Otro DNU polémico

Necesidad y urgencia para beneficio de la patronal

En el ocaso de su gobierno, Mauricio Macri se despachó ayer con un nuevo DNU que flexibiliza el pago de indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo. La norma ya fue judicializada y buscarán declararla inconstitucional.

Mauricio Macri se va, pero sigue dejando tras de sí un tendal de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que afectan derechos consagrados, una constante durante todo su gobierno. Ayer fue el turno de las indemnizaciones por accidentes laborales, reducidas a casi la mitad a través del DNU 669/2019. Como si fuera una ironía, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, justificó la medida en la intención de “mitigar el impacto de los costos” de las empresas ante situaciones como la que producida hace una semana, cuando el obrero de la construcción José Bulacio murió aplastado por un andamio en la remodelación del Aeropuerto de Ezeiza, una obra a cargo nada menos que de una empresa relacionada con el “hermano del alma” del Presidente, Nicolás Caputo.

La letra de la norma modifica el cálculo de referencia que se tomaba para establecer cuánto debían pagar las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) por accidentes laborales. Hasta el decreto, se realizaba en función de la “Tasa Activa Cartera General Nominal Anual” a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que ronda el 40,63 por ciento. Ahora pasará a ser, de acuerdo al artículo primero, la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que en 2018 fue del 27,72%. Es decir, una quita de casi el 50 por ciento.

La CGT calificó la medida como parte de la reforma laboral que el Gobierno nunca pudo consensuar políticamente en el Congreso, ni tampoco fuera del ámbito legislativo. Abogados laboralistas de todas las vertientes salieron a repudiar la norma y advirtieron ayer que buscarán judicializarlo, lo que ya sucedió hoy.

El abogado Daniel Igolnikov presentó un amparo ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo pidiendo una medida cautelar hasta que se decida si el decreto es constitucional o no. El argumento es que una modificación de esa naturaleza no puede darse por decreto, sino que debe contar con el apoyo de diputados y senadores.

Según un informe de fines de 2018 de la organización Basta de Asesinatos Laborales, en la Argentina muere un trabajador cada 20 horas por desidia patronal. En punta pican los rubros de la construcción y el agro, ambos caracterizados por altos índices de informalidad, tercerización y controles laxos en seguridad e higiene por parte del Estado.

La medida beneficia no sólo a las patronales, sino también a las ART, empresas privadas encargadas de las investigaciones cuando ocurre algún accidente y que por lo general suelen proteger a quienes las contratan. “El Gobierno, después del resultado electoral adverso, no sólo esquiva el debate en el Congreso, sino que se propone legislar por DNU”, disparó el diputado nacional Facundo Moyano. Esta medida llega en medio de los rumores de unificación en la CGT y cuando se debate de qué forma encarará un hipotético gobierno de Alberto Fernández la flexibilización de las condiciones de trabajo que le exigen las empresas en el marco del acuerdo social que impulsa el Frente de Todes.