A Larreta le prohibieron la incineración

Con el humo de la basura a otra parte

La jueza María Elena Liberatori le dio la razón a las organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos y anuló la ley promovida por el Ejecutivo porteño para incinerar basura a cielo abierto.

La jueza en lo contencioso administrativo María Elena Liberatori dio lugar a un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas y de recicladores urbanos y declaró inconstitucional la ley N° 5.966 sancionada este año por la Legislatura porteña que abría paso a la incineración de basura a cielo abierto, un proyecto promovido por el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

En su fallo, la jueza explica que la ley fue sancionada sin el procedimiento constitucional necesario, que conlleva una doble lectura legislativa y la convocatoria a audiencias públicas, que los bloques oficialistas omitieron para darle curso.

Además, sostuvo que la incineración no constituye un método “adecuado” de reciclaje para salud de les porteñes. Y argumentó que, dado que existe la Ley de Basura Cero, la nueva norma constituye un retroceso en materia de derechos conquistados.

“La Justicia falló favorablemente a las peticiones de las organizaciones cartoneras y ambientales, y declaró nula la modificación de la ley de basura cero que habilita la incineración como método de tratamiento de residuos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones que presentaron el amparo el año pasado sostenían que la tecnología de incineración atentaba contra las políticas del reciclado y eran un claro retroceso en materia ambiental, asimismo ponía en riesgo la salud de las personas”, afirmó por su parte el abogado Jonatan Baldiviezo, impulsor del amparo.

La acción de amparo colectivo ambiental fue presentada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y la Fundación Greenpeace Argentina.