Lejos de resolverse, la problemática del acceso a la vivienda se agrava en la Ciudad de Buenos Aires e involucra hasta los actores sociales menos esperados. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), cuyo principal referente es el líder cegetista Héctor Daer, intentó el pasado lunes 28 efectuar un desalojo dentro de un inmueble de su propiedad, ubicado en el barrio porteño de San Cristóbal. Sobre la calle Humberto 1º 2064 viven once familias, un total de 70 personas dentro de las cuales hay niños y gente con discapacidad.
Esta antigua casona amaneció tres días atrás cercada por efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegaron con la intención de ejecutar un operativo de desalojo. Cerca del mediodía y en medio de una creciente tensión, las diferentes partes lograron llegar a un acuerdo para frenar el desalojo y concertaron los pasos a seguir: por un lado, los vecinos asistirán a una audiencia judicial la próxima semana y, por el otro, lograron un compromiso del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para actualizar los créditos individuales preadjudicados a seis familias -e incluir a aquellas que no habían obtenido ese beneficio-, que nunca se pagaron y quedaron totalmente devaluados por las diferentes corridas cambiarias que acaecieron desde el año 2016 hasta la fecha.
«A pesar de que son un sindicato de la Sanidad, esta gente es crápula y nos quiere dejar en la calle. El lunes quisieron irrumpir en la propiedad a la fuerza y no lo lograron porque tuvimos el apoyo de toda la gente que vino. Pudiendo esperar 45 días antes de las fiestas para que nosotros pudiéramos tener una respuesta del Instituto de la Vivienda y así escriturar, ellos dijeron que no porque tienen muchos intereses económicos: se ve que quieren la propiedad para venderla o vaya a saber qué», denunció Soledad Cabral, vecina del edificio y referente de la CTEP, en diálogo con El Grito del Sur. Luego agregó: «Hubo muchas intenciones de nuestra parte de tener una negociación con el sindicato, pero ellos nunca quisieron. De hecho, me quisieron coimear con 200 mil pesos para que me vaya. No lo hice ni lo voy a hacer».
Los vecinos afectados apuntan contra Héctor Daer y Carlos West Ocampo -jefes de Sanidad- por su «voluntad represiva» y explican que están dispuestos a negociar una salida pacífica de la propiedad en caso de que el IVC cumpla la ley y les asigne la posibilidad de escriturar. Guillermo Cabral, padre de Soledad y residente en el lugar desde hace más de 30 años, explica a este medio que «los anteriores dueños desaparecieron en la época de los milicos y este lugar era un basural abandonado cuando llegamos. Muchas familias que vivían debajo de la autopista se instalaron acá para tener un techo donde vivir. Toda la gente del barrio me conoce. El sindicato quiere quedarse con todo el predio, que tiene un fondo de casi 50 metros. Nosotros no nos adueñamos, pero cuando llegué acá no teníamos luz ni agua y tuve que pagar toda la deuda atrasada y reparar todo el frente del edificio. Gastamos mucho para poder vivir acá en buenas condiciones».
Ahora las once familias esperan por escrito la confirmación de los créditos del IVC y un guiño del sindicato FATSA, que en principio se comprometió a frenar el desalojo, para ganar un poco de tiempo de cara a la búsqueda de una solución habitacional conjunta.
