Luego del acompañamiento de la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés y con el protagonismo que tomaron en el reclamo por la legalización del aborto, el colectivo de Actrices Argentinas decidió acompañar una nueva denuncia de acoso sexual en el campo de la cultura. Se trata de Diego Pimentel, arquitecto recibido en la UBA, profesor de la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad de San Andrés y, hasta hace algunas semanas, director del Centro Cultural San Martín. Para esto la colectiva de actrices convocó a una conferencia que empezó alrededor de las 19 horas en el Hotel Bauen, mientras en el microcentro aún ardían los ecos de la movilización por la Emergencia Alimentaria.
Además formaron parte la Red de Abogadas Feministas (AboFem), La colectiva de Autoras, MUCABA (Músicas Unidas de CABA), MuTO (Musiques Transfeministas del Oeste) Fieras, Mujeres Audiovisuales y estudiantes de la UNA y bailarinas por la legalización.
En este caso, a diferencia de lo que sucedió con Darthés, es fundamental resaltar que el agresor se encontraba en un cargo público dentro del Gobierno y fue amparado por funcionarios oficialistas, cuestión en la que hicieron énfasis las denunciantes.
«Acompañamos en este acto la denuncia penal de Anahí de la Fuente, que sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín de un directivo que además es responsable de una cátedra dentro de la UNA», expresaron.
«Repudiamos totalmente que un sujeto que ejerce este tipo de violencias ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, la educación y el Estado. En un país donde el trabajo está cada vez más inaccesible y precarizado no podemos desoír las voces de quienes por cuidar un puesto laboral deben soportar día tras día el acoso laboral y la vulneración de sus derechos», leyeron en su comunicado las actrices.
«Estas personas además generan un clima persecutorio y atropellos laborales en las áreas que lideran propiciando el silencio y el temor de quienes son testigos de estos actos abusivos. Cuando la víctima decide hablar la amenazan de manera encubierta o directa. Cuando la víctima decide renunciar la dejan sin trabajo como a nuestra compañera Anahí», se pronunciaron las actrices, quienes hablaron también de las amenazas que recibieron otres empleades y de amiguismos para ‘comprar el silencio’.
Las actrices que tomaron la palabra hicieron hincapié en los trabajos «basura» amparados por el Estado, que no aseguran los derechos básicos de les trabajadores, y catalogaron de ‘precarización laboral’ la política que desarrolla el gobierno de Cambiemos.
«La persona acosada, además de soportar el trauma de ser arrasada por el descaro de su superior, queda apartada de su fuente de ingresos y su espacio de pertenencia mientras el agresor conserva su puesto, protegido por la impunidad de quienes le otorgan sus privilegios», continuaron.
«El sistema judicial sigue siendo indiferente frente a los relatos de las personas agredidas poniéndolos en el banquillo de los acusados o revictimizándolas. La mayoría de las veces los casos son desestimados y archivados cuando se llevan a juicio», agregaron.
«Exigimos un criterio de personas formadas con perspectiva de género para todos los roles de poder y decisión en todos los espacios dependientes del Estado. Para esto es fundamental la adhesión y aplicación de la Ley Micaela», manifestaron frente a un cúmulo de cámaras y periodistas.
La colectiva resaltó lo fundamental de la existencia de un protocolo en contra de la violencia de género en cada ámbito público y privado. En la conferencia de prensa estuvieron presentes desde Laura Azcurra y Thelma Fardín hasta Cecilia Roth y Jazmín Stuart, entre otras.
«Exigimos eliminar la precarización laboral y el empleo basura que dejan a los empleados en un estado de vulnerabilidad frente al maltrato, acoso y abuso. Esto es parte de un sistema que atenta contra la integridad física y emocional de las personas», explicaron en el comunicado.
Las artistas exigieron además la reincorporación de las dos denunciantes a sus respectivos puestos de trabajo en el Centro Cultural San Martín.
Para finalizar, las Actrices Argentinas dedicaron la conferencia a Cynthia Choque, agente de tránsito fallecida la semana pasada que se encontraba contratada de manera precarizada sin obra social, sin ART y con un sueldo por debajo de la canasta básica.
«Esto excede este tema, queremos cambiar el sistema», remarcó la actriz Malena Sánchez.
Durante la ronda de preguntas Anahi explicó que ya habían acudido a la Justicia y que esperaría el juicio oral y público. Además aseguró que sigue estando desempleada desde que fue desvinculada del San Martín. Asimismo dijo que fue el colectivo de actrices el que se acercó a ella luego de hacerse pública su denuncia a través de los medios de comunicación.
El caso
Desde el auge de “Ni una menos”, muchos quisieron usar el impulso de los feminismos para hacer pinkwashing de sus políticas. Sin embargo, el grueso de quienes forman el movimiento en nuestro país viene subrayando que no hay feminismo con neoliberalismo y sin justicia social. Esta consigna se ratifica cada vez que en un contexto de crisis y recortes de derechos se vuelve más difícil hacerle frente a la violencia machista.
Como señaló este medio, un 74% de los empleados y las empleadas estatales están precarizades en la Ciudad de Buenos Aires. Esta realidad, sumada a la feminización de la pobreza y la brecha salarial, lo que hace es que quienes sufren algún tipo de violencia o acoso laboral piensen dos veces antes de alzar la voz. Eso mismo le sucedió a Anahí de la Fuente, comunicadora social, maquilladora y performer de 28 años, que trabajó como community manager en el Centro Cultural San Martín entre junio del 2017 y abril de este año. Anahí fue una de las dos mujeres que denunciaron haber sufrido acoso físico y emocional por parte de su jefe, el arquitecto Diego Pimentel. La otra denunciante decidió quedar en el anonimato, aunque ambas aseguran que tienen conocimiento de otras situaciones de acoso por parte de dicho funcionario macrista.
Tanto Anahí como su compañera habían pedido ser trasladas de sector ante los abusos. Sin embargo, esto nunca sucedió y derivó en que ambas dejaran de presentarse a trabajar por la incomodidad que les suponía la presencia de su agresor. La única respuesta institucional que recibieron las trabajadoras al mediatizar el caso fue su despido. Vale aclarar que las dos estaban contratadas sin ser personal de planta.
“La denuncia comenzó con un telegrama comunicando al Gobierno de la Ciudad, al Ministerio de Cultura y al Centro Cultural San Martín, donde les dábamos a conocer los hechos y pedíamos que nos alejen de este depredador, que nos cambien de área o que nos cuiden. Nunca nos contestaron los telegramas y la respuesta fue un documento administrativo donde nos decían que quedábamos despedidas. Estaba firmado por él”, explicó la joven al medio Nueva Ciudad.
Frente a la inacción del Centro Cultural San Martín, las trabajadoras decidieron realizar la denuncia por maltrato físico y acoso sexual en lugares privados de acceso público, agravado por la condición de funcionario público de Pimentel. La denuncia fue asignada a la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 16 especializada en violencia de género, a cargo de Claudia Barcia. La abogada defensora es Jimena Gibertoni, de la Red de Abogadxs Feministas.
El despido laboral tuvo graves consecuencias para Anahí, quien debió abandonar la casa donde alquilaba para retornar a la vivienda de sus abuelos y comenzar tratamiento psicológico. La precarización y el abandono estatal dejan en claro una vez más que, sin derechos económicos para las mujeres y disidencias, se vuelve insostenible intentar escapar al sistema de violencias machistas. Además deja en evidencia que lo único que hace el gobierno de Cambiemos en relación a la violencia de género es intentar arreglar situaciones estructurales con estrategias precarias, maquillajes o spots sobreactuados como el que protagonizó la gobernadora María Eugenia Vidal.
Cabe recordar que Pimentel quedó al mando del Centro Cultural San Martín en diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri pasó de ser jefe de Gobierno a presidente de la Nación y Gabriel Ricardes, quien ocupaba el puesto anteriormente, fue trasladado al Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Luego de la denuncia el arquitecto había sido escrachado en la Universidad Nacional de las Artes, donde daba clases y por dicho motivo había tomado una licencia de 20 días de su puesto en el Centro Cultural. A fines de agosto finalmente presentó la renuncia a su cargo que fue aceptada por el Gobierno porteño.
