La Legislatura aprobó la venta de tierras de la 31

Villa paga Paseo

De los 12 terrenos públicos de la Ciudad que la Legislatura aprobó vender ayer, seis están dentro del polígono de urbanización de la Villa 31. Pero poco, muy poco del total de lo recaudado se destinará a la integración del barrio: la mayor parte servirá para pagar la deuda contraída por Horacio Rodríguez Larreta con la CAF para la construcción del Paseo del Bajo. La bronca de los vecinos durante la sesión.

Con el apoyo timorato de los bloques Evolución de Martín Losuteau, el PS de Roy Cortina y otros satélites del Pro, el oficialismo logró ayer los dos tercios necesarios en la Legislatura porteña para enajenar seis terrenos públicos dentro de la Villa 31, cuyo remate servirá en parte para afrontar los compromisos de deuda por la construcción del Paseo del Bajo. Para la oposición y el sector más movilizado del barrio, que ayer volvió a marchar y copó el recinto para mostrar su rechazo, el paquete aprobado pone en riesgo de desalojo a la mayoría de los habitantes de la villa en el mediano y largo plazo, ante la llegada inminente de los especuladores inmobiliarios.

“Vuelve a quedar en claro que la voz de lxs vecinxs no le importa ni a Larreta ni a su bloque legislativo. Se vota el remate de tierras para pagar deuda. Lxs vecinxs, el barrio, su identidad supeditado a los intereses del negocio inmobiliario”, escribió ayer en Twitter la legisladora porteña Paula Penacca, flamante candidata a diputada nacional por la Ciudad.

Movilización de ayer en la Legislatura. Fotos: Nicolás Cardello

Lo propio hizo el candidato a senador por el mismo frente, Mariano Recalde. “Las tierras públicas son un bien escaso y pertenecen a todos los porteños. Larreta, en lugar de utilizarlas como parte de un plan de desarrollo urbano, las vende para pagar deuda. Tenemos que frenar la entrega de los inmuebles del Estado”, escribió.

Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que forma parte del Consejo de Gestión Participativa (CGP) del barrio, una institución creada por ley, señaló que el proyecto aprobado ayer “no establece explícitamente que los destinatarios de la venta de inmuebles son las/os beneficiarias/os del proceso de urbanización, ni el modo en que se realizará la transferencia, dejando abierta la posibilidad de que sean vendidos a terceros (particulares o empresas)”.

La Mesa Participativa, que nuclea al sector más movilizado del barrio, sigue por otra parte pendiente de lo que pasará, en principio, el próximo 15 de julio, cuando la Secretaría de Integración Urbana que conduce el Sushi Bar Restó Diego Fernández avance con el proceso de relocalización de las 1400 familias que viven bajo la traza de la Autopista Illia. Será complejo porque, el destino de esas familias una vez desalojadas es un complejo de viviendas dentro del barrio que contiene apenas a 800. Un conflicto en puerta, dado que todo el proceso de urbanización se maneja con los tiempos del BID, que puso los dólares, elaboró el “masterplan” de la integración y hasta paga los salarios de los trabajadores.

Otro de los puntos de discordia que fue discutido ayer es por qué la Ciudad debe enajenar terrenos de la Villa para pagar una deuda de la que se beneficiaron, entre otros, el Grupo Macri. Es que IECSA (la nave insignia de la construcción del emporio de la familia del Presidente, hoy en manos del dueño de Edenor, Marcelo Mindlin), fue beneficiada con la adjudicación del tercer tramo del Paseo del Bajo, el que se llevó la mayor parte de la inversión del Estado en la obra.