Reunión entre migrantes y la Dirección Nacional de Migraciones

Para que entiendan por las buenas

Integrantes de la campaña "Migrar no es delito" presentaron al director nacional de Migraciones, Horacio García, siete puntos que consideran necesarios para frenar la persecución oficial que sufre el colectivo.

El colectivo migrante le exigió a la Dirección Nacional de Migraciones que se detengan las expulsiones arbitrarias, la anulación definitiva del DNU 70/2017, la confección de un informe sobre la incorporación de la Policía de la Ciudad a la Policía Migratoria, que el sistema de radicación Radex pase a ser de carácter optativo por su mal funcionamiento y rebajas en las tasas que deben pagar los migrantes para tramitar su nacionalidad.

Desde el 2017, tras la modificación mediante decreto (DNU 70/2017) de la Ley de Migraciones, los embates al colectivo migrante se agudizaron de manera notable. Este año empezó con una fuerte noticia: la expulsión de Vanessa junto con su hijo menor, separándola de sus otros dos hijos que debieron quedarse en Argentina a la espera de su madre.

Tras la difusión del caso de Vanessa, casos similares empezaron a aparecer por todos lados. El movimiento de migrantes respondió con una masiva columna marchando a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para exigir que se detengan las expulsiones arbitrarias a migrantes. El resultado fue un acuerdo para concretar una mesa de diálogo.

El día de la reunión se esperaba nuevamente una movilización en la puerta de la DNM. Desde el oficialismo intentaron disipar la convocatoria con constantes cambios de fecha y horario. “Ese intento de desmovilizar nos demuestra aún más que a esta ley inconstitucional la rompemos en las calles, que ellos le temen a eso”, explica Alexander Angulo, referente de la comunidad colombiana e integrante de la campaña Migrar No Es Delito.

En algunos puntos ambas partes admitieron haber llegado a puntos de acuerdo. Con respecto al RADEX, se acordó llevar puestos de atención a los barrios para acercar los trámites para obtener la nacionalidad. Por otro lado, prometieron darle mayor celeridad a la confección de las cartas de pobreza -que eximen el pago de tasa migratoria-, dado que hasta el momento sólo se entregaban 30 por día.

Pero al tocarse los temas más estructurales, los funcionarios decidieron cerrar filas para defender las políticas del oficialismo. Desligándose y culpabilizando a otros ministerios buscaron dilatar respuestas con respecto a las expulsiones, la policía migratoria y las altas tasas que deben pagar los migrantes para tramitar su nacionalidad. Según Alexander Angulo, integrante de la campaña Migrar No Es Delito, “se atienen a argumentos administrativos porque no pueden admitir que estas decisiones que tanto retroceso generaron en materia de derechos humanos son una política de gobierno”.

Pocos días después de la reunión con las organizaciones y en pleno clima de campaña, se conocieron cifras oficiales publicadas por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) sobre la cantidad de migrantes expulsados durante la actual gestión nacional. En los últimos cuatro años se concretaron 2.059 expulsiones de extranjeros, un 65% más que las realizadas en el cuatrienio anterior. Y se proyecta que para este año habrá 750 casos de deportaciones que se sumarán a las 444 ya efectivizadas, dando un total de 1200. “Esto es posible por el DNU, ahora la decisión está en la Corte Suprema y mientras no se trate el tema, van a continuar expulsando sin considerar que incluso en algunos casos se ven involucrados niños argentinos,” sentenció Doris Quispe, referenta de la comunidad peruana e integrante de la campaña Migrar No Es Delito.