Cuando en octubre de 2018 V. decidió unirse a compañeras y bajo la consigna de no callarse más contó lo que le pasó con el comediante N. B. cuando ella todavía era menor, imaginó muchas cosas. Pero nunca que la respuesta sería una demanda civil contra ella y una compañera por haber roto el silencio. Menos aún, que le exigiría un resarcimiento económico por dos millones de pesos.
Como tantas otras, V. pudo ponerle palabras a lo que le pasó con quien fuera su profesor de teatro después de escuchar a tantas mujeres poniéndole nombre a abusos y maltratos. En ese entonces ella era menor y luego de los hechos no habló con nadie al respecto: hasta 2018 se refirió a ello como “una situación fea”. Pero después de ser testigo de los escraches que iniciaron en 2016 con las denuncias a Miguel del Pópolo y Cristian Aldana, algo le hizo click.
“Lo que me hizo querer contarlo fue que me dí cuenta de lo que me había pasado a mí por leer historias de otras pibas”, explica. Como ya tenía una carrera musical y muchos seguidores en sus redes, V. lo asumió como una responsabilidad. “Al ser una persona pública decidí que no podía quedarme sola con esto y que mi historia podía ayudar a las demás. Consideré que era lo suficientemente valiente para hacerlo. Fue muy sanador pasar de tenerlo silenciado a contarlo en internet: fue llegar a un punto en el que la historia ya no me definía más, lo pude compartir habiendo laburado lo que había pasado”. Luego de publicar su descargo en redes la acompañaron muchas compañeras. Entre ellas N., quien también es comediante y trabaja en una radio. Compartió el descargo de V. en su Twitter y lo leyó al aire. Por ello, N. B. la incluyó en la demanda que radicó en el Juzgado Civil 67.
“Yo quería hacer hincapié en la cofradía de varones que existía en aquel ámbito en ese momento”, resalta N., refiriéndose al ámbito del que participaba el profesor de teatro. “Se armaba algo que era el típico ‘asado de comediantes’ en los que tipos de 30 años contaban con qué alumnas suyas tenían relaciones, por ejemplo”. Gracias al fortalecimiento de los feminismos dentro del stand-up, muchas personas asocian hoy al género con figuras femeninas. Así, de a poco, se transforma la escena. “Pero ellos no lo quieren aceptar, tienen un odio tremendo”, califica.
El aleccionamiento
Un elemento sorpresivo para ambas es que la demanda no fue por el contenido del texto sino por su viralización. “Él negó los hechos, pero después los admitió, dijo en Twitter que yo era una loca, que no me conocía, después que sí me conocía, después que tuvimos una relación”, recuerda V. En su demanda el comediante contabiliza los seguidores en las redes que poseen y sugiere que la viralización de aquel texto perjudicó su carrera laboral. Sin embargo, no presentó pruebas de que su trabajo haya disminuido. Su foco no estuvo puesto en desarmar el relato del escrache, sino en exigir una acción resarcitoria por presuntos daños y perjuicios a partir de la publicación del texto.
La abogada de las artistas explica que “este tipo de demandas civiles no busca un esclarecimiento de los hechos ni una retractación pública -como lo hacen determinadas acciones penales-, más bien tiene como objetivo paralizar y amedrentar a las víctimas. El foco está puesto en silenciar de manera ulterior, censurar luego de la publicación y funciona para aleccionar a quienes hablan sobre abuso por fuera del andamiaje jurídico”.
En los argumentos de la contestación las demandadas hicieron un despliegue argumental importante: invocan la categoría de “expresiones protegidas” de la CIDH para asegurar que lo volcado en redes por V. constituye algo que compete la dimensión íntima/personal pero también una de interés público.
Además, sumaron que “la denuncia no es solamente denuncia judicial (…), denuncia en el sentido de puesta en circulación de un discurso”. En ese sentido, la respuesta jurídica resalta lo que los feminismos demandan hace mucho: la legitimación de vías no-formales (o al menos no-penales) de decir. El debate no es solamente hacia el ‘afuera’ del movimiento: la resistencia a la decisión de no hacer una denuncia judicial está también presente en sectores de los feminismos. La abogada defensora (J.G) opina que “el escrache es una herramienta super cuestionada, pero hay que abordar el contexto sociocultural para comprender que también es el resultado entre otras cuestiones de las trabas y obstáculos que se presentan al momento de denunciar”.
Respuestas patriarcales a demandas feministas
A raíz de las primeras denuncias públicas contra varones violentos -los “escraches”-, el desconcierto social fue muy fuerte. Tres años después lo sigue siendo, y por eso surgieron distintas estrategias ‘en respuesta’. Hace pocos meses se conoció el caso de la denuncia del presidente del Instituto Nacional de la Música (INAMU) contra una de las denunciantes del ya condenado Cristian Aldana. En este caso, el funcionario demandó por daños y perjuicios y denunció penalmente por calumnias e injurias a Ariell Carolina Fernanda Luján por haber contado al aire una escena de abuso físico por parte de Aldana del cual el funcionario había sido testigo y, de acuerdo a la denunciante, cómplice de los hechos. A raíz de sus dichos, la decisión del acusado fue responder judicialmente, demandando retractación y sumas de dinero elevadas. Ariell fue sobreseída en la denuncia penal y luego su denunciante retiró las dos demandas civiles. Sin embargo, el conocimiento público de estos hechos abrió un interrogante urgente: ¿cómo responder a estos coletazos judiciales? ¿qué recursos tenemos para defendernos de la persecución civil y penal por romper el silencio?
J.G., quien también trabajó acompañando las últimas acciones de Actrices Argentinas, opina que es hora de que la Justicia y sus dispositivos puedan hacerse cargo de los fenómenos sociales que re-emergen con los feminismos: “la Justicia cumple un doble rol: debe poder constituirse como una herramienta válida y accesible para quienes quieran denunciar, pero también debe poder interpretar este fenómeno en esta nueva coyuntura. Hay que empezar a repensar nuevos mecanismos”.
La causa avanza y se espera que culmine luego de la feria judicial del verano de 2020, pero V. ya no tiene miedo: contó su historia para prevenir a otras pibas de violencias similares y para hablar de un ámbito donde los abusos estaban naturalizados. “Es más intenso de lo que pensé que iba a ser, pero la verdad es que es un aprendizaje constante”, explica. “Es una batalla propiamente dicha: hay días que pienso que no aguanto más, hay otros días en los que sé que esto es para que las pibas en el futuro puedan contar sus historias sin pasar por estos procesos horrendos”.
*Los nombres de los personajes de esta historia fueron reducidos a iniciales para no entorpecer el proceso. La información de la causa fue adquirida mediante las publicaciones de PJN, fuente de carácter público.
