suma mínima en concepto de alquiler comunitario. La presidenta de la cooperativa, Analía Casafú, recuerda en diálogo con El Grito del Sur que «el inmueble estaba en una situación caótica cuando llegamos, era casi una especie de baldío lo que había. A través de los años logramos ponerlo en condiciones para que fueran viviendo cada vez más compañeros».
En octubre de 2018 se venció el contrato de alquiler que unía a ambas partes y sorpresivamente dicho inmueble fue vendido a Martul Propiedades, una inmobiliaria que pretende llevar a cabo un desalojo «compulsivo» para levantar una torre de lujo. Desde ese momento comenzó una disputa judicial, cuyo capítulo más importante hasta el momento tuvo lugar el pasado lunes 15 de julio con la realización de la primera audiencia en el Juzgado Civil Nº 97, de la cual participaron también abogados de la Liga Argentina de Derechos Humanos, representantes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA, funcionarios del IVC, del BAP, de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público Tutelar. Allí la cooperativa solicitó la concesión de un nuevo alquiler por el lapso de tres años o, en su defecto, acordar el desalojo «pacífico y consensuado» en un plazo de nueve meses «siempre que se nos reconociera una mínima parte de las obras y mejoras realizadas en el inmueble en los más de 16 años que llevamos como inquilinos y que transformaron una virtual ¨tapera¨, con años de abandono, en el actual local y vivienda». Sin embargo, ambas propuestas fueron rechazadas de plano por los abogados del Grupo Martul.
Finalmente el juez Luis Ricardo Sáenz fue más allá y rechazó proseguir con las diligencias del juicio hasta que se realice la segunda audiencia el próximo 30 de octubre. En lo inmediato deberán efectuarse nuevos informes socio-ambientales que dictaminen el estado de la población afectada y de las actividades sociales que se desarrollan en el local. Esta decisión del Juzgado Civil Nº 97 significó una victoria parcial para les integrantes del merendero, que continúa ganando adhesiones de diferentes personalidades -ya cuentan con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y Vicente Zito Lema, entre otros- y se mantiene con presencia en las calles realizando escraches periódicos a la inmobiliaria frente a su sede de la calle Independencia 750.
«Éste no es un simple desalojo en el que hay inquilinos y nada más, sino que tiene que ver con un espacio social, de desarrollo y con un arraigo por parte de los chicos», explica Casafú, quien concluye afirmando que el objetivo «de máxima» es obtener un nuevo contrato de alquiler; caso contrario buscarán acordar un desalojo consensuado en el cual perciban una compensación económica que les permita mudar el merendero a un lugar cercano y también reubicar a las familias involucradas.
Foto principal: Sofía Genovese
