El problema de la vivienda se cuela en un año electoral

Un llamado de emergencia para Larreta

El Observatorio del Derecho a la Ciudad e Inquilinos Agrupados presentaron tres proyectos de ley en la Legislatura con el objetivo de declarar el estado de Emergencia Habitacional en la metrópolis porteña. "Todos los indicadores están empeorando y no vemos un correlato con la modificación de políticas públicas para atender estos temas", expresó el abogado Jonatan Baldiviezo.

Con la firma de casi un centenar de organizaciones sociales, el Observatorio del Derecho a la Ciudad e Inquilinos Agrupados presentaron esta tarde un paquete de proyectos de ley en la Legislatura porteña para atenuar la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Las iniciativas pretenden crear un Fondo para la Emergencia Habitacional, suspender los desalojos forzosos, inaugurar un Programa de Vivienda Social para alquiler, incorporar inmuebles ociosos para un uso efectivo y formular un Programa de Subsidios Habitacionales para las personas en situación de calle, entre los más destacados puntos de los tres proyectos de ley que ya entraron al recinto de la calle Perú.

El primer proyecto busca declarar el estado de Emergencia Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Esto implica dar atención prioritaria a los grupos familiares o personas que se encuentren en situación de calle o en riesgo de estarlo, que hayan sido notificados debidamente de una orden de desalojo, que hayan estado en hoteles o lugares no adecuados para la habitabilidad por más de seis meses en forma permanente o que hayan residido en inmuebles sin acceso a los principales servicios públicos (agua potable, energía eléctrica y gas natural). También propone la creación de un Fondo para la Emergencia Habitacional, que no podrá tener un monto de recursos inferior a 2 mil millones de pesos en cada ejercicio presupuestario. La propuesta contempla la suspensión de los desalojos forzosos,  la declaración de utilidad pública y el uso temporario de los inmuebles en proceso de desalojo a favor de las familias que viven en ellos y la creación de un Programa de Vivienda Social para alquiler.

El segundo proyecto propicia la incorporación de los inmuebles ociosos, tanto públicos como privados, a un efectivo uso residencial, comercial, cultural, de bien común o público “a fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la vivienda y al hábitat adecuado y sustentable”. Para ello propone la creación de una Oficina de Bienes Inmuebles y del Registro Público de Titulares y Usos de los Bienes Inmuebles de la Ciudad, cuya función será ejercer un control sobre el uso efectivo de las propiedades para detectar casos de viviendas ociosas. También se busca crear el Fondo para Políticas de Vivienda, así como la declaración de utilidad pública y uso temporario de los inmuebles declarados ociosos, y créditos para la rehabilitación y refacciones de viviendas.

En tanto, el tercer proyecto crea un programa de subsidios habitacionales para personas en situación de calle o en riesgo de estarlo, que pretende reemplazar al Decreto Nº 690/06 y eliminar sus restricciones que obligaron a más de cinco mil familias a iniciar demandas contra el GCBA. En cuanto al monto del subsidio, éste será establecido en una suma necesaria “para que la familia pueda acceder a una vivienda adecuada de acuerdo al presupuesto que presente y su capacidad económica para afrontar parte del pago”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Cabe destacar que la semana pasada Inquilinos Agrupados dio a conocer una encuesta con datos alarmantes: en la actualidad, los inquilinos porteños destinan el 41,48% de sus ingresos totales familiares al pago del alquiler, sin considerar expensas, impuestos y tarifas de servicios públicos.

Fotos: Ariel Olivares

El referente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, declaró a El Grito del Sur que con este paquete de medidas “se busca denunciar y visibilizar que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en crisis habitacional. La última declaración de emergencia habitacional fue en el año 2004, que en el año 2007 se prorrogó hasta 2010. De esa fecha hasta ahora, la Legislatura dejó abandonada la cuestión habitacional, pese a que todos los indicadores están empeorando: el aumento de la población en villas y de la gente en situación de calle son claros ejemplos. Hoy no vemos un correlato con la modificación de las políticas públicas para atender estos temas”, expresó el abogado ambientalista. “Se necesitan una serie de políticas a largo plazo y políticas inmediatas de emergencia. En la Ciudad de Buenos Aires hay más de 150 mil viviendas ociosas”, concluyó Baldiviezo.

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