RADEX: un sistema que fuerza a les migrantes a vivir en la ilegalidad

Con el argumento de agilizar la regularización migratoria, a fines del año pasado la Dirección Nacional de Migraciones implementó el Sistema de Radicación Digital de Extranjeros (RADEX). Los colectivos de migrantes denuncian que los plazos no han mejorado y que, por el contrario, se generaron nuevos problemas que dificultan el acceso a los derechos básicos.

Migrar es un derecho
Migrar es un derecho

Los números publicados por la Dirección Nacional de Migraciones dejan a la vista que, a cinco meses de la implementación del Sistema de Radicación Digital de Extranjeros (RADEX), apenas el 17% de los 63.500 trámites iniciados tuvo una resolución exitosa. Desde un primer momento la puesta en marcha del nuevo sistema fue problemática. Las organizaciones de migrantes, augurando el mal funcionamiento, explicaron que el RADEX se había impuesto de manera inconsulta y que, para generar un sistema de tramitación migratoria, era importante tener en cuenta la experiencia de las organizaciones que día a día asisten a las personas que tienen dificultades para poner al día su situación migratoria.

Ahora los colectivos de migrantes denuncian que el sistema RADEX no sólo no mejoró los plazos de tramitación, sino que además generó nuevos problemas. En ese marco, sostienen que en el anterior sistema se les daba la garantía de retirarse el mismo día del turno con, al menos, un certificado de residencia precaria, mientras que ahora lo único que reciben es un documento que carece de valor legal.

Además, una vez comenzado el trámite, se debe esperar por un plazo de 90 días en el que los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) revisan la documentación cargada. Durante este período las personas no cuentan con ningún documento que acredite el comienzo del trámite, dejándolos forzosamente en una situación de irregularidad migratoria. En un comunicado publicado por la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de migrantes, se explica que “las demoras surgidas desde la implementación del sistema RADEX exponen a las personas migrantes a una situación de mayor vulnerabilidad. La regularidad migratoria -y en este caso también la irregularidad- son responsabilidad del Estado”.

La llegada del sistema completamente digital sustituyó al de turnos presenciales. En este traspaso, muchos aspectos del trámite se volvieron más complejos y generan graves problemas de accesibilidad para la mayoría de la población migrante, ya sea por cuestiones de idioma -dado que se puede leer solamente en castellano- o por cuestiones vinculadas al acceso permanente a una computadora que se necesita para el inicio del trámite y su seguimiento. Por eso, desde las organizaciones de migrantes reclaman que el trámite pueda hacerse de manera opcional en cualquiera de sus modalidades, tanto presencial como a distancia y virtual.

“Si bien los trámites vía web podrían significar una modernización y mayor agilidad de algunos pasos del proceso de radicación, se trata de un sistema complejo, con un lenguaje técnico poco accesible, sólo disponible en español y que excluye a las personas de bajos recursos. La utilización de tecnologías complejas, sin un adecuado acompañamiento para su utilización, sólo traen consigo mayores obstáculos y barreras en su acceso. Hasta que se efectúen ajustes en el sistema formal y las prácticas diarias de la DNM, la implementación del Ra.D.Ex sólo reforzará procedimientos de regularización excluyentes y poco accesibles para la población migrante”, sostiene un informe sobre la situación de las personas migrantes en Argentina presentado hace algunos días por numerosas organizaciones frente al Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas.

Otro dato llamativo es el aumento considerable del valor de las tasas migratorias. En 2016 el monto subió entre 200% y 600%. En 2018 llegó otro aumento impuesto por la DNM de un 200%, cuestión que impacta aún más en un contexto económico de crisis. Hoy, las tasas para iniciar el trámite de radicación cuestan $3000 para les migrantes provenientes de países del Mercosur y $6000 pesos para migrantes de otras partes del mundo.

En paralelo, se intensificaron en monto y recurrencia las aplicaciones de multas vinculadas a la situación de irregularidad migratoria (multas actualmente estipuladas en $1500 pesos para migrantes Mercosur y $3000 pesos para migrantes extra Mercosur, que alcanzan en algunos casos los $9000). Estas multas se aplican, entre otros casos, cuando la persona no renueva su certificado de residencia precaria en tiempo y forma, aún cuando se trate de trámites que no se resuelven por demoras propias de la DNM. “La capacidad financiera de las y los migrantes pareciera haberse transformado en un nuevo criterio para el acceso a la regularización”, denuncia el informe presentado ante la ONU.

En este marco, cada vez son más los obstáculos que les migrantes deben sortear para lograr la regularización de su situación. Por un lado, un sistema que les empuja a mantenerse en la irregularidad y, por otro, un endurecimiento de los controles y las expulsiones a partir de problemas que el propio Estado les generó o no les permitió solucionar adecuadamente. “Esto sucede porque ven al sistema RADEX como un negocio, no se preocupan por los migrantes. Para cobrar las tasas sí se preocupan, pero no nos presentan ninguna garantía para recibir en tiempo y forma nuestro DNI”, sentenció Iber Mamani, referente de la comunidad boliviana.

Compartí

Comentarios

Julián Rodrigo Valdez

Estudiante de comunicación social (UBA), cronista y periodista, músico