Edgardo Castro, inspector de la subsecretaría de Trabajo de la Ciudad

“El subte debería estar clausurado”

El conflicto por la importación de asbesto en los coches estalló desde que el titular de Sbase reconociera que la contaminación figuraba en los manuales técnicos de los coches. El ingeniero Edgardo Castro alerta sobre las consecuencias de la difusión del material cancerígeno y señala responsabilidades políticas.

El 26 de septiembre de 2011, el diario El Pais de España relató que durante su visita a Madrid, Mauricio Macri “se acercó a las cocheras del Metro e inspeccionó, como si fuera un entendido en la materia, los bajos de un vagón que estaba encaramado sobre un inmenso camión”. Faltaban pocos días para que Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) importara seis trenes de segunda mano, modelo K-5000, que contenían asbesto, un mineral prohibido desde 2001 por su alta toxicidad. Ahora Macri afronta una denuncia penal –junto con su sucesor al mando de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta– por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento, presentada por el ingeniero en Seguridad Ambiental Edgardo Castro, inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad y delegado de ATE.

En diálogo con El Grito del Sur, Castro cita esa noticia para mofarse de la demanda que ayer inició el Gobierno porteño al subte madrileño, más de siete años y dos gobiernos después, con al menos 11 trabajadores ya infectados y la confesión del actual titular de (Sbase), Eduardo De Montmollin, de que en los manuales de la formaciones se dejaba en claro la contaminación, por lo que todos los implicados estaban de antemano al tanto de los peligros. “Es una denuncia muy complicada porque todos encubrieron”, denuncia Castro. Y advierte: “Ahora hay que cerrar el subte, porque no se sabe hasta dónde puede llegar la contaminación, dado que los síntomas pueden tardar varios años, de acuerdo al caso, en manifestarse”.

-¿Es seguro viajar en subte hoy?

-Hoy el subte debería estar clausurado, varios sectores, le pese a quien le pese, caiga quien caiga. Además de los once trabajadores ya confirmados, podría haber muchos más con infecciones, y no estoy hablando sólo de los mecánicos. Los sectores de ventilación de los talleres de la línea B, en Chacarita, daban a la calle, a la plaza, por caso. No se sabe hasta dónde puede llegar la contaminación, porque no hay hasta ahora certezas científicas de hasta dónde puede llegar y porque los síntomas pueden tardar incluso años, dependiendo el caso, en manifestarse.

-Los metrolegados levantaron el paro porque tanto Metrovías como el Gobierno se comprometieron en tomar medidas de seguridad, algunas importantes. ¿Alcanzan esas medidas para prevenir?

No alcanza, para nada. Esto no se arregla, según mi opinión, con lavarle la ropa a los trabajadores. Hay que tomar medidas mucho más estrictas.

-¿Cómo cuáles?

Lo primero es tomar medidas profilácticas, tal como hicieron los españoles. Hay que dejar los vagones quietitos en el lugar, crear una barrera sanitaria, no distribuir más el material que ya está. Como si fuera un virus congelado en un laboratorio. Todo lo contrario a lo que están diciendo con las medidas de desasbestización.

 -¿Cómo impacta la confesión de De Montmollin en la causa que iniciaste?

-En principio deja claro que hay una asociación, de mínima económica, entre Metrovías y Rodríguez Lerreta. Larreta continuó lo que Macri inició en 2011. Los trenes siguieron funcionando. Además se encubrieron entre ellos, todos los implicados, incluso la Secretaría de Trabajo porteña, que pasó por alto el tema en las inspecciones. Lo que pasa es que Larreta está mucho más blindado que Macri, esa es la verdad.

-Esta semana el Gobierno porteño denunció a Madrid por el caso. ¿Qué podemos esperar de esa denuncia?

No hay nada en concreto. El gobierno español no cumplió con el control para evitar la exportación de material prohibido ni con los acuerdos de Basiela. Aunque acá hubo malversación de fondos públicos en esa compra, según mi opinión, tampoco la empresa en Madrid pudo saber si los trenes tenían amianto, de hecho lo sabían, y por lo tanto no deberían haberlos vendido. Acá hay varios tránsfugas, pero el gobierno español también comete un delito. Estaba Macri en Madrid, lo dice El País de España, “inspeccionando” los trenes, con Rajoy, del que políticamente es cercano. Así que es todo una truchada total.