La desidia estatal también mata

Grave: el Gobierno porteño habilitó el hotel de Flores donde falleció un nene

La última inspección en el "San Miguel" fue en 2017 y no detectó ningún riesgo para la seguridad de las familias, pese a que en 2013 ya había muerto una nena, también por un incendio.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña había habilitado en 2017 el hotel familiar “San Miguel”, donde este jueves murió un nene de 3 años en un incendio. La última inspección que se conoce sobre las condiciones del hotel de la calle Fray Cayetano Rodríguez 345, en Flores, solamente detectó una “transferencia pendiente de habitación” pero ningún riesgo para la seguridad de las familias, según confiaron a El Grito del Sur fuentes judiciales cercanas a la causa.

El “San Miguel” funciona como un hotel de alojamiento de contingencia donde el Programa Buenos Aires Presente (BAP) encuentra una solución transitoria para personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. Las familias pagan la habitación (hoy cuesta entre 10 mil y 12 mil pesos) en parte con el subsidio habitacional que otorga el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que conduce Guadalupe Tagliaferri. Además, en los inicios de la gestión Pro figuraba como uno de los establecimientos “conveniados”, es decir, que recibían subsidios directos por parte del Estado.

Por lo tanto, desde hace varios años el hotel forma parte del radar de los programas de asistencia y el Gobierno porteño debió, a priori, fortalecer los controles de habitabilidad y salubridad si allí hospedó gente a lo largo de los años. Tampoco podía desconocer que, en 2013, una nena ya había muerto en otro incendio. “Lamentablemente, el Ejecutivo no realiza las inspecciones adecuadas que debieran hacer por motus propio, y sólo lo hacen si media una orden judicial”, explicaron a este medio fuentes judiciales.

La clausura del hotel, como era previsible, se produjo posteriormente al incendio, lo que dejó a una decena de familias en una situación de incertidumbre. La situación genera un círculo vicioso: si el Gobierno porteño inspeccionara como corresponde los complejos donde aloja gente en riesgo de calle, quedarían muy pocos en pie, lo cual agravaría aún más la situación habitacional. El problema radica en que la pelota siempre se patea para adelante y no se ofrecen soluciones concretas, un reclamo histórico hacia la gestión del Pro por parte de las organizaciones sociales que intervienen en la problemática.

El año pasado la Asesoría Tutelar porteña, en ese entonces a cargo del juez Gustavo Moreno –declarado como enemigo público y perseguido por Horacio Rodríguez Larreta– presentó el “Informe sobre condiciones habitacionales en los hoteles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y exigió al Ejecutivo modificar su política de emergencia. El informe detectó, sobre 87 hoteles censados, que al menos 39 de ellos tenían “disposición de clausura vigente”, de los cuales “al menos en 8 casos se cuenta con un pedido de desalojo sugerido por el órgano de control”.

Además registró que el 39 por ciento se negaba a realizar facturas por el alquiler, lo que demuestra la informalidad en que se encuentra el sector. De hecho, la mujer que se declara como dueña del hotel donde sucedió la tragedia no figura como tal en la causa.